Después de archivar dos veces la causa, los agentes de la Guardia Civil todavía podrían ser juzgados por la tragedia de 2014, en la que murieron 15 inmigrantes cuando trataban de llegar a las costas de Ceuta.

Vaya por delante mi total respeto a las decisiones judiciales, como no puede ser de otra forma, a pesar de lo que algunos políticos intentan hacernos creer, al manifestar que no acataran las decisiones judiciales que les afectan, pero no mezclemos churras con merinas.

Al parecer, después de más de cinco años y tras dos archivos de la causa, se vuelve a poner en la palestra y podrían ser juzgados los 16 agentes que en 2014 intentaron impedir la entrada ilegal de un grupo de 250 inmigrantes en nuestro país por la frontera de Tarajal, en Ceuta, y en la que fallecieron 15 de esos inmigrantes ilegales.

Y esto me hace recordar, no sólo los dos archivos anteriores en los que la Justicia y según reflejaba textualmente en los autos manifestaba “que los agentes actuaron en el ejercicio de su función de custodia y vigilancia de la frontera ante una entrada masiva protagonizada por unos 250 inmigrantes subsaharianos en la mañana del 6 de febrero de 2014”, y señalaban que "no existe ningún indicio que permita afirmar que los agentes imputados hicieron un uso inadecuado del material antidisturbios, máxime cuando no existe un protocolo que regule la utilización de dicho material en el medio acuático". Entendía la Justicia que los agentes utilizaron dicho material con "efecto disuasorio", confiando en que lograrían su objetivo de "detener el avance" de los inmigrantes de llegar a las costas españolas, y según dichos autos, “los agentes pueden utilizar el material siempre ajustado a los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad. La mera utilización de dicho material no puede ser calificada como imprudente", añadían que “los inmigrantes “no eran personas en peligro en el mar" que precisasen ayuda en el sentido referido en el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar” y por último recalcaban el hecho de “Los inmigrantes asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español por el mar a nado, en avalancha, aprovechando la noche, vistiendo gran cantidad de ropa y haciendo caso omiso a las actuaciones disuasorias tanto de las fuerzas marroquíes como de la Guardia Civil",

Recordemos también quien estaba entonces y sigue hoy tras estas denuncias contra los guardias civiles que protegen nuestras fronteras, entre otras la ONG Coordinadora de Barrios que llegó a recibir 24.500 dólares, según informaron distintos medios de comunicación, haciéndose eco una serie de filtraciones publicadas por DCLeaks.com, de los documentos del magnate húngaro George Soros, para que recopilara información contra los 16 guardias civiles a los que se acusó de la muerte de 15 inmigrantes en las aguas de Ceuta, a pesar del criterio de la Justicia.

Las ayudas interesadas a estas ONGs hizo que se presentasen informes que el tribunal que los recibió considero falsos, informes realizados únicamente para tratar de demostrar que la Guardia Civil se había excedido, uno de esos informes que firmaban supuestas víctimas de aquel suceso y supuestos profesionales médicos, que nunca se pudo demostrar que lo fuesen, fue rechazado, el mismo informe, sin ningún cambio volvió a ser presentado un año después como prueba para criminalizar a los guardias civiles, aunque esta vez firmado por un nuevo “profesional”, Luis Felipe Callado, cercano a la izquierda abertzale, que sin haber asistido de forma presencial a los reconocimientos o a las autopsias y con la única ayuda de un informe no aceptado por el Juzgado, por las dudas que planteaba el mismo, firmó el mismo declarando que las autopsias estaban incompletas, repito sin haber estado presente.

A pesar de ello, la magistrada ante la que se presentaron estos informes y en su auto sostenía que no encontraba delito en la actuación de los agentes ni tampoco prevaricación en la decisión de devolver sobre la marcha a Marruecos a 23 inmigrantes que sí consiguieron alcanzar la playa ceutí aquella mañana.

Habría que recordar también que el uso de material antidisturbios en la frontera de Ceuta y Melilla fue ordenado por el Ministro de Interior Pérez Rubalcaba, y que para ello se facilitó a quienes custodiaban dichas fronteras el citado material y que los guardias civiles actuaron acogiéndose en todo momento a los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad.

El propio juzgado recordaba en uno de los autos que las actuaciones de la Guardia Civil en la frontera “siguen el criterio adoptado al respecto por la Dirección General de la Guardia Civil y por los diferentes Gobiernos que han pisado la Moncloa, y no hay más, pero además como conclusión afirma ese mismo auto que "...las resoluciones analizadas se integran en la política estatal de inmigración mantenida durante años en la frontera Sur-Ceuta-Melilla".

Decía Winston Churchill que “La nación que no honra a sus héroes, pronto no tendrá héroes para honrar", y los guardias civiles demuestran cada día que lo son, aunque aquí, no es que no les honremos, es que intentan criminalizarlos mientras callamos.

Los agentes a los que encomendamos la vigilancia y la protección de nuestras fronteras, hoy siguen estando solos ante los intereses espurios de supuestas ONGs y de no tan supuestas mafias, en muchas ocasiones siendo los mismos, sin la esperanza de quien ordena que nos defienda y que tiene la obligación de defenderles por realizar el trabajo que le han encomendado, lo haga.

El Ministro de Interior anda preocupado por nuestras fronteras, que no por nuestros guardias, por lo que no esperamos oir del señor Marlaska, al menos una palabra de aliento, al menos eso.

No olvidemos quienes están detrás de estas acusaciones, no olvidemos quienes son los buenos y quiénes son los malos, en este caso y en todos en los que se pretende criminalizar a la Guardia Civil por hacer su trabajo, yo no lo hago, ¿Y tú?

Antonio Mancera Cárdenas

Guardia Civil Retirado por accidente en acto de servicio