Itziar Prats, cuyo exmarido asesinó a sus dos hijas de 6 y 2 años en el año 2018, ha reclamado una indemnización al Estado por denegar la orden de protección que solicitó y cuya adopción habría podido evitar las dos muertes. Las acciones penal y civil se deberían haber dirigido contra el autor de los dos crímenes, pero el se suicidó, impidiendo que se le pudiera exigir el cumplimiento de las obligaciones que le correspondían por la comisión de esos delitos.

Hay que tener presente que parece adecuado que se le exija responsabilidad al Estado por su omisión al denegar la orden de protección a una víctima que la requiere, pues el artículo 121 de la Constitución establece que “Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley”, pudiendo encontrarse una serie de reglas sobre la cuestión en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Según el Dictamen del Consejo de Estado de 20 de octubre de 2016, “son requisitos exigidos para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración la concurrencia de un hecho, acción u omisión que resulte imputable a la Administración o de otro modo al funcionamiento de los servicios públicos; la producción de un daño o perjuicio efectivo, evaluable económicamente e individualizado, que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar, y la existencia de una relación de causalidad directa e inmediata entre aquel hecho, acción u omisión y el mencionado daño o perjuicio, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir alterando el nexo causal ni en particular la concurrencia de fuerza mayor”.

Puede haber más dudas con la antijuridicidad de la conducta, pues es posible que se considere que en el momento de denegarse la orden de protección no existía un riesgo claro, y también puede existir controversia sobre la atribución de los resultados de muerte al Estado, pues la Sentencia del Tribunal Supremo 124/2017, de 24 de febrero, señala que “la Sala Primera del Tribunal Supremo acude a la teoría de la imputación objetiva; que en todo caso sirve para excluir la responsabilidad, y que tiene como pautas o reglas: a) Los riesgos generales de la vida: La vida tiene riesgos propios e inherentes, que son aceptados por todos. Es decir, las "desgracias" sí existen. b) La prohibición de regreso: Encontrada una causa próxima; no debe irse más allá, más atrás, buscando causas remotas. c) La provocación: Quien provocó la situación. Sin descartar que sea el propio perjudicado porque asumiese un riesgo no justificado. d) El fin de protección de la norma, e) El incremento del riesgo, o la conducta alternativa correcta. Si el daño se habría producido igual aunque se adoptase otra conducta. f) Competencia de la víctima (hechos o situaciones que estaban en el dominio de la víctima). g) Y, en todo caso, y como cláusula cierre, la probabilidad; lo que permite excluir la responsabilidad en los supuestos de eventos altamente improbables, imprevisibles, y que a la postre nos recuerdan el caso fortuito [ sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 2011 (STS 2897/2011, recurso 124/2008), 14 de marzo de 2011 (STS 1490/2011, recurso 1970/2006), 9 de febrero de 2011 (STS 560/2011, recurso 2209/2006), 25 de noviembre de 2010 (STS 6381/2010, recurso 619/2007), 17 de noviembre de 2010]”. Ya tendrán que ser los órganos jurisdiccionales competentes los que resuelvan un caso que debería analizarse partiendo del derecho a indemnización de la mujer afectada por la violencia de género, a la que no se la atendió debidamente por factores ajenos a ella misma y a los profesionales del Derecho que estudiaron su caso.

Es muy posible que las conductas de la juez que denegó la orden de protección y del fiscal que decidió no recurrir el auto de rechazo de la petición de la víctima se debieran fundamentalmente a sospechas sobre la veracidad de las declaraciones de la mujer que decía encontrarse en un agrave situación de riesgo por su expareja, siendo probable que tanto la juez como el fiscal entendieran que se encontraban ante un caso de denuncia falsa cuya consecuencia debía ser la evitación de los mecanismos propios para luchar contra la violencia de género. Por ello, resulta esencial que los poderes públicos analicen el modo en el que están tratando la violencia de género, pues no perseguir las denuncias falsas las fomenta y esa circunstancia puede llevar a provocar que los jueces y los fiscales no analicen debidamente las situaciones de verdadero riesgo, no protegiendo a aquellas mujeres que necesitan ayuda y que no reciben la atención que merecen por culpa de las peticiones improcedentes de los mujeres que solicitan, indebidamente y por perjudicar a sus exparejas, auxilio de las autoridades.