El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite, por unanimidad, el Conflicto Positivo de Competencia promovido por el Gobierno de España contra la Generalitat de Cataluña en relación con el Acuerdo Gov/90/2019, de 25 de junio, por el que se aprueba el Plan estratégico de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea 2019-2022. Además, el Tribunal suspende la vigencia y aplicación de dicho Acuerdo, tras invocar el Gobierno de la Nación el art. 161.2 de la Constitución, desde el día 28 de octubre de 2019, fecha de interposición del conflicto, lo que será comunicado al Presidente de la Generalitat.

 

Hay que tener presente que el conflicto competencial por el Acuerdo Gov/90/2019 tiene su origen en la Ley 16/2014, de 4 de diciembre, de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea de Cataluña. Esa norma fue impugnada por el Recurso de inconstitucionalidad 1442-2015, que se interpuso por el Presidente del Gobierno. Posteriormente, la Sentencia del Tribunal Constitucional 228/2016, de 22 de diciembre, resolvió el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la Ley 16/2014 de Cataluña de una manera poco acertada, ya que la resolución indica que “solo el Estado puede relacionarse en el exterior como sujeto de Derecho internacional, conforme a la competencia exclusiva que ostenta ex art. 149.1.3 CE, como recuerda la STC 85/2016, FJ 4”, pues “Los entes territoriales dotados de autonomía política no son sujetos de Derecho internacional y no pueden, en consecuencia, participar en las relaciones internacionales (SSTC 165/1994, FJ 5, y 31/2010, FJ 127, por todas)”, de modo que, en el Derecho internacional Público, “las Comunidades Autónomas no pueden ser sujetos internacionales, pero nada impide que puedan presentarse como actores internacionales, estando esas entidades territoriales facultadas en determinados casos para realizar actuaciones en el ámbito exterior actuando siempre en el marco de las competencias propias de las Comunidades Autónomas”. Con ese razonamiento, el Tribunal Constitucional logró justificar que Cataluña pudiera incidir en el ámbito internacional con total deslealtad hacia el Estado español, permitiendo que la Comunidad Autónoma pudiera proyectarse como una entidad territorial en la que sus ciudadanos están siendo reprimidos por España al no poder optar por la secesión catalana.