Conversación cierta y verdadera, ocurrida en una parada de autobús de Sevilla entre dos conocidas del barrio que hace meses que no se ven:

-Hola, ¡cuánto tiempo!

-¡Ya ves, aquí estamos!

-¿Cómo estás?

-Regular, hija, regular

-¿Y eso, qué te pasa?

-Pasa que me he separado.

-Vaya por Dios, y eso cómo ha sido, hija, ¿llevabais mucho tiempo casados?

-Después de cuarenta años de matrimonio, resulta que mi marido se ha ido con otra doce años más joven que yo. Ahí voy al Instituto de la Mujer, allí me están dando un curso; estoy a la espera de una paga por maltrato, veo a una asistenta social y a una psicóloga que me tratan, porque todas me han dicho que yo soy una mujer maltratada.

-Bueno, ¿pero ha sido una separación, no?

-Sí, eso, ha sido una separación, pero yo soy una mujer maltratada.

He aquí un nuevo criterio para dar cursos en Chiringuitos de Género y con el que comprobar si los criterios de maltrato que emplea el Instituto de la Mujer son homologables. Lo que además se constata en este curioso caso es que el negocio del maltrato da trabajo a una serie interminable de peritas de género: psicólogas de género, abogadas de género, asistentas sociales de género y un largo etcétera. A la cabeza de cuyo entramado empresarial están las altas cargas de género del Estado, léase Calvos, Teresas, Bibianas, Carmonas, etc.

Y es que, en palabras de A. V., un silenciado por este régimen de inquisidoras con mando en plaza y presidentes del gobierno acoquinados, uno de los tantos que silencian su nombre por temor a represalias en su trabajo, que en este caso es de relevancia pública y mediática, «la industria de género se ha convertido en una de las principales industrias del país, como la industria penitenciaria lo fue en la Unión Soviética de los años treinta. Dentro de unos decenios, con algo de perspectiva histórica, podrá no producir similar espanto, pero sí una sorpresa parecida. ¿Cómo fue posible?».

El nacionalfeminismo español va camino de haber hecho polvo a tres generaciones, la nuestra, la de nuestros hijos y ahora comienzan a poner las bases para construirle un mundo de género a nuestros nietos desde el Pacto de Estado (2017) y en su misma escuela pública.

Esto de que cualquiera dicte la condición de mujer maltratada es posible porque mantienen a los jueces y magistrados en un segundo plano, cuando sólo un juez tiene capacidad y autoridad legal y moral para decretar que una mujer es maltratada, no una agradecida al régimen colocada en un Instituto de la Mujer o una asistenta social de un Ayuntamiento.

 

Restaurar la Justicia en España pasa por devolver a jueces y magistrados la función de discernir, delimitar y concretar el maltrato que haya podido recibir una mujer, un hombre o cualquier persona. Montar una justicia paralela, una Justicia de Género con Juzgados de Género, una jurisprudencia de Género y jueces formados en Género –léase deformados–, eso sólo sirve a la instauración de una Dictadura de Género por un Directorio de brujas y un asalto al Poder Judicial desde el Poder Ejecutivo, porque nunca una industria en nombre del feminismo sirvió al feminismo, sino que se sirve de él.

La Justicia no tiene Género, bonita, y si lo tiene, entonces tiene tres: el masculino, el femenino y cualquier otro más, que aquí también se respeta a todo el mundo.

 

José R. Barrios