La jueza Mercedes Alaya fue apartada de la investigación por petición de la fiscalía anticorrupciónPuede decirse que fue la propia Fiscalía la que boicoteó la instrucción de Alaya, presentando hasta cinco recursos para alejarla del caso 

El pasado lunes 7 de octubre, el Consejo de Ministros de la Unión Europea celebrado en Luxemburgo, aprobó la “Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión”, más conocida como de protección a los alertadores o denunciantes de corrupción.

Esta Directiva es consecuencia, en primer lugar, del interés especial por parte de la Unión Europea en abordar la necesidad de reforzar la lucha contra la corrupción en el seno de la Unión Europea y, en segundo lugar, de la lucha titánica y encarnizada que los diferentes denunciantes de infracciones y violaciones del Derecho de la Unión, vienen llevando a cabo desde hace años. Tiempo en el que además, se han tenido que enfrentar en muchos casos, con represalias y venganzas de aquellos a los que estaban denunciando, normalmente oficiales públicos o asimilados, con mucho más poder que ellos y que, al encontrarse descubiertos y denunciados, ponían en marcha todo tipo de acciones destinadas a conseguir quedar impunes. Aunque en el intento las vidas profesionales, personales y familiares de los denunciantes quedaran destruidas.

En Europa, sólo 10 países de 28 ofrecen una protección jurídica completa a los denunciantes: Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Países Bajos, Eslovaquia, Suecia y Reino Unido.  En los países escandinavos la protección del denunciante es una cuestión básica desde hace años. En Italia aprobaron una Ley Integral contra la Corrupción en 2012 y crearon la Autoridad Nacional de Lucha contra la Corrupción. Sólo estos países de la Unión ofrecían una cobertura a aquellos ciudadanos que decidían dar un paso adelante, salir de su zona de comodidad personal y poner de relieve y denunciar  a funcionarios, empresarios y organizaciones o empleados que estaban, con sus actuaciones violando la Ley.

España incorporó a su ordenamiento jurídico en 2006 la Convención de Naciones Unidas sobre la corrupción de 2003, sin embargo, la realidad es que aquello no se concretó en medidas que pudieran proteger a denunciantes, ni tampoco se creó un estatuto de indemnidad para aquellos que hubieran participado en procesos de corrupción y estuvieran dispuestos a denunciar los hechos.

A la vista de todo lo anterior, tanto el Parlamento Europeo, como la Comisión Europa pusieron en marchas los mecanismos necesarios para que, en el ámbito de la Unión Europea, aquellos ciudadanos que denunciaran infracciones del derecho de la Unión, quedaran protegidas. Cristalizó en la Directiva que fue aprobada el pasado Lunes (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0218)

 

 

¿Quién es Roberto Macías, para las personas que aún no le conozcan?

Pues nací en Zapotlán, Jalisco, México, hace 39 años.  Crecí en un país asolado por la corrupción, generada y auspiciada por el régimen PRIÍSTA. El país tiene un gravísimo problema para atajar y combatir la corrupción, las instituciones han sucumbido al poder de los corruptos y del narco. Sin dudarlo, me atrevo a calificar que desde la presidencia de la República se han protegido a los principales corruptos y sinvergüenzas del país.  Los gobiernos emanados del PRI y PAN, han provocado un terrible daño a la nación, han estado a punto de provocar un estallido social. Por ejemplo, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, la corrupción campo a sus anchas y la violencia se extendió por todo el país, más de 121 mil muertes violentas  durante su sexenio. El territorio nacional se tiño de sangre, dolor y muerte. Espero que pronto haya un juicio político contra Peña Nieto, por haber cometido un delito grave de traición a la patria. Pues la corrupción pone en grave riesgo la seguridad y el progreso de una nación.

Siento vergüenza que México se le reconozca como la capital mundial de la “mordida”.  Pero, todo este sistema tan arraigado, ha sido aceptado socialmente. Incluso hay un dicho popular que dice: “El que no tranza (roba), no avanza”.  Así que nos falta combatir esa cultura e ideología de la corrupción, por una cultura de la transparencia, rendición de cuentas y del respeto a la legalidad.

 

¿Cuándo empezó a trabajar a la Unión General de Trabajadores de Andalucía?

Entré a trabajar en el año 2006,  creo que en mayo,  comencé a trabajar al lado de Federico Fresneda, responsable de Administración y Recursos Humanos de UGT.  Uno de los hombres con más poder dentro del sindicato en Andalucía.  En esos años,  el sindicato gestionaba millonarias subvenciones provenientes de fondos a la formación.  Eran tiempos de bonanza y gloría en el sindicato, eso sí,  auspiciado con dinero público. No tengo un buen recuerdo de esa etapa, pues pude apreciar que las formas y modos de algunos dirigentes del sindicato eran peores que los de un capataz de campo.  Yo considero que llegué a recibir tratos humillantes, incluso  necesité de ayuda médica y psicológica.  El clima laboral en el área de administración era nocivo y tóxico. Aunque debo de reconocer que mi situación mejoró cuando me incorporé al departamento de compras como administrativo.

¿Y qué paso entonces?

Pues nada más aterrizar en compras, pude apreciar que, había unas hojas de Excel, que contenían unas cuentas con los proveedores de confianza del sindicato. Proveedores que algunos mantenían una relación muy antigua, creo que desde el año 1986.  Se trataban de proveedores históricos, que cuando llegue a ese departamento ya prestaban sus servicios al sindicato.  Con estos libros de Excel se llevaba una realidad contable paralela. Se utilizaban para controlar las facturas presuntamente fraudulentas y falsas, con los servicios realmente prestados o adquiridos con estos proveedores.  Era tal el volumen de facturación ficticia, que estos Excel empezaban a dar problemas por las fórmulas que se empleaban.  Al respecto, decir que la propia Fiscalía Anticorrupción considera que fue con la creación de la central de compras, cuando se puso de marcha este sistema fraudulento y se fue perfeccionando con el paso del tiempo. Yo creo que este sistema es más antiguo de lo que parece, y creo que por las informaciones que he recibido, podría datarse sobre el año 1986.

¿Vio algo más?

Esos proveedores de confianza, también pagaban una especie de «mordida» para poder trabajar con el sindicato. Lo más sorprendente de todo esto, es que la cúpula del sindicato pidió tener un programa de gestión específicamente diseñado para  la “gestión del rappel” de los proveedores.  Era uno de los mecanismos que se investiga en el juzgado de instrucción Nº 9 de Sevilla. Yo califico estos mecanismos como la ingeniería perfecta del fraude.  Esto nos dice mucho de la sensación de impunidad que existía en el sindicato. Se creían intocables por la justicia. Y, puede ser que en el fondo sus apreciaciones fueran correctas, por qué la Junta tardó más de un año en abrir una investigación y el caso de UGT era una especie de «patata caliente» también desde el punto de vista judicial,  ya  que ningún juzgado en Sevilla quería asumir la investigación,  hasta que terminó el caso en el Juzgado de Doña Mercedes Alaya.

 

¿Por qué Alaya no siguió investigando a la UGT?

La jueza Mercedes Alaya fue apartada de la investigación por petición de la fiscalía anticorrupciónPuede decirse que fue la propia Fiscalía la que boicoteó la instrucción de Alaya, presentando hasta cinco recursos para alejarla del caso. Desde mi punto de vista, tras el apartamiento de Alaya, la instrucción perdió totalmente la fuerza y entró en una fase de gran letargo. Tengo la impresión que desde muy  “arriba” del sistema, conspiraron para impedir a la magistrada Mercedes Alaya, investigar este caso de corrupción.  La Fiscalía Anticorrupción se apoyó en dos argumentos principales. En primer lugar, la «ausencia de conexidad» de todas las diligencias abiertas en torno a UGT y que fueron remitidas por distintos juzgados a Alaya. Y en segundo término, la preferencia a la hora del reparto del juzgado que abrió primero diligencias. Esto es, el de instrucción número 9, el que a la postre acabó asumiendo las riendas de la investigación.  Esta maniobra de la Fiscalía siempre ha despertado mis sospechas que los fiscales sirven a los poderosos y no se mueven si no reciben la orden.

 

¿Qué novedades hay en este momento en la investigación sobre UGT?

Yo destacaría dos novedades, la primera es que el perito que se designó por parte del juzgado, después de dos años de estudio de la documentación contable y justificativa del sindicato, presentó sus conclusiones que cifran en 41,7 millones de euros las cantidades presuntamente desviadas por la organización.  En segundo lugar,  una novedad negativa es que, la Fiscalía haya solicitado el archivo en el caso de Manuel Pastrana, líder histórico del sindicato en Andalucía. La misma Fiscalía que lo ubica como una posible cabeza de la trama, ahora pide su archivo al entender que por cuestiones  de salud no puede comparecer. Fíjate lo kafkiano y absurdo de la situación, en mi caso es la fiscalía la que solicita la pena de 3 años de prisión por un presunto delito de revelación de secretos y daños al sindicato, valorados en 60.000 mil euros, por ser un testigo y alertador de corrupción. Este sistema judicial está diseñado para atrapar y castigar a los “robagallinas”, mientras que los corruptos se van de rositas.

 

¿Cuál es su papel en todo esto?

Según algunos medios de información, mi testimonio es clave para lograr la imputación de la antigua cúpula del sindicato hermano del PSOE en Andalucía.  El fiscal anticorrupción, me cita en el auto de imputación de los líderes históricos del sindicato como Manuel Pastrana y Fernández Sevilla, por su participación directa en las actividades investigadas. Para el sindicato, que me acusa de filtrar la información a los principales medios de comunicación, no soy más que un deleznable “chivato”, que merezco recibir la más dura y enérgicas de las condenas. Creo que si estuviera en sus manos, ya hubieran hasta solicitado mi deportación.  Pero afortunadamente, la nueva directiva europea de protección a denunciantes, abre nuevos escenarios para las personas que somos perseguidas, acosadas y torturadas por alertar casos de corrupción en España.

 

¿Cuándo se te juzga y qué pides?

El próximo 28 de noviembre a las 9.30 horas seré juzgado en el penal N.15 de Sevilla, creo que es la “crónica de una muerte anunciada”, pues he dejado de creer en la independencia del poder judicial. Así que sé que entro para ser condenado por este sistema decadente y corrupto, por haber cometido el gravísimo delito de ser un trabajador honesto y transparente, que testifico que una influyente organización sindical, presuntamente desviaba millonarios recursos para otros fines. ¿Qué pido? Pues la verdad que me gustaría poder vivir en paz con mis hijos y volver a empezar de nuevo. Me gustaría cerrar este capítulo en mi vida, pues me ha provocado un gran dolor y sufrimiento durante más de cinco años. He sido atropellado por un sistema democrático que abandona  y condena a los ciudadanos íntegros.

Yo me veo en la necesidad de pedir ayuda para poder cubrir los gastos que se deriven por mi juicio. Lamento verme en está jodida situación, pero el gobierno de México me dio la espalda. Al verme entre las patas de los caballos acudí a la Embajada de México en España para solicitar su protección. Pero me trataron peor que a un perro,  así que tuve que presentar una demanda de amparo ante un juez en México, que fallo a mi favor, y les obligó a darme la asistencia legal y consular que venía reclamando para defenderme con un mínimo de igualdad. Pero, como siempre ocurre en estos casos, la Embajada pidió la revisión y el fallo fue esperpéntico: Hasta que no sea privado de mi libertad o detenido, no tengo derecho a ser representado en los tribunales por mí país. En la Embajada prefieren representar a narco políticos como Humberto Moreira, que nada más fue detenido en barajas por la policía nacional, la Embajada se volcó en su defensa. Una operación de Estado para salvar a una de las mayores ratas del PRI.

¿Qué piensas de todo esto?

Yo antes de esto, tenía el doble carnet del PSOE y la UGT,  pero siento vergüenza y me arrepiento profundamente de esta doble filiación.  Todavía conservo los carnets esperando la mejor ocasión para destruirlos. Creo que las cúpulas han mancillado los principios y los valores del socialismo. Los dirigentes se han encargado de denigrar y empobrecer unas siglas históricas. Ellos saben que en la calle se piensa que, son unos sinvergüenzas y chupópteros, tal y como lo manifestó en una asamblea Carmen García Jurado, ex secretaria de Acción Sindical de UGT-A y delegada del sindicato.  Sin lugar a dudas, la UGT con su persecución y acoso judicial en mi contra, está escribiendo una de las mayores infamias en la historia del sindicalismo moderno.

¿Algo más que añadir?

Darle las gracias a mis abogados Rogelio Vargas y Francisco Sánchez de la Asociación Mediterránea  Anticorrupción y por la Transparencia (AMAYT), por acompañarme durante este largo y tortuoso proceso. Es de justicia reconocerles su compromiso en mi lucha,  y en la de otros tantos denunciantes de corrupción en España. Sin grandes medios, ni recursos, han movido montañas para que tenga una defensa justa.

En México, darle las gracias al letrado Raúl Padilla López, que me ha defendido frente al atropello de la cancillería mexicana de negarme la asistencia legal. Es un brillante profesional que defendió con ahínco mi caso ante el gobierno de México.

Por último, reprobar la actuación de la Embajada de México y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que en lugar de preocuparse por la situación de un connacional en el extranjero, lo abandonan a su suerte. Desde el punto de vista legal puede que tengan razón, pero resultan deleznables desde el punto de vista humanitario, ético y diplomático.

 

Fuente: https://www.lanuevatribuna.com/2019/10/ugt-roba-42-millones-de-euros-y-juzgan-a-quien-denuncia-roberto-macias-otra-victima-de-la-mafia-judicial-espanola/