La decisión del Gobierno de la Nación de llevar a efecto las obras de exhumación del General Franco supone una clara y muy grave transgresión del Estado de Derecho.

Pese a que se silencie, o se manipule groseramente a pura conveniencia política, la existencia del Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Madrid suspendiendo la ejecución del acto que dispone la ejecución de tales obras impide jurídicamente que las mismas se lleven a efecto hasta tanto dicha medida sea dejada sin efecto por el propio titular del referido Juzgado o sea revocada en vía de recurso por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, órgano al que le corresponde conocer del recurso de apelación que eventualmente pudiera haberse interpuesto frente al citado Auto.

Frente a la manipulación operada, y proclamada consensuadamente por los medios de comunicación, este Auto judicial al que nos referimos no ha sido afectado, ni ha podido jurídicamente serlo, por las diversas resoluciones pronunciadas por el Tribunal Supremo, y ello por diversas razones:

En primer lugar, porque el Auto judicial ha sido dictado en un procedimiento donde se están ventilado cuestiones jurídicas -las concernientes a la legalidad de la decisión municipal habilitante para la ejecución de las obras- que, de una parte, corresponden a la competencia de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, y, de otra parte, e independientemente de lo anterior, porque dichas cuestiones no le han sido planteadas al Tribunal Supremo, que queda constreñido en sus resoluciones a las cuestiones que en el debate procesal han introducido las partes, sin poder excederse de las mismas.

En segundo lugar, porque el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Madrid, que goza de la independencia que le otorgan -como a todo órgano judicial- los artículos 117 de la Constitución y 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no puede ser desautorizado en sus resoluciones, ni por el Tribunal Supremo, ni por ningún otro órgano judicial, sin perjuicio de que tales resoluciones, eso sí, puedan ser impugnadas a través de los recursos legalmente previstos en la Ley, y revocadas o anuladas si el Tribunal superior que ha de conocer de tales recursos estima que las mismas incurren en infracción del Ordenamiento Jurídico.

En tercer lugar, y relacionado con lo anterior, porque aún en el supuesto de que el Tribunal Supremo estimase que el Juzgado de lo Contencioso no es competente para conocer respecto de las decisiones municipales adoptadas en relación con las obras de exhumación, y que dicha competencia corresponde al propio Tribunal Supremo -lo que no es el caso-, tampoco podría desautorizar al Juez en una de sus resoluciones, sino que tendría que seguir el procedimiento que a tal efecto impone el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial al regular las denominadas “cuestiones de competencia”, siguiendo el correspondiente procedimiento, con el trámite, entre otros de audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal por plazo de diez días.

Y, en cuarto y último lugar, porque el Auto de suspensión del Juzgado de lo Contencioso-Admiministrativo produce los propios efectos de toda resolución judicial, que es exactamente la misma que la de las resoluciones del Tribunal Supremo; esto es, la de obligar a todos, y por supuesto también al Gobierno, a respetarla, conforme impone el artículo 118 de la Constitución.

La conclusión es clara, y no admite duda alguna en términos jurídicos, mientras el tan referido Auto judicial de suspensión mantenga su vigencia, el Gobierno no puede -ni por ello debe-, realizar obra alguna tendente a la exhumación de los restos del General Franco.

Junto a este argumento, existe otro de no menor transcendencia jurídica. Tanto el Tribunal Constitucional, como el Tribunal Supremo -y, por supuesto, también los Tribunales Superiores de Justicia-, han manifestado que el derecho a la tutela cautelar resultante de una petición en tal sentido forma parte integrante el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que proclama el artículo 24 de la Constitución. Es por ello que en dichos pronunciamientos -reiteradísimos-, se viene sosteniendo que una vez solicitada la medida cautelar, la Administración no puede llevar a sus últimos efectos la ejecutividad del acto recurrido y cuya suspensión se ha sometido a la consideración del correspondiente órgano, debiendo esperar hasta que dicho órgano se pronunciase acerca de la medida cautelar que le ha sido solicitada.

Así pues, si la familia del General Franco ha formulado ya recurso de amparo, con solicitud de medida cautelarísima de suspensión, el Gobierno -y éste más aún que cualquier otro, dando con ello ejemplo, por la posición institucional que ocupa entre los órganos del Estado- queda obligado, en virtud de la referida doctrina, constitucional y jurisprudencial, a esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre tal medida cautelar.

Por último, no puede pasarse tampoco por alto el anuncio por parte del Grupo político de VOX en la Asamblea de Madrid de la proposición presentada a dicha Asamblea, por estimar que se ha producido por parte del Gobierno una extralimitación al invadirse con su actuación competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma de Madrid.

Y es que el Real Decreto-Ley 10/2018 justifica algunas de las medidas legislativas que adopta en la atribución que al Estado le otorga el artículo 149.1 de la Constitución para dictar legislación básica. Así, se alude en la Disposición Final primera al artículo 149.1.16ª (bases y coordinación general de la sanidad), y 149.1.18ª (bases del régimen jurídico de las Administración Públicas y procedimiento administrativo común).

Las denominadas “leyes básicas” se configuran específicamente por su contenido material, en cuanto que con ellas se establecen los criterios y normas generales de regulación de una materia, que debe ser unitaria y común para todo el territorio del Estado. Se trata de asegurar, así, como dice el Tribunal Constitucional «un común denominador normativo, a partir del cual pueda cada Comunidad Autónoma, en defensa de su propio interés, introducir las peculiaridades que estime convenientes dentro del marco competencial que en la materia en cuestión le ha sido asignada por la Constitución y su propio Estatuto (STC 227/1988, de 29 de diciembre, y STC 132/1989, de 18 de julio, que se refiere a la exigencia de «garantizar el mínimo común uniforme del sistema»).

En esta línea jurisprudencial, el concepto de bases, que engloba los principios generales que informan y ordenan una determinada materia, es decir, el denominador común de la misma que ha de estar vigente en todo el territorio nacional, no puede cercenar las competencias de las Comunidades Autónomas, no pudiendo el Estado agotar la regulación de la materia y debiendo dejar un margen normativo propio a la Comunidad Autónoma (SSTC 1/1982, 69/1988, 102/1995, 197/1996, 123/2000, 188/2001, 126/2002, 1/2003…). Es decir, se trata de establecer que la normativa básica estatal no se traduzca en leyes “autosuficientes” y “omnicomprensivas”, limitándose a contener los principios básicos que regulen cada ámbito material concreto, sin descender nunca a regulaciones de detalle.

Pues bien, la regulación que establece el Real Decreto-Ley 10/2018, en lo que se refiere a sanidad mortuoria, y al procedimiento que arbitra para llevar a efecto la exhumación, ni responde a la exigencia constitucional de establecer un común denominador de la regulación de la materia en todo el Estado, ni tampoco deja margen normativo alguno a las Comunidades Autónomas, al agotar la materia con las medidas que establece para el caso singular y específico que contempla.

Parece por ello que el Gobierno del Estado se ha extralimitado en este punto, incurriendo en arbitrariedad, al ampararse en unos títulos competenciales que le son atribuidos por la Constitución para una finalidad muy distinta.

De igual modo, y junto a estos planteamientos competenciales de carácter general, parece claro también que el procedimiento de exhumación de un cadáver excede del ámbito propio reservado a las “bases y coordinación de la sanidad” (art. 149.1. 16ª de la Constitución), por lo que también por este motivo el Estado está invadiendo una competencia que corresponde a la Comunidad Autónoma de Madrid, que tiene regulado dicho procedimiento, con indicación de las personas legitimadas para instarlo, exigiendo la solicitud de algún familiar (art. 26.4 del Decreto 124/1997, de 9 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Sanidad Mortuoria de la Comunidad de Madrid).

En definitiva, utilizando una castiza expresión, por mucho que la mona se vista de seda, mona se queda; o lo que es lo mismo, por mucho que las portavoces del Consejo de Ministros y los medios de comunicación pretendan pregonar -para revestirlos- la legalidad de la actuación gubernamental en estos actos de exhumación del General Franco, los mismos comportan una grave transgresión de nuestro Ordenamiento Jurídico.