Varios parlamentarios independentistas de Cataluña y del País Vasco juraron o prometieron su acatamiento a la Constitución utilizando fórmulas que van más allá del “imperativo legal”. En el Congreso, Meritxell Batet permitió esa manera de proceder y declaró que todos los diputados electos habían obtenido la condición de diputados. En el Senado, Raül Romeva empleó una fórmula similar a las usadas por sus compañeros independentistas que fue admitida por Manuel Cruz.

 

Hubo protestas por parte de Albert Rivera, a las que se unieron, posteriormente, las de Santiago Abascal y Pablo Casado. El problema es que, jurídicamente, los juramentos y las promesas de acatamiento a la Constitución sin someterse a ella pueden considerarse permitidas gracias a la laxitud con la que el Tribunal Constitucional ha tratado la cuestión.

 

En relación con lo ocurrido el pasado día 21 de mayo, se puede decir que los juramentos y promesas de los parlamentarios secesionistas no pueden entenderse válidas, ya que añadieron afirmaciones y expresiones contradictorias con el respeto a la Constitución, pues es cierto que la Sentencia del Tribunal Constitucional 119/1990, de 21 de junio, establece que “para tener por cumplido el requisito no bastaría sólo con emplear la fórmula ritual, sino emplearla, además, sin acompañarla de cláusulas o expresiones que de una u otra forma, varíen, limiten o condicionen su sentido propio, sea cual fuese la justificación invocada para ello” y la Sentencia del Tribunal Constitucional 74/1991, de 8 de abril, indica que ”Lo decisivo es que el acatamiento a la Constitución haya sido incondicional y pleno, y ha de valorarse si tal incondicionalidad y plenitud subsiste en la fórmula empleada por los actores”. El problema es que la Sentencia del Tribunal Constitucional 119/1990 destaca que “En un Estado democrático que relativiza las creencias y protege la libertad ideológica; que entroniza como uno de su valores superiores el pluralismo político; que impone el respeto a los representantes elegidos por sufragio universal en cuanto poderes emanados de la voluntad popular, no resulta congruente una interpretación de la obligación de prestar acatamiento a la Constitución que antepone un formalismo rígido a toda otra consideración, porque de ese modo se violenta la misma Constitución de cuyo acatamiento se trata, se olvida el mayor valor de los derechos fundamentales (en concreto, los del art. 23) y se hace prevalecer una interpretación de la Constitución excluyente frente a otra integradora”, debiendo hacerse una ponderación en cada caso concreto que puede servir para favorecer cualquier fórmula de juramento o promesa que incluya los términos “juro” o “prometo”.

 

A los líderes del PP, Ciudadanos y Vox les gustaría modificar la normativa para imponer una fórmula de juramento o promesa de la Constitución. Sin embargo, una reforma en ese sentido sería absolutamente ineficaz.

 

El artículo 11 del Reglamento del Senado determina, desde antes de 1990, que se debe preguntar “¿juráis o prometéis acatar la Constitución?”, debiendo los Senadores acercarse sucesivamente ante la Presidencia para hacer la declaración contestando “Si, juro” o “Si, prometo”, pero la Sentencia del Tribunal Constitucional 74/1991 permitió la fórmula del “imperativo legal” señalando que “El acatamiento a la Constitución, como instrumento de integración política y de defensa constitucional, exige una clara manifestación formal de voluntad, pero no entraña una prohibición de representar o perseguir ideales políticos diversos de los encarnados por la Constitución, siempre que se respeten las reglas del juego político democrático y el orden jurídico existente, y no se intente su transformación por medios ilegales (STC 122/1983)”, ya que “La naturaleza misma de la función representativa, con un evidente substrato democrático producto de las elecciones, refuerza la idea de interpretación flexible de los requisitos formales, haciendo prevalecer, pues, los derechos de participación y representación sobre una exigencia formalista o rigorista de los requisitos, que no guarde proporción alguna con la finalidad perseguida al establecerlos y con la trascendencia misma del requisito”.

 

En España se ha conseguido que el acto de jurar o prometer la Constitución pueda convertirse en una auténtica burla a la instituciones, que han permitido que se pueda obtener un cargo público representando a los ciudadanos sin tomar en serio el ordenamiento jurídico.