La Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad, alteró el artículo 3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que ahora establece que toda persona podrá ejercer su derecho de sufragio activo, consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera. Con esa redacción, todas las personas con discapacidad intelectual pueden ejercer el derecho de sufragio activo.

 

Para resolver algunas cuestiones, se ha dictado la Instrucción 5/2019, de 11 de marzo, de la Junta Electoral Central, sobre aplicación de la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General llevada a cabo por la Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad. La citada instrucción indica que “las Juntas Electorales de Zona deberán velar por el correcto cumplimiento de esta modificación legal, así como de lo establecido en esta Instrucción, adoptando las medidas pertinentes tanto para hacer efectiva esta regulación como para garantizar que el voto de las personas con discapacidad pueda ejercerse de forma consciente, libre y voluntaria”, pero no dice cómo. Además, el voto depositado con una voluntad viciada tendrá eficacia, ya que “en el supuesto de que algún miembro de una Mesa Electoral, o alguno de los interventores o apoderados adscritos a esa Mesa considere que el voto de una persona con discapacidad no es ejercido de forma consciente, libre y voluntaria, lo podrá hacer constar en el acta de la sesión, pero no se impedirá que dicho voto sea introducido en la urna”.

 

No parece que importe mucho garantizar el voto consciente, libre y voluntario de las personas con discapacidad. Podría pensarse que se le da preferencia a que haya más votos a los efectos de rellenar las urnas aunque muchas de las papeletas se hayan introducido en ellas con una voluntad viciada.

 

De nada sirve reconocer un derecho si el mismo no se puede ejercitar adecuadamente con absoluto conocimiento y voluntad. Sin embargo, a los dirigentes públicos no les preocupa mucho ese problema, pues no dejan de tratar a los ciudadanos como si fueran cabezas de ganado.