Una entidad bancaria interpuso una demanda de ejecución hipotecaria contra varios deudores hipotecarios en relación con el préstamo hipotecario concedido para la adquisición de su vivienda habitual. El juzgado competente despachó la ejecución y requirió de pago a los deudores, pero uno de los demandados planteó un incidente de nulidad de actuaciones y denunció la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado incluida en su contrato de préstamo. El juez inadmitió la solicitud del incidente por ser indebido y por presentarse fuera de plazo, sin que correspondiera plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a pesar de establecer el artículo 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial que “Los Jueces y Tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea” y que “Cuando los Tribunales decidan plantear una cuestión prejudicial europea lo harán de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, en todo caso, mediante auto, previa audiencia de las partes”.

 

El caso se resolvió con una sentencia del Tribunal Constitucional del pasado día 28 de febrero, que ha estimado el recurso de amparo presentado por haberse vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de la parte recurrente por no respetarte el principio de primacía del Derecho de la Unión Europea al no haber atendido el órgano judicial a lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de enero de 2017 ni haber planteado cuestión prejudicial, infringiendo así el “principio de primacía del Derecho de la Unión al prescindir por su propia, autónoma y exclusiva decisión, de la interpretación impuesta y señalada por el órgano competente para hacerlo con carácter vinculante” e incurriendo “en una interpretación irrazonable y arbitraria de una norma aplicada al proceso”, declarando, consecuentemente, la nulidad la decisión por la que se inadmitió el incidente de nulidad de actuaciones por la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado incluida en su contrato de préstamo hipotecario.

 

Hay que destacar que el juez que conoció de la ejecución no aplicó adecuadamente el artículo 6.1 de la Directiva 93/13, que, según señala la sentencia comentada en relación con resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es “una disposición imperativa que pretende reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece entre derechos y las obligaciones de las partes por un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre éstas”, y que “debe considerarse una norma equivalente a las disposiciones nacionales que, en el ordenamiento jurídico interno, tienen rango de normas de orden público”, sin que sea posible considerar “como así hace el órgano judicial, que el plazo para denunciar la existencia de cláusulas abusivas había precluido por no haber formulado oposición a la ejecución en el plazo legal establecido” o “el incidente de nulidad no sea el cauce para ello o sea extemporánea su formulación”, ya que, como se deduce de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de enero de 2016, “las cláusulas cuyo eventual carácter abusivo no haya sido aún examinado en un anterior control judicial del contrato controvertido concluido con la adopción de una resolución con fuerza de cosa juzgada, deben ser conocidas por el juez nacional, bien a instancia de parte o de oficio” y, por ello, “el órgano judicial ante el cual el consumidor ha formulado un incidente de oposición” se encuentra “obligado a apreciar el eventual carácter abusivo de la cláusula que se denuncia, con la única excepción de que hubiera sido examinada en un anterior control judicial que hubiera concluido con la adopción de una resolución con fuerza de cosa juzgada”. Sin embargo, es cierto que no hay un absoluto acuerdo en el razonamiento, pues la sentencia incluye un voto particular formulado por Ricardo Enríquez, que considera que el recurso de amparo debió de ser desestimado porque la sentencia realiza una interpretación errónea de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de enero de 2017 en la medida en que, según él mismo, la citada resolución no otorga a la parte ejecutada el derecho a exigir al juez el control de oficio de la cláusula abusiva cuando desee, con quebranto de la cosa juzgada de las resoluciones firmes que se han dictado, debiendo pedirlo en el trámite correspondiente previsto por la ley, salvo que la persona no hubiera podido disponer de él, aunque hay argumentos para considerar que el voto particular no es absolutamente acertado y que no habría sido una mala idea que el Tribunal Constitucional planteara una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el asunto.

 

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de febrero de 2019 sigue la estela de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de noviembre de 2015, que señala que la integración en la Unión Europea y el principio de primacía carecen “de rango y fuerza constitucionales”, pero “sí corresponde a este Tribunal velar por el respeto del principio de primacía del derecho de la Unión cuando, como aquí ocurre según hemos avanzado ya, exista una interpretación auténtica efectuada por el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea”. Es cierto, en relación con este asunto, que el derecho a un proceso con todas las garantías, que está consagrado en el artículo 24.2 de la Constitución exige que los órganos jurisdiccionales enjuicien “conforme al sistema de fuentes establecido”.