Manuel Marchena ha modificado el orden en el que los testigos van a declarar en el juicio que se está desarrollando contra los dirigentes secesionistas. Algunos abogados defensores ya manifestaron su desacuerdo con la decisión y Elisa Beni afirma en un artículo que la medida altera “las normas establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que colocan en primer término las testificales propuestas por la Fiscalía y otras acusaciones y en último término las pedidas por la defensa”. Ciertamente, la decisión de Manuel Marchena se basa en la normativa procesal penal, que habilita al magistrado para modificar el orden de las declaraciones testificales.

 

El artículo 701 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que las pruebas de cada parte se practicarán según el orden con que hayan sido propuestas en el escrito correspondiente, debiendo destacarse que los testigos serán examinados también por el orden con que figuren sus nombres en las listas. Sin embargo el Presidente del tribunal podrá alterar este orden a instancia de parte y aun de oficio cuando así lo considere conveniente para el mayor esclarecimiento de los hechos o para el más seguro descubrimiento de la verdad.

 

Manuel Marchena ha adoptado una decisión cuestionada y cuestionable, pero hay argumentos suficientes para entender que, si se aplicara la regla general del artículo 701 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se podría obstaculizar la búsqueda de la verdad sobre los hechos, pues las las preguntas planteadas a los testigos y sus declaraciones podrían acabar teniendo una carga política mayor de lo que se puede desear y los aspectos fácticos del caso quedarían en un segundo plano.

 

Es un problema que las elecciones generales tengan influencia en el ritmo de un proceso penal, pero es algo que, lamentablemente, puede ocurrir cuando hay dirigentes políticos acusados que se comportan ante un tribunal como si se estuvieran dirigiendo a sus electores.