La Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 2019 ha desestimado el recurso contencioso-administrativo nº 75/2019, interpuesto por doña María del Carmen, doña María de la O, doña María del Mar, don José Cristóbal, doña María Aránzazu, don Jaime Felipe Martínez Bordiú Franco y don Francisco Franco Martínez-Bordiú contra los acuerdos del Consejo de Ministros de 15 de febrero y 15 de marzo de 2019 por los que, respectivamente, se resuelve el procedimiento para dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 16.3 de la Ley 52/2007, de 26 diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, y se adoptan medidas complementarias en el marco de lo previsto en el apartado segundo del Acuerdo de 15 de febrero de 2019, por el que se resuelve el procedimiento para dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 16.3 de la Ley 52/2007, de 16 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

 

Al presentarse el recurso contencioso-administrativo contra el acto administrativo dictado por el Gobierno para proceder con la exhumación de Franco, el Tribunal Supremo debería haber actuado con el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad sobre la Disposición adicional sexta bis del Real Decreto-ley 10/2018, de 24 de agosto, por el que se modifica la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, que regula el procedimiento para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, argumentando el Tribunal Supremo que el contenido normativo del Real Decreto-ley 10/2018 no contrario a a la Constitución pues concurría la extraordinaria y urgente necesidad y no infringe el principio de igualdad, ni supone una legislación singular, de caso único y “Tampoco vulnera los derechos fundamentales a la libertad religiosa y a la intimidad personal y familiar ni merma el derecho a la tutela judicial efectiva”. Al no haber procedido de ese modo, se pudo dictar la sentencia sobre el asunto sin poner en duda la constitucionalidad de la norma, aspecto clave para la resolución del asunto. Sin embargo, no es tarde para cuestionar la constitucionalidad del Real Decreto-ley 10/2018.

 

El artículo 55.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional regula la cuestión interna de inconstitucionalidad indicando que, en el supuesto de que el recurso de amparo debiera ser estimado porque, a juicio de la Sala o, en su caso, la Sección, la ley aplicada lesione derechos fundamentales o libertades públicas, se elevará la cuestión al Pleno con suspensión del plazo para dictar sentencia, de conformidad con lo prevenido en los artículos 35 y siguientes de la misma norma, con la misma tramitación que corresponde a la cuestión de inconstitucionalidad. Con ese mecanismo, la sentencia que se dicte por el Tribunal Constitucional podría ser idéntica a la del Tribunal Supremo o no serlo, pero, en cualquier caso, requeriría una mayor esfuerzo argumentativo y una motivación más elaborada, pudiendo afirmarse que la decisión del Tribunal Constitucional será trascendental y marcará la resolución del caso, pues parece muy complicado ahora mismo que, si se desestima el recurso de amparo, pueda tener éxito una demanda planteada por la familia de Franco ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.