En cualquier país de la órbita democrática, el máximo tribunal representa las últimas garantías para los ciudadanos. Aquí, en España, nadie cree que el Tribunal Constitucional sea el máximo garante de los ciudadanos.

         Tanto en sus resoluciones sobre los recursos de inconstitucionalidad, como en los recursos de amparo, han dejado de manera patente su desprestigio. Respecto a los recursos de amparo, rechazan el 98% de los recursos, con una más que insuficiente motivación, que es la pieza fundamental del principio de seguridad jurídica.

         Para evitar el aluvión de recursos de amparo, además, se penaliza la interposición de los mismos, con objeto de advertir a los navegantes de las consecuencias de su presentación.

         Respecto a los recursos de inconstitucionalidad, un ejemplo clamoroso de falta de independencia, lo representa el aparcamiento durante más de diez años del recurso que interpuso el PP en la Ley de matrimonios Homosexuales.

         La legalización de la formación etarra Bildu, hoy en las Instituciones, supuso un descredito mayor aún ante la sociedad española.

       Las recusaciones a Magistrados y a Presidentes del Tribunal Constitucional, ha sido una constante dentro de nuestro sistema judicial, por sus pronunciamientos políticos y en algún caso comportamientos éticos censurables (caso Emilia Casas).

         Las condenas reiteradas a los tribunales españoles y por ende al Tribunal Constitucional, por parte de los Tribunales Europeos es la prueba más evidente del desprestigio a nivel nacional e internacional de este Tribunal donde sus Magistrados perciben sueldos superiores a los 150.000€, a parte dietas, vehículo oficial etc.