No son pocos los casos en los que una magnífica idea puede no materializarse debidamente por ansias, causante de prisas excesivas o de falta de una adecuada planificación, siempre necesaria para poder lograr que muchas leyes lleguen a surtir los efectos pretendidos por sus redactores. Uno de los principales ejemplos que se puede encontrar es el del registro de la jornada, que fue aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez antes de las elecciones generales y que, habiendo entrado en vigor hace escasos días, no se está pudiendo utilizar como se necesita.

 

El Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, modificó el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, queda modificado en los siguientes términos, de manera que se crea un apartado 9 para el artículo 34, que queda redactado de manera que ahora establece que “La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo”, señalando también que “La empresa conservará los registros a que se refiere este precepto durante cuatro años y permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”.

 

Es necesario tener presente que el claro objetivo se la reforma es lograr reducir las horas extraordinarias no pagadas y la economía sumergida, que se producen, principalmente, en los establecimientos de hostelería y en muchas tiendas de venta de productos, siendo verdadero fin último el logro de las cotizaciones a la Seguridad Social que correspondan por todas las horas extraordinarias que se presten, de manera que se pueda incrementar la recaudación para el abono de las pensiones correspondientes. Para entenderse esa idea, se requiere saber que tienen la consideración de horas extraordinarias, que no podrán exceder de 80 horas anuales, aquellas horas de trabajo que se realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, cuya remuneración no podrá ser inferior a la que corresponde la hora ordinaria.

 

El problema es que habrá que ver como se piensa garantizar que el registro de horas extraordinarias se realiza debidamente. Existe la posibilidad, para muchos empresarios a los que el registro les resulta muy perjudicial y para los que sean más capaces de desconfiar de los empresarios, de obligar al trabajador a fichar antes de empezar a desarrollar la labor que corresponda en las horas extraordinarias, de forma que las mismas no quedarían archivadas. Teóricamente, esa conducta constituye una infracción sancionada, pero con su acreditación en cada caso pasará lo mismo que ocurre con otras numerosas infracciones del Derecho Laboral por el silencio o por el miedo del trabajador: quedará en el olvido.

 

Hay que legislar teniendo las ideas claras. Además, una vez plasmada una importante reforma legal o reglamentaria sobre el papel, hay que conocer el verdadero alcance práctico de la misma, a los efectos poder fijar una “vacatiolegis”, que es periodo de espera antes de la entrada en vigor, que sea lo suficientemente amplio como para que los ciudadanos afectados puedan llegar a conocer su contenido y adoptar las medidas necesarias para poder proceder con su cumplimiento.

 

El registro de la jornada, que es fruto de una buena idea mal aplicada, podrá acabar funcionando como corresponde, pero tras muchos sustos e improvisaciones que podrían haberse ahorrado los pequeños y medianos empresarios en el caso en el que se hubiera dado un mayor tiempo de ad