Francisco Lanzas, en un artículo titulado “Trampa legal para que los golpistas se vayan de rositas”, que fue publicado en El Correo de Madrid el pasado día 29 de mayo, indica, en relación con el proceso penal dirigido contra los líderes secesionistas por impedir la aplicación de la ley en Cataluña, que “la parte de la historia que los fiscales no cuentan es que si sólo acusan a los golpistas de un delito de rebeldía y en el curso del proceso no se diera el requisito de una "intensidad suficiente de la violencia", o hubiera dudas al respecto - que ya se ha dicho que haberlas, haylas - los golpistas quedarían absueltos de dicha acusación” y “si no existen otras acusaciones alternativas (como las de sedición, o colaboración a la sedición), los golpistas se irán de rositas cantando "Els Segadors"”, destacando que “sería lo mismo que ocurriría si (por ejemplo) si se acusa a alguien de robo (que requiere violencia o intimidación) y en realidad lo sucedido fue un hurto (apropiarse de lo ajeno pero sin violencia), al no existir una acusación doble - "robo o, en su defecto, hurto" - el ladrón se iría de rositas a la mínima duda razonable de que no fuese robo”.

 

Efectivamente, del artículo 24 de la Constitución y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se deduce, como establece la Sentencia del Tribunal Supremo 1954/2002, la vigencia del principio acusatorio, cuyo contenido “consiste en que nadie puede ser condenado si no se ha formulado contra él acusación por una parte acusadora ajena al órgano enjuiciador, en tales términos que haya tenido oportunidad de defenderse de manera contradictoria, estando obligado el Juez o Tribunal a pronunciarse en el ámbito de los términos del debate, tal y como han quedado formulados por la acusación y la defensa, lo que significa que ha de existir correlación entre la acusación y el fallo de la sentencia condenatoria”, implicando ese razonamiento que “no se puede condenar por unos hechos sustancialmente distintos de los que han sido objeto de acusación, ni por un delito más grave ni por circunstancias agravantes, grados de perfeccionamiento y grados de participación más severos”, aunque, en determinados casos, según la Sentencia del Tribunal Supremo 1540/2004, se permite el cambio de calificación jurídica sin iniciativa de los acusadores, “siempre que se trate de delitos homogéneos y que el delito recogido en la sentencia no sea más grave que el de la acusación” si no se introduce “un elemento o dato nuevo al que la parte o partes, por su lógico desconocimiento, no hubieran podido referirse para contradecirlo en su caso”, pero no resultaría complicado que, en la Causa especial 20907/2017, se descartara, para el caso en el que no se hubiera acusado por sedición, el mismo delito de sedición como un delito homogéneo al de rebelión para evitar una condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para España por la vulneración del derecho a un tribunal imparcial, que se regula en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

 

Por el principio acusatorio, como afirma José María de Pablo en su artículo “Condena y principio acusatorio”, “cuando se ejerce la acusación en un procedimiento penal es recomendable introducir calificaciones alternativas que ofrezcan al tribunal cierto margen de maniobra para condenar por delitos distintos si el criterio del juzgador difiere del de la acusación”. Por ese mismo motivo, atendiendo a las pruebas practicadas en el juicio, el Ministerio Fiscal debería haber formulado una petición de pena alternativa por un delito de sedición para el caso en el que no se estime procedente por el Tribunal Supremo la condena por un delito de rebelión, aunque no parecía ser ese el plan de los fiscales.

 

Hay que tener presente que, gracias a la Abogacía del Estado, se puede evitar la impunidad de los líderes secesionistas por los actos de obstrucción a la aplicación de la Constitución en Cataluña, para el caso en el que los mismos se consideren probados por el Tribunal Supremo. La razón es que la abogada del Estado ha solicitado penas por un delito de sedición cometido por los acusados en la Causa especial 20907/2017, de manera que, si no se pudiera condenar por un delito de rebelión a los dirigentes catalanes independentistas, todavía será posible imponer una sanción penal por un delito de sedición.