José Ignacio Prendes, vicepresidente del Congreso de los Diputados y portavoz de Justicia de Ciudadanos, comenta, en un artículo publicado en Confilegal el pasado día 17 de noviembre, que algunas asociaciones y colectivos ha estado mintiendo al asegurar públicamente que Ciudadanos está bloqueando en el Congreso la tramitación una reforma clave para investigar los casos de corrupción. El PSOE presentó la primera iniciativa legislativa que se registró para la reforma de los plazos máximos de instrucción fue la Proposición de Ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Después, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presentó su Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, con el objetivo de realizar varias modificaciones legislativas que incluyen, entre muchas otras medidas, la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fija unos plazos máximos de instrucción en los procesos penales. Finalmente, Unidos Podemos registró su Proposición de Ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

 

Hay tres proposiciones de ley pendientes de tramitación para derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, todas se encuentran paralizadas por la iniciativa de los proponentes o por las prórrogas del plazo para presentar enmiendas.

 

Aunque los líderes de los principales partidos políticos dicen querer eliminar el plazo máximo de instrucción de los procesos penales, no parecen estar obrando conforme a sus palabras, lo cual resulta llamativo. Pedro Sánchez dijo que derogaria esa restricción temporal, pero su partido político no está actuando para impulsar los debates parlamentarios correspondientes, de forma que se puede pensar que, simplemente, quieren aprovechar el reconocimiento social que otorga la adopción de una postura contraria a la existencia de los plazos máximos de instrucción penal, pero sin llegar a suprimir unas reglas que obstaculizan la eficacia de la investigación de los procesos penales y de la lucha contra la corrupción pública.

 

Lamentablemente, en la política actual es habitual ver como los dirigentes públicos dan una opinión para conseguir aplausos mientras, de manera discreta y sibilina, hacen lo contrario para favorecer a sus allegados evitando las críticas de la mayor parte de la ciudadanía.