El Ministerio Fiscal ha solicitado que se ordene investigar a Jaume Mestre, que es uno de los testigos del juicio contra los secesionistas, por prestar un falso testimonio al declarar, ya que, según el fiscal Jaime Moreno, tras escuchar las respuestas que le ha ido dando el responsable de Difusión de la Generalitat, es posible encontrar contradicciones, pues el testigo ha negado haber mantenido conversaciones con la directora de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales por la campaña de promoción del referéndum que empleaba la imagen de unas vías de tren separándose, debiendo tenerse presente que la directora de la Corporación, Núria Llorach, había declarado ante el juez que había sido el testigo quien había contactado con ella para que se emitieran los anuncios, y ha eludido preguntas sobre la emisión de dos facturas por parte de la Corporación al departamento de Presidencia por la difusión de la campaña. Manuel Marchena ha explicado que comunicará su decisión en la sentencia, pues todavía hay que contrastar las declaraciones de Jaume Mestre con las de otros testigos y con las pruebas documentales presentadas.

 

La regulación es bastante clara. El artículo 458 del Código Penal indica, al regular el tipo básico de falso testimonio, que “El testigo que faltare a la verdad en su testimonio en causa judicial, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de tres a seis meses”, de modo que mentir al prestar un testimonio como testigo es delito. Sin embargo, no solo se comete una infracción penal al emitir testimonios falsos, pues el artículo 460 del Código Penal establece que “Cuando el testigo, perito o intérprete, sin faltar sustancialmente a la verdad, la alterare con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos o datos relevantes que le fueran conocidos, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses y, en su caso, de suspensión de empleo o cargo público, profesión u oficio, de seis meses a tres años”.

 

El artículo 460 del Código Penal es bastante extraño, pues, según Francisco Muñoz Conde, “la doctrina califica este precepto de falso testimonio parcial o impropio y critica la inseguridad jurídica que provoca su redacción; más que de un falso testimonio (pues no se falta sustancialmente a la verdad) se trata de una maniobra de distracción o de obstaculización de la labor investigadora de los hechos que corresponde al juez o tribunal, aunque las reticencias, inexactitudes, o el silencio de los hechos o datos relevantes son conductas dolosas que difícilmente pueden quedar excluidas del falso testimonio, salvo que no alteren sustancialmente la verdad”.

 

En cualquier caso, el Tribunal Supremo se encargará de verificar si ordena o no una investigación contra Jaume Mestre por falso testimonio. Por ese motivo, Manuel Marchena y los demás magistrados se van a encontrar con una tarea pendiente más, que se incluye en una lista muy larga que provocará que la sentencia que se dicte en el proceso dirigido contra los secesionistas termine siendo muy extensa.