En el día de hoy ha sido remitida a nuestra redacción una ley muy esperada por los ciudadanos. En pocas fechas, será el Senado quien recibirá y con toda probabilidad aprobará sin problemas, la norma por la que se regularán los contratos de crédito inmobiliario que nos permiten adquirir una vivienda. Una ley importante que antes de salir a la calle, está generando demasiada polémica entre los interesados.

¿Escándalo en la tramitación de la Ley Hipotecaria?¿El Monopolio multimillonario del Siglo XXI?¿Trabaja el Gobierno para intereses particulares?​
http://www.elcorreodemadrid.com/nacional/596114825/Escandalo-en-la-tramitacion-de-la-Ley-HipotecariaEl-Monopolio-multimillonario-del-Siglo-XXITrabaja-el-Gobierno-para-intereses-particulares.html​

Fue hace pocos días cuando El Correo de Madrid recibió una información que podría haber demostrado, que detrás de la composición de esta norma existe un interés económico que podría poner en peligro el libre mercado, la competencia y sobre todo muchos puestos de trabajo que en torno a las gestorías quedarían sin cometido. Tanto es así, que después de repasar toda la información escrita que se ha generado en torno a la Comisión de Economía del Congreso y haber estudiado la evolución del Artículo 12. Normas de transparencia en la comercialización de préstamos inmobiliarios, se observa claramente que en el día de hoy el texto es totalmente diferente, pero que en su apartado g) curiosamente, dice las mismas cosas:  ​

g) (nueva) cuando esté previsto que el préstamo se formalice en escritura pública, la advertencia al prestatario de la obligación de recibir asesoramiento personalizado y gratuito del notario que elija el prestatario para la autorización de la escritura pública del contrato de préstamo, sobre el contenido y las consecuencias de la información contenida en la documentación que se entrega conforme a este apartado.

Esta documentación junto a la manifestación firmada por el prestatario, en la que declare que ha recibido la documentación y que le ha sido explicado su contenido, deberá remitirse también al notario elegido por el prestatario a los efectos de lo dispuesto en el artículo siguiente. La remisión de la documentación se realizará por medios telemáticos seguros cuyas especificaciones se determinarán  reglamentariamente, que deberán cumplir las siguientes exigencias mínimas: el  sistema deberá permitir al Notario una comprobación fehaciente de la fecha en que se incorporaron a la aplicación, para su puesta a disposición del mismo Notario, los citados documentos firmados por el prestatario; deberá garantizar que no se ocasione ningún coste, directo o indirecto, para el cliente; y deberá  quedar organizado de modo que el cliente pueda dirigirse a cualquier notario de su libre elección para que éste, con carácter previo a la firma del préstamo, extraiga la documentación para preparar y autorizar el acta y la escritura, siendo debidamente informado del derecho de elección que tiene y puede ejercitar por este medio.​ (Comprobar con el texto que El Correo de Madrid publicó en su artículo anterior)

Lo que para el profano podría parecer un aburrido texto propio de cualquier ley de ámbito económico, podría esconder una interpretación exactamente igual a la que figuraba en el primer borrador donde era el Consejo General del Notariado, participante en la totalidad de la Agencia Notarial de Certificación y con Gestoría propia. ​

Desde esta redacción se ha hablado con parte de la Comisión Económica del Congreso, que salvo error, estaría formada por: Ferran Bel Accensi (PDECAT) Francisco De la Torre Díaz y Rodrigo Gómez García (CIUDADANOS), Rafael Mayoral Perales y Alberto Montero Soler (PODEMOS), Miguel Ángel Paniagua Nuñez, Carlos Javier Floriano Corrales y Jordi Roca Mas (PP), Gonzalo Palacin Guarné y María del Mar Rominguera Salazar (PSOE), Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea (PNV) y Pedro Quevedo Iturbe (COALICIÓN CANARIA). También nos hemos puesto en contacto con la Asociación Española de la Banca y con un representante de Bankia. Nos ha sorprendido que todos han querido mantener el anonimato, pero la información extraída de estas entrevistas telefónicas nos plantea, al menos algunas preguntas que pondrían dejar en entredicho, el valor del título del artículo 12, un titular que habla de NORMAS DE TRANSPARENCIA. Y por tanto poner en duda la viabilidad del propio artículo, la gestión de la ley y la propia ley.​

Desde el grupo que representa Pablo Iglesias,  nos han llegado a plantear la posibilidad de presentar una enmienda a la totalidad. Hemos sabido que hay un fleco pendiente en relación a la gratuidad de algún impuesto que también como enmienda se llevaría al Senado, asegurándonos que ya es conocido que no se tendrá en cuenta. ¿Algo que está pactado de antemano? Pero volviendo al tema principal, que sería el posible monopolio que se habilitaría a través de esta ley, desde este medio y fijándonos en ese famoso apartado g) del artículo 12, nos seguimos haciendo la misma pregunta que el día que fuimos conocedores de todo este extraño proceso. ​

¿Es ANCERT, el único medio existente al que se refiere el artículo 12, por el que se notificará el acta y la escritura? ¿Siendo ANCERT participada por el Consejo General de Notariado y teniendo a su vez Gestoría propia, se estaría generando un negocio fuera de la libre competencia?​

En la última hora, hemos recibido una información que podría indicar han existido contactos entre la propia ANCERT y representantes de BANKIA, en los que en base a esta ley que todavía no ha sido aprobada, se estarían proponiendo hacer las pertinentes pruebas que garantizarían ser esta Agencia, participada por el Consejo General del Notariado y con Gestoría propia, la primera y única en hacerse con el mercado de la gestión en la comunicación de las hipotecas. De ser esto cierto y estando pendiente la reglamentación de parte de esta ley, que se hace a posterior de la salida del Senado, ¿se estaría atentando contra el libre mercado y aprovechándose de información privilegiada?​

TEXTO_DE_LA_LEY