El acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, titulado “Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España”, recoge en su epígrafe 7.9., dedicado a “Fiscalidad con perspectiva de género”, indica que “el avance de la igualdad supone acabar con aquellas discriminaciones que sufren las mujeres en todos los ámbitos”, motivo por el cual “se pretende abordar a la desactivación de lo que se denomina tasa rosa, es decir, el incremento de precio de un mismo producto cuando se trata de una versión femenina”, añadiéndose finalmente que se abordará “la fiscalidad con perspectiva de género”. La primera idea es muy adecuada en la medida en que la normativa reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido recoge un tipo de gravamen desproporcionado fiscalmente para productos que son exclusivamente femeninos, pero la segunda puede resultar temible.

Hay que tener presente que la perspectiva de género supone la realización de acciones positivas que favorezcan la mujer para lograr recalibrar la situación de desigualdad que, por motivos históricos, ha sufrido, vinculándose esta programación con el artículo 9.2 de la Constitución. La Sentencia del Tribunal Constitucional 12/2008, de 29 de enero, indica que “En cuanto al artículo 9.2 CE hemos tenido ocasión de afirmar que «la igualdad que el artículo 1.1 de la Constitución proclama como uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico -inherente, junto con el valor justicia, a la forma de Estado Social que ese ordenamiento reviste, pero también, a la de Estado de Derecho-no sólo se traduce en la de carácter formal contemplada en el artículo 14 y que, en principio, parece implicar únicamente un deber de abstención en la generación de diferenciaciones arbitrarias, sino asimismo en la de índole sustancial recogida en el artículo 9.2, que obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para que la de los individuos y de los grupos sea real y efectiva» (STC 216/1991, de 14 de noviembre, FJ 5)”, de modo que “el artículo 9.2 CE expresa la voluntad del constituyente de alcanzar no sólo la igualdad formal sino también la igualdad sustantiva, al ser consciente de que únicamente desde esa igualdad sustantiva es posible la realización efectiva del libre desarrollo de la personalidad; por ello el constituyente completa la vertiente negativa de proscripción de acciones discriminatorias con la positiva de favorecimiento de esa igualdad material”. Según la misma resolución, “La incorporación de esa perspectiva es propia de la caracterización del Estado como social y democrático de Derecho con la que se abre el articulado de nuestra Constitución y que trasciende a todo el orden jurídico (STC 23/1984, de 20 de febrero, FJ 4)” a la que se debe “reconocer pleno sentido y virtualidad en la interpretación del alcance de los diversos preceptos constitucionales, habida cuenta de que, como hemos afirmado, «la Constitución no es la suma y el agregado de una multiplicidad de mandatos inconexos, sino precisamente el orden jurídico fundamental de la comunidad política, regido y orientado a su vez por la proclamación de su artículo 1, en su apartado 1, a partir de la cual debe resultar un sistema coherente en el que todos sus contenidos encuentren el espacio y la eficacia que el constituyente quiso otorgarles» (STC 206/1992, de 27 de noviembre, FJ 3)”. El problema es que la fiscalidad con perspectiva de género puede desbordar los márgenes de lo que, a la luz del artículo 9.2 de la Constitución, es verdaderamente equilibrado.

Por el artículo 31 de la Constitución, “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. La justicia tributaria podría servir para sostener una reforma de la conocida como tasa rosa por implicar un desequilibrio fiscal importante entre mujeres y hombres, pero la implantación generalizada de la fiscalidad con perspectiva de género atentaría claramente contra la igualdad tributaria, sobre la que la Sentencia del Tribunal Constitucional 37/1987, de 23 de marzo, establece queaparte de que la igualdad no supone la uniformidad, no toda desigualdad es discriminatoria, sino sólo la que está desprovista de toda justificación objetiva y razonable en relación a la finalidad y efectos de la medida considerada”, añadiendo la Sentencia del Tribunal Constitucional 104/2000, de 13 de abril, que “al examinar un precepto legal impugnado, desde ese punto de vista, el análisis se ha de centrar en verificar si tal precepto establece una discriminación, pues la discriminación entraña siempre una arbitrariedad, o bien, si aún no estableciéndola, carece de toda justificación, lo que también evidentemente supondría una arbitrariedad, sin que sea pertinente un análisis a fondo de todas las motivaciones posibles de la norma y de todas sus eventuales consecuencias (SSTC 27/1981, de 20 de julio, FJ 10; 66/1985, de 23 de mayo, FJ 1; 108/1986, de 29 de julio, FJ 18; 65/1990, de 5 de abril, FJ 6; 142/1993, de 22 de abril, FJ 9; 212/1996, de 19 de diciembre, FJ 16; 116/1999, de 17 de junio, FJ 14; y 74/2000, de 14 de marzo, FJ 4)”.

Si se quiere lograr una posición asimétrica entre mujeres y hombres, algo tan necesario como justo, no se puede pretender adoptar cualquier medida que favorezca sin límites un sexo frente a otro, pues, de ese modo, solo se conseguirá mantener las condiciones de desigualdad y crear una conflictividad que no se puede aceptar.