El PP quiere reformar el Código Penal para que los condenados por rebelión sean sancionados con una pena de prisión permanente revisable. Esa medida se incluirá en el programa electoral, que también incorporará una propuesta para prohibir los indultos por el delito de rebelión, de modo que los condenados deberían cumplir un mínimo de 25 años de cárcel.

 

Actualmente, el artículo 473 del Código Penal indica que los que, induciendo a los rebeldes, hayan promovido o sostengan la rebelión, y los jefes principales de ésta, serán castigados con la pena de prisión de quince a veinticinco años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo; los que ejerzan un mando subalterno, con la de prisión de diez a quince años e inhabilitación absoluta de diez a quince años, y los meros participantes, con la de prisión de cinco a diez años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años. Si se han esgrimido armas, o si ha habido combate entre la fuerza de su mando y los sectores leales a la autoridad legítima, o la rebelión hubiese causado estragos en propiedades de titularidad pública o privada, cortado las comunicaciones telegráficas, telefónicas, por ondas, ferroviarias o de otra clase, ejercido violencias graves contra las personas, exigido contribuciones o distraído los caudales públicos de su legítima inversión, las penas de prisión serán, respectivamente, de veinticinco a treinta años para los primeros, de quince a veinticinco años para los segundos y de diez a quince años para los últimos.

 

Hay que destacar que la propuesta del PP es puramente electoralista, pues el Gobierno de Mariano Rajoy tuvo tiempo suficiente y mayoría absoluta en el Congreso para modificar el castigo por el delito de rebelión y no lo hizo. Tampoco volvió a introducir los delitos de organización y convocatoria de consultas y votaciones ilegales teniendo la posibilidad de lograrlo sin excesivos obstáculos.

 

No es un buen momento para proponer una reforma que sirva para implantar la prisión permanente revisable como pena por el delito de rebelión, que no se comete precisamente con frecuencia. Ahora se están juzgando hechos por diversas conductas de líderes independentistas que podrían constituir un alzamiento público delictivo y lo que no resulta necesario precisamente para la causa es modificar la penalidad de un delito que, teniendo una pena bastante alta, podría modificarse en el futuro con mayores y mejores reflexiones y con más tranquilidad, siendo cierto que la reforma que propone el PP, en el caso de aprobarse, no afectaría a los dirigentes secesionistas si finalmente fueran condenados por la comisión de conductas incluidas dentro del delito de rebelión.