La Ley de 18 de junio de 1870, estableciendo reglas para el ejercicio de la Gracia de indulto, establece que “Los reos de toda clase de delitos podrán ser indultados, con arreglo a las disposiciones de esta ley, de toda o parte de la pena en que por aquéllos hubiesen incurrido”, aunque se exceptúan los procesados criminalmente que no hubieren sido aún condenados por sentencia firme, los que no estuvieren a disposición del Tribunal sentenciador para el cumplimiento de la condena y los reincidentes en el mismo o en otro cualquier delito, por el cual hubiesen sido condenados por sentencia firme.

 

Pablo Casado ya indicó que el PP va a impulsar la aprobación de una ley que sirva para prohibir los indultos a los condenados por rebelión y sedición, de forma que no se pueda indultar a los dirigentes catalanes independentistas que terminen siendo condenados por la comisión de alguno de esos delitos. Las afirmaciones del líder político se deben a que la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, ha señalado que es “partidaria de un indulto”.

 

Es una buena idea reformar el indulto, pero hay que tener presente que se requiere una modificación legislativa más profunda que la que ha propuesto Pablo Casado. Concretamente, habría que pensar básicamente en realizar las siguientes alteraciones en la configuración normativa del indulto.

 

Habría que establecer que el indulto corresponda a órganos jurisdiccionales, de modo que no sea el Gobierno el que se encargue de dejar sin efecto el cumplimiento de una pena impuesto por un juez o tribunal conforme a las disposiciones del Código Penal o de las leyes penales especiales. También habría que excluir el indulto en el caso en el que se hayan cometido delitos contra el orden público, que incluyen el delito de sedición, delitos contra la Constitución, como el delito de rebelión, delitos contra la Hacienda Pública, delitos de prevaricación, delitos de cohecho, delitos de tráfico de influencias, delitos de malversación de caudales públicos y otros delitos que podrían incorporarse al listado de conductas sancionadas penalmente a las que no se les pueda aplicar el indulto.

 

Teniendo en cuenta las diferentes opciones, hay que actuar con cuidado, en la medida en que algunas reformas que se podrían hacer por la crisis de Cataluña no deberían realizarse pensando únicamente en la cuestión secesionista. Si se va a proceder con una reforma legislativa seria, hay que actuar prudentemente y de forma pausada, a los efectos de poder garantizar el establecimiento de nuevas reglas que sean ambiciosas y que puedan aplicarse satisfactoriamente.