Las firmas iban acompañadas de esta declaración:

Ante las noticias que nos han llegado sobre la intención de la Comunidad de Madrid, de trasladar a 40 menores inmigrantes no acompañados a la futura residencia de minusválidos físicos de Somosierra, quisiéramos exponer las siguientes cuestiones.

Por ubicar a los que no conozcan Somosierra, os diremos que es el municipio más al norte de la Comunidad de Madrid y se encuentra a 90Km de la Puerta del Sol, se ubica y da nombre a un puerto de montaña situado a una altitud de 1433m.

Perteneciente a la denominada “Sierra pobre”, carece de cualquiera de los servicios básicos necesarios para sus 77 habitantes censados, que en invierno se convierten en 30 o 40, como pueden ser la seguridad o la atención médica, la atención primaria se da dos mañanas, dos días por semana. Somosierra en invierno ofrece a esos escasos habitantes, grandes nevadas que a menudo colapsan sus calles, y soporta las temperaturas más bajas de la comarca, con una media anual de 8,6 grados, llegando a alcanzar entre los meses de noviembre y febrero mínimas de hasta -10 grados bajo cero.

En definitiva Somosierra es lugar de paso entre dos provincias, lugar tranquilo, frío y húmedo, con los servicios básicos más cercanos en materia de seguridad, educación o sanidad a 15km del municipio y carece que cualquier tipo de infraestructura cultural, ocio o deportiva, que pueda ofrecer alguna alternativa a los jóvenes en sus horas de ocio.

Por lo tanto, la decisión de la Comunidad de Madrid de cambiar 48 plazas de minusválidos físicos en la residencia privada de Somosierra, por 40 plazas de acogida a menores inmigrantes no acompañados es para nuestro humilde entender la peor de las decisiones para ambos colectivos tanto el de minusválidos físicos como el de los menores inmigrantes, pero sobre todo los que peor parados salen son los menores.

El traslado a Somosierra de estos menores no solo va a coartar cualquier tipo de oportunidad de futuro a estos niños, sino que vulnerará prácticamente todos sus derechos básicos.

El centro al que les pretenden trasladar, no cumplirá con las expectativas de estos chicos, ya que no podemos olvidar que este tipo de inmigración se realiza buscando un futuro, cosa que de ningún modo encontrarán en una bonita cárcel de cristal en mitad de la montaña.

Esto sin ninguna duda, provocará que muchos de ellos, si no todos, prefieran fugarse y vivir en la calle en Madrid debajo de un puente o en un banco de un parque, antes que permanecer en el centro, con el consiguiente riesgo de exclusión que esto conllevaría, evitando que se puedan crear las condiciones propicias de progreso y bienestar de todos ellos y de la sociedad madrileña en general.

El traslado de estos menores al centro de Somosierra, borraría de un plumazo su oportunidad de inclusión social al privarles de los pilares básicos que sustentan los ámbitos básicos de la inclusión, como son la educación y la salud, así como al llegar a la mayoría de edad, del empleo y la vivienda.

A 90Km de Madrid, y en mitad de la montaña es imposible poder desarrollar políticas sociales inclusivas, incumpliendo de esta forma los objetivos básicos del Eje 1 de la Estrategia de Inclusión Social de la propia Comunidad de Madrid para el período 2016-2021, y estamos convencidos de que las entidades públicas, o más concretamente sus técnicos, las entidades sociales, así como los profesionales de la acción social que participaron en la elaboración de esta estrategia, estarán de acuerdo con nosotros. No así los responsables políticos que parece que solo buscan parchear un problema, lamentablemente creando otro mayor.

Queremos dejar también claro, que somos absolutamente conscientes de que la situación que están soportando estos menores en centros como el de Hortaleza, con una sobreocupación de más del 100%, no es ni mucho menos la manera en la que deben ser tratados ni el lugar donde deben estar, pero más allá de buscar culpables de como se ha llegado a esta situación, entendemos que la Comunidad de Madrid tiene los recursos y la extensión suficiente para establecer un plan de ubicaciones que no condene a estos menores a la exclusión social y la extrema pobreza y los obligue a abandonar los centros de acogida para buscar oportunidades en las grandes urbes de la Comunidad, cambiando la litera por la calle.

Además de todo esto, hemos de recordarle a los responsables de la Comunidad de Madrid, que, en estos momentos, el centro al que quieren trasladar a estos muchachos carece de licencia de actividad, por lo que además de no garantizar los derechos básicos de los menores, estarían incurriendo en una flagrante ilegalidad no exenta de responsabilidades legales, que por supuesto si es necesario estamos dispuestos a exigir ante los tribunales en caso de ser necesario.

Por todo lo anteriormente expuesto, exigimos a la Comunidad de Madrid que vele por los derechos de los menores inmigrantes no acompañados que tiene la obligación de tutelar y realice las acciones oportunas para la correcta ubicación de los mismos garantizando sus derechos y desarrollando con ellos plenamente la Estrategia de Inclusión Social que la propia Comunidad ha aprobado.