La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 437/2019, de 18 de septiembre, recoge un caso que, desgraciadamente, resulta habitual. Por el propietario de un bien inmueble se ejercitó la acción prevista en el artículo 41 de la Ley Hipotecaria, que tiene por objeto la tutela de los derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad, contra los ignorados ocupantes de una finca de su propiedad, compareciendo como tales don Mario y doña Salome.

 

Hay que destacar que la resolución critica que los demandados litigaran “invocando un inexistente derecho a "la ocupación pública y pacífica" de viviendas ajenas”. Ese derecho no se encuentra reconocido en ninguna norma.

 

El artículo 47 de la Constitución establece que “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, pero, según el artículo 53.3 de la misma norma, este derecho informará “la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos” y sólo podrá ser alegado ante la “Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen”. Para poder vivir en una vivienda ajena se requiere el consentimiento del propietario o una expropiación forzosa con los límites señalados en el artículo 33.3 de la Constitución, que indica que “Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”.

 

Como bien reconoce la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 437/2019, “lo que en realidad se pretende es una suspensión del proceso sine die prolongando la posesión de la vivienda gratuitamente y a costa del propietario”. De ese modo, se destapó fácilmente en la resolución una estrategia que, lamentablemente, es muy común entre los okupas.

 

Habría que dotar a los juzgados de los medios suficientes para que los okupas no puedan aprovecharse de la lentitud de los procesos judiciales cuya ejecución implica un desalojo del bien inmueble en el que se encuentran okupas de manera ilegal. Solo será posible garantizar la seguridad jurídica para los propietarios de bienes inmuebles luchando contra las dilaciones indebidas, que lamentablemente padecen y que, según el artículo 24 de la Constitución, están prohibidas, aunque eso deben ignorarlo muchos dirigentes políticos.