Artur Mas, como los actuales líderes secesionistas, siempre intentó justificar sus actuaciones basándose en el derecho de participación política y en la voluntad del “pueblo catalán”. Sus alegaciones, cuyo contenido será acogido por los acusados por rebelión en Cataluña, se han basado siempre, fundamentalmente, en el ejercicio legítimo de un derecho, que excluye la responsabilidad criminal conforme al artículo 20 del Código Penal.

 

La Sentencia del Tribunal Supremo 1810/2002, de 5 de noviembre, señala que “La eximente de cumplimiento de un deber y ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo constituye, según ha señalado desde hace tiempo la doctrina penal, una claúsula de cierre del total sistema jurídico que impide que la aplicación de preceptos normativos que establecen deberes, derechos o funciones sociales pueda verse confrontada con la incidencia en figuras típicas penales”, sin que sea posible apreciar la circunstancia eximente de responsabilidad penal en aquellos casos en los que se actúa fuera de los márgenes de la legalidad. Precisamente, el artículo 23 de la Constitución establece que “Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”, pero, en referencia a las consultas populares, se indica por el artículo 92 de la misma norma que “El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados”, siendo cierto que “Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución”, que se encuentran, actualmente, en la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum, que no fue respetada por la consulta del día 9 de noviembre de 2014.

 

El Tribunal Supremo indica en su sentencia sobre el caso de Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau que no tiene sentido que los ciudadanos puedan sentirse “cohibidos o retraídos a participar en asuntos públicos o en nuevas votaciones o consultas no suspendidas por la autoridad judicial por el infundado temor de que sus legítimos representantes puedan sufrir una condena”. El motivo, según la resolución, es que “El ejercicio de los derechos fundamentales tiene límites y cauces”, siendo cierto que “No existe derecho a votar en una consulta convocada al margen de la legalidad; lo mismo que el derecho a participar en asuntos de interés público no autoriza, v.gr., a organizar una votación oficial para que los ciudadanos opinen si unos acusados son culpables o inocentes, por mucho que la justicia emane del pueblo”, ya que, “Si la autoridad correspondiente [Tribunal Constitucional] suspende una votación de ese tipo, como debe hacer, el incumplimiento de tal orden por sus destinatarios será desobediencia, aunque suponga la anulación de una posibilidad que se abría a los ciudadanos de intervenir en asuntos de interés público”.

 

Los dirigentes catalanes independentistas ya han demostrado su cobardía en numerosas ocasiones en las que han intentado excluir las consecuencias negativas que sus actos han generado para ellos, sin importar los perjuicios que sus propias decisiones puedan causar para los ciudadanos, entre los que todavía hay muchos que, por ignorancia o por malicia, no desean reconocer que la aventura secesionista ha provocado daños irreversibles para Cataluña.