Estimado e Ilustrísimo Juez Ruano,
 
Le adjunto una  segunda carta abierta, a la que estoy dando desde ya la máxima difusión, con especial intensidad en el área coruñesa/gallega, en el ejercicio de mi Libertad de Expresión.
 
Por los Derechos de mis Hijos, ruego que quien la lea le dé la máxima difusión posible. Se lo agradecerán mis Hijos, que tienen sed de Justicia, y se lo agradecerá el Estado de Derecho que, en mi asunto, ha estado puesto muy en entredicho. A lo que narro en esta segunda carta me remito.
 
También si usted que ha recibido la carta y lo ha hecho por error, puede proceder a borrar este email sin más, le ruego me disculpe. El nivel de ansiedad y estrés al que me han llevado las negligencias judiciales y policiales es máximo.
 
En definitiva Señoría: por mis Hijos, con la Palabra y desde el Amor, TODO. Hace justo un año que no puedo ni siquiera hablar con mis hijos, es algo que no le deseo a nadie: unos niños huérfanos de un padre vivo. Triste aniversario se cumple para mis hijos, y a nadie se le cae la cara de vergüenza...
 
 

Desde un país de la Unión Europea que no es España, martes 24 septiembre 2019

Estimado e Ilustrísimo Juez Titular del Juzgado Penal nº6 de La Coruña D. Francisco José Ruano Hernández:

Le escribo una segunda carta en respuesta a lo que Usted ha escrito en Auto el 12 de septiembre de 2019 desde el Juzgado Penal 6 de Coruña. En este escrito Usted dice, textualmente, en el Apartado Tercero de los Fundamentos de Derecho que: "el acusado comunica en virtud de escrito presentado en fecha 6 de septiembre de 2019, en el que desde un lugar "indeterminado" "he procedido a marcharme al exilio", no encontrándose por tanto a disposición de este Juzgado con los perjuicios que ello conlleva".

Por estas palabras que Usted ha escrito en un Auto Oficial, me veo en la obligación de responderle.

En primer lugar me llama poderosamente la atención que de los 17 folios que le escribí, usted escoja esas siete palabras únicamente. Las coloca además como usted quiere, cortándolas de las extensas frases donde se ubicaban, para construir un párrafo que le encaje a Usted con su realidad, con su relato. Dicho desde el respeto, es Usted tozudo. Pero yo más. Y aunque Usted mire hacia otro lado en todas las irregularidades a las que me refiero en la primera carta que le envío (por cierto publicada por "El Correo de Madrid" y leída por miles de personas), yo voy a seguir insistiendo en dichas irregularidades hasta encontrar una Institución o Tribunal (español o europeo) que me escuche. Y hasta que Usted sea inhabilitado, que es lo que merece.

Porque a todas las irregularidades que ya citaba, tenemos que sumar al menos una más proveniente de su último Auto de 12 de septiembre de 2019. Le agradezco, sí, que lea usted mi carta. Así sé que está Usted advertido de la deriva que puede y está tomando todo este asunto.

Pero lo que llama poderosamente la atención es que Usted, Juez Ruano, dé por presentado oficialmente un correo electrónico. Una vez más, supuestamente, se salta Usted la legalidad establecida y el protocolo de presentación de escritos vía Lexnet.

Resulta que Usted me da por presentado un email que no ha sido presentado como establece el Consejo General del Poder Judicial. Y lo que es más, no preciso de abogado ni procurador para presentar escritos...

Pues muchísimas gracias señor Juez Ruano, porque a partir de ahora me abre Usted una vía innovadora por la que Usted me dará por presentados escritos y, entiendo que también, pruebas. Pruebas que aunque Usted ya las tenga, quizá no le venga mal a Usted (y a mucha más gente) recibirlas para que se vea, poco a poco, que todo lo que dije en mi primera carta lo dije porque tengo las pruebas. Más adelante en esta misma carta me referiré para empezar (guardando siempre el anonimato de las personas que aparecen en los documentos) al traslado fraudulento, y de cómo mi hijo H.P.T. fue usado a su tierna edad de 3 años, como instrumento para que su madre pudiera beneficiarse de un traslado laboral desde Madrid hasta Coruña. Pero antes, le referiré más de mi situación. Mire Señor Juez Ruano. Como ve, no me voy a esconder y voy a dar la cara siempre. Cada dos o tres semanas va a llegar una nueva carta, cada vez con más pruebas. Es cierto que sería injusto focalizar todas las negligencias del proceso en su persona. Por ello, aunque haya comenzado por Usted, indicarle que próximamente serán destinatarios de mis cartas la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM Coruña), el Ilustrísimo Juez Filgueira Bouzas, la Fiscal Rosa Serrano, la Ilustrísima Juez Paloma Míguez y los abogados de Coruña Elena Talín e Ignacio Bermúdez de Castro.

Como le decía en el encabezamiento de esta carta, me encuentro en un país de la Unión Europea. En el mismísimo corazón de ella. Aquí quiero comunicarle que mi status es el de Refugiado. Me he dirigido oficialmente y por escrito (no vía email) a las Autoridades de un Gobierno de la Unión Europea. Por escrito he solicitado Protección Internacional/Asilo. Por tanto, desde ese momento, soy solicitante de Asilo y por ello se me aplica el Protocolo de Dublín de 1980, que seguramente Usted conocerá de sobra. En dicho Protocolo tengo ciertos derechos y ciertas obligaciones. Entre los derechos tengo el Derecho de no ser devuelto al país que me reclame (que por cierto, Usted todavía no me ha reclamado) hasta que no sea resuelta mi Solicitud de Protección Internacional. Una solicitud que puede tardar años en resolverse, un tiempo que utilizaré para seguir luchando con la Palabra, la no Violencia y la defensa de mis Derechos Humanos por la Infancia de mis hijos y contra un proceso lleno de irregularidades.

Para ello contaré con el apoyo de Asociaciones por la Defensa de los Derechos Humanos aquí en Europa. Está claro que sus tejemanejes (los suyos y los de otros estamentos) en el área coruñesa, aquí tienen poco qué hacer. Y menos en la Corte Europea de los Derechos Humanos de Estrasburgo, a la cual me dirigiré cuando sea oportuno. Decirle, de todos modos, que confío plenamente en el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional españoles, donde cómo Usted bien sabe tengo varios recursos pendientes de resolución. Y que si Usted en diciembre de 2018 decía que lo justo era esperar a que resolvieran dichos tribunales, en julio de 2019 da Usted un giro de 180º y decide arbitrariamente que no va a esperar a lo que resuelvan Supremo y/o Constitucional, de los cuáles predice lo que supuestamente ellos van a decir. Y dinamita en un par de escritos el Estado de Derecho, la Constitución y los Derechos Humanos. Dejando Usted sin efectividad el artículo 123.1 de la Constitución Española, donde se habla de la jurisdicción del Tribunal Supremo. Pues mire, ante todo eso, sigo las enseñanzas del Premio Nobel de la Paz, Gandhi: "Ante una resolución judicial injusta, lo correcto es la Desobediencia Civil". Y aquí me hallo, Señoría.

Como Usted bien, sabe existe desde 1948 una Carta de los Derechos Humanos, con 30 artículos, que fue aprobada en sesión de Naciones Unidas presidida por una mujer, Eleanor Roosevelt. Además de dicha Carta, se realizó un Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1966, que entró en vigor en 1976. España es Estado firmante de ese Pacto y por tanto todos los representantes del Estado (por supuesto Usted, Juez Ruano, incluido) tienen/tenemos la obligación de cumplirlo. Y en mi proceso Usted es bien conocedor que se han violado varios de mis Derechos recogidos en dicho Pacto.

Por ejemplo, el artículo 7, en el que dice que "Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes". Como Usted sabe, en abril de 2018, el Juzgado Penal 6 de Coruña me puso una pulsera telemática, con la cual se me torturó y se me dio un trato degradante: no solo a mi sino a mi familia y a mi pareja. Que la pulsera, por fallos técnicos, nos despertará varias veces en la madrugada no se puede calificar de otra cosa que de tortura: pues hasta el reo en prisión tiene derecho al descanso.

Estas pulseras, con tecnología 3G del 2009, estaban y están completamente obsoletas y desactualizadas. Ustedes (varias agentes de la UFAM y Usted) lo sabían cuando me lo pusieron. Y no solo ustedes. El Fiscal Jefe Izaguirre de la Audiencia Provincial de Álava afirmó en una entrevista en el programa “Hoy por hoy” de la Cadena Ser, el 9 de septiembre de 2015, lo siguiente: “Estos dispositivos electrónicos no son útiles. Tienen ya años y no sirven, dan más problemas que los que solucionan y son las propias víctimas las que piden que se les retiren porque no les solucionan nada”.

Pero también desde las Asociaciones Feministas se criticaban las pulseras telemáticas y su eficiencia. La propia Marisa Soleto, que era directora de la Fundación Mujeres allá por marzo del 2016, decía sobre las Pulseras Telemáticas:

“Aunque son un suplemento de seguridad, nunca han sido muy apreciados. Los brazaletes han tenido problemas desde su implementación. Durante los primeros años había problemas tecnológicos, no geolocalizaban bien, producían muchas incidencias”.

En la misma línea se expresaba en marzo del 2016 la vocal del Consejo General del Poder Judicial, Doña Ángeles Carmona, que decía “se utiliza muy bien en las grandes ciudades, en las poblaciones pequeñas no se suele usar porque si el término municipal es pequeño saltan las alarmas”. Usted bien sabe Señoría que el término municipal de La Coruña es uno de los más pequeños de España, con la particularidad de tener una zona muy estrecha, a modo de itsmo, que comunica el centro de la ciudad con las afueras: Usted y la UFAM hicieron para mí imposible moverme y acceder al centro de la ciudad de Coruña.

Y siguiendo con los testimonios sobre las pulseras, Doña Teresa Peramato, fiscal adscrita a la Sala de Violencia contra la Mujer en marzo del 2016, añadía: “los fiscales y los jueces no piden el dispositivo cuando la medida cautelar o pena es inferior a 500 metros”. Curioso, porque bien sabe Juez Ruano, que mi orden de alejamiento era de 300 metros. (Estas últimas tres declaraciones quedaron recogidas en el diario Abc el 16 de marzo de 2016).

Pero es que no solo lo decían asociaciones y jueces que no era una medida efectiva y que estaba dando muchos problemas. También el Gobierno de España, que en Consejo de Ministros del 8 de septiembre de 2017, autorizó la Contratación del Servicio Integral de las Pulseras Telemáticas, con un coste estimado por seis años de 27,45 millones de euros. Según recoge la Nota del Consejo de Ministros: “El objetivo de este contrato es mejorar y dar continuidad a este servicio, con tecnologías más modernas”. Esto fue en el 2017, por cierto un Concurso que quedó desierto. Las pulseras telemáticas que ustedes me pusieron en 2018 eran éstas que el Consejo de Ministros quería cambiar y que no pudo porque, increíblemente, ninguna empresa privada de este país se presentó a dicho concurso. Poco o nulo compromiso por parte del sector privado con el tema tan delicado de proteger a las mujeres víctimas (o supuestas víctimas) de Violencia de Género.

Pues mire, a mí se me dio un trato degradante e inhumano, se me torturó con una de esas pulseras durante siete meses. En carta a la UFAM Coruña ya daré más detalles escalofriantes. Pero es que, una vez retirada la pulsera telemática, siguieron con la tortura. El día que me retiraron la pulsera telmática, al Call Center de Securitas Direct en Pozuelo seguían llegando avisos de que estaba alejado de la pulsera.

Cuando ustedes me retenían en un calabozo. Pues bien, siguiendo el Protocolo, llamaron a mi móvil aquella noche, el cuál lo tenía mi pareja. Educadamente les comentó que ella tenía el móvil, pero que el aparato estaba en poder de la Policía de Lonzas (Coruña). Después de eso mi pareja, rendida, se acostó a descansar. Pues nuevamente la torturaron con llamadas a mi móvil a las cinco y siete de la mañana.

Llamadas obviamente que quedaron grabadas. Mire señor Juez Ruano. La tortura de un ciudadano es un grave delito. Y más cuando se hace para tratar de callar a un hombre que denuncia lo que yo he venido denunciando estos cuatro años de lo que ocurría en los Juzgados de Violencia (cuando estaba a cargo el Juez Filgueira Bouzas) y en el Penal 6. Seguro que aquí en Europa soy escuchado.

Siguiendo con el articulado del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 9.2 dice "Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella". El 9 de noviembre de 2018 fui detenido por la Jefa de la UFAM Coruña. Esa detención quedó eficazmente grabada por mí. Dicha Jefa procedió a leerme mis Derechos y a informarme oralmente de por qué motivos estaba detenido. Aludió dos: quebrantamiento de condena y maltrato psicológico a mis hijos.

Cuando, con demora, me fue notificada por escrito la denuncia de mi ex mujer, en nada aparecía maltrato piscológico a mis hijos. Si la Jefa de la UFAM piensa que estoy difamando, puede proceder a lo que estime oportuno. Grabar la detención de uno mismo, bien debe saber que estoy en mi derecho. Y lo presentaré como prueba allá donde se precise. Y bueno, ya sabrá esta agente de la autoridad (que queda desautorizada con actitudes como la de mi detención), que el artículo 9.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice que " Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación". Para mí no habría mayor reparación que esta persona dejara de campar a sus anchas y fuera apartada, por esta y otras muchas negligencias de las que tengo pruebas, de su puesto.

Otro artículo que cabe la pena señalar sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es el 14. Varios puntos de este artículo se han vulnerado en mi persona. Y, como digo, he solicitado la Protección Internacional en base a que se han vulnerado todos los artículos que estoy señalando. En definitiva, señor Juez Ruano, como ya le avancé, está bola se les está haciendo demasiado grande. Y por lo que veo, después de su Auto de 12 de septiembre, en vez de pararse y reflexionar sobre lo que en mi primera carta expuse, ha emprendido Usted una huida hacia delante, hacia ningún lugar. Pensando que si sigue dando patadas hacia el futuro, nunca va a tener que afrontar sus errores... Está cegado por la ira que Usted siente personalmente hacia mí, y que se concretó en sus palabras en Auto Judicial de llamarme criminal por haber escrito un libro (por cierto, un libro de Ciencia Ficción, basado en hechos reales).

Dejé Usted a un lado la ira y comience a afrontar los problemas. No le veo llamando a testificar a su despacho a mi exmujer para que le aclarara lo que le indicaba en la primera carta. No. Usted quiere dejar pasar el tiempo. Y con ello se va la infancia de mis hijos junto a su padre. Pero no se preocupe, que aquí estoy yo y mi tozudez para intentar, con la palabra, hacer de la infancia de mis hijos una infancia normal.

En el artículo 14.1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se dice que "Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de Justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente". Ya le señalé todas las irregularidades que hubo en la Vista Oral de mi asunto. Hay una que parece que ha creado cierta duda. La que se refiere a que cuatro testigos testificaran a la vez. Por un lado la Ley de enjuiciamiento criminal (Lecrim) es clara, art. 705 : "El presidente mandará que entren de uno en uno", referido a los testigos. Poca interpretación cabe aquí. Pero también es cierto que según el artículo 724 de la Lecrim: "Los peritos que no hayan sido recusados serán examinados juntos cuando deban declarar sobre unos mismos hechos y contestarán a las preguntas y repreguntas que las partes les dirijan.". Pues bien, los técnicos del Punto de Encuentro en ningún momento tuvieron la categoría de testigos peritos, y sus informes no eran en absoluto informes periciales. Incluso dudo mucho de que estos técnicos de la Fundación Meniños (psicólogos, trabajadores sociales...) estuvieran inscritos en su Colegio Oficial correspondiente. Como ya le dije, negligencia tras negligencia...

En el artículo 14.2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se establece que "Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley". Jamás se presumió mi inocencia. Me apartaron de mis hijos desde el minuto cero. Primero, no dictando ningún régimen de visitas con respecto a mis hijos, durante dos meses y medio. Después mandándome a un Punto de Encuentro. A continuación a hacer terapia con mis hijos, a la cuál mi exmujer no llevaba a los niños, o si los llevaba lo hacía a cuentagotas y cuando desde los Juzgados se le apercibía a la madre varias veces a que llevara a los niños. Por los niños, se decía lo positivo que era que el papá y la mamá acudieran a la terapia. Yo allí estuve siempre. Ella, nunca.

En el artículo 14.3.c, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se expone que "Toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a ser juzgado sin dilaciones indebidas". Desde que mi exmujer me puso la denuncia hasta que se llevó a cabo el Juicio transcurrieron casi dos años y medio. 866 días. Una barbaridad de tiempo en la Infancia de dos niños.

En el articulo 19. 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se dice "Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección". Usted no ha respetado mi libertad de expresión, y en cuánto ha sabido que he escrito un libro basado en mi historia, ha denominado como criminal mi actitud de expresarme. Pero sigue sin prohibir la venta del libro, ahora hace como si no existiera. Tranquilo, que tendremos segunda parte, de nuevo de ciencia ficción, donde narraré como un abogado me deja tirado, otro abogado me rescata, y mi vida en prisión y en el exilio. Se lo haré llegar, no se preocupe. A Usted y a toda la sociedad coruñesa, hasta donde pueda llegar.

Continuo. En el artículo 26, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se expresa "Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminacion a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social". Bien sabe Usted que no he sido tratado en Igualdad.

El 1 de diciembre de 2015 interpuse querella por maltrato psicológico, basándome en que la madre no me permitía ver a mis hijos, y cuándo lo hacía era con la obligación por su parte de tener que hacerlo acompañado. Presente querella apoyado por más de 10 testigos. Esa querella acabó en una trituradora, archivada como se dice en la jerga judicial. Por suerte yo la guardo, y también los correos electrónicos (algunos) que mandó la abogada adversa señora Talín a mi entonces bufete de abogados, que me los hacía llegar para que alucinara... Creo que aquí también esto es negligente, pero como comprenderá uno ya se ha cansado de soportar todas las negligencias de mi asunto, y que se han hecho en base al sufrimiento emocional de mis hijos, en los que parece que nadie piensa. Mis hijos. Principio y fin de toda esta historia. No pararé hasta que pueda estar a su lado, tranquilamente. Trabajen en esa dirección, porque se cumpla el artículo 9 de la Convención de los Derechos de los Niños.

Mi hijo mayor, H.P.T., fue utilizado a su edad de tres años, como le decía al principio de esta carta, para un traslado de la madre. ¿Quiere ver las pruebas? Quiera o no, aquí las tiene. Vamos cronológicamente.

En Julio de 2011 nació mi hijo pequeño, C.P.T. Su nacimiento coincidió con mi traslado de colegio, de Madrid a la provincia de Coruña. En septiembre de 2011 comencé a trabajar en mi nuevo colegio de Laracha. Mi exmujer no tenía el traslado, conservando su plaza en Madrid.

Desde el 26 de julio del 2011, el pediatra que atiende a mi hijo mayor H. P. T. es el doctor F., número de colegiado 91** del Colegio Oficial de Médicos de La Coruña, al que mi hijo acudió con regularidad para todas las revisiones y enfermedades. Esta es captura de su Historia Clínica Pediátrica del niño, la cual conservo completa, desde julio del 2011 hasta octubre del 2015. En ella se puede observar que no hay nada referido a Desajustes Emocionales y Trastornos del Vínculo en el año 2013.

 

 

Ve Señoría. Informe del pediatra de mi hijo. Lo tengo a buen recaudo dicho

Informe. ¿Observa? Ninguna alusión en el 2013 a que mi hijo tuviera Trastorno del Vínculo. Sigamos. Mi exmujer solicitó a la División de Personal, Área de Personal no Policial, Jefatura Superior de Policía de Madrid, en mayo de 2013 traslado de su puesto de trabajo, argumentando que desde julio del 2011 hasta mayo del 2013 residía en Madrid, y sus hijos estaban a cargo de su padre en La Coruña (contradiciéndose ella misma en su denuncia por Violencia de Género de 22 de septiembre de 2015). Argumentó también que esta situación le había provocado numerosas crisis de ansiedad. Vea el documento al que me refiero:

 

A este escrito lo acompañó de un Informe médico realizado a mi hijo el 30 de abril del 2013 por el doctor médico de cabecera (que no era su pediatra) D. Jose Ángel Hilario Fernández Martínez, con número de colegiado 5081-8 del Colegio Oficial de médicos de La Coruña. Este doctor expidió certificado médico a mi hijo de 3 años, H. P. T., indicando que en el niño se había desencadenado un Trastorno del Vínculo padeciendo Desajustes Emocionales que incidían negativamente en su salud y desarrollo general del menor. El Informe era este:

Hay que indicar que un médico de cabecera no puede atender a menores, pues para eso ya existen los pediatras. El Dr. Hilario Fernández escribió en un Certificado Oficial lo que le presentó por escrito mi exmujer, de su puño y letra. El documento era este:

Y así es como se consigue un traslado utilizando a un menor. ¿Ve que sencillo?

Una vez remitida la solicitud, el 10 de mayo de 2013 ya le respondían vía email a la madre desde el Ministerio del Interior:

From: *******@interior.es

To: a***********@hotmail.com

Subject: Traslado por razones de salud

Date: Fri, 10 May 2013 08:30:41 +0000

Hemos recibido el certificado médico oficial. Todo correcto. Vamos a pedir informe sobre la existencia de una vacante en A Coruña a la D.G. de la Policía, de la Guardia Civil y de Tráfico.

Si no existiese un puesto disponible en el ámbito del Ministerio, remitiríamos el expediente a la D. G. de la Función Pública, para que localicen un puesto en otros Ministerios.

Un saludo.

  1. R. A.

Subdirección General de RR.HH.e Inspección Ministerio del Interior

Y oficialmente, el 5 de Junio de 2013 la Subdirectora General de Recursos Humanos e Inspección del Ministerio del Interior, Dª I.B.R., resolvió acordar el traslado por razones de salud de la madre de mis hijos, utilizando un Informe Falso de uno de ellos, a la Jefatura Superior de Policía de Galicia. Por cierto que mi hijo nunca pisó la consulta de ese doctor, como él mismo me dijo y que quedó grabado, demás de quedar constancia en su colegio de que mi hijo estaba en clase aquel 30 de abril de 2013. Así quedaba oficialmente acordado su Traslado:

Nada más por ahora Señoría. Seguiré expresándome y seguiré difundiendo todas las pruebas de todo lo que he venido denunciando. Es mi deseo que se resuelva la situación de mis hijos cuanto antes. Y también es mi deseo no esperar de Usted a ver qué siete palabras escoge esta vez de esta carta para construir un párrafo que le encaje en su relato.

Reciba un afectuoso saludo,

J.A.P. B. (Papá Maravilla)