El día 6 de febrero de 2014, diversos agentes de la Guardia Civil dispararon pelotas de goma y botes de humo “con propósito disuasorio”, desde la playa del Tarajal, situada en Ceuta, al mar cuando varios inmigrantes intentaban alcanzar Ceuta nadando para evitar su regreso a Marruecos. A causa de esos hechos hubo 15 inmigrantes muertos y varios heridos. Ahora, una juez de Ceuta ha dictado un auto declarando que los agentes de la Guardia Civil que participaron en los hechos deben ser acusadas por la comisión de varios delitos de homicidio imprudente, pues obraron utilizando “material de dispersión para disuadirlos, disparando bolas de goma y botes de humo al mar en que nadaban, en defensa de las fronteras españolas” y “Dicha actuación pudo contribuir, co-causalmente, a título de imprudencia, a la muerte por ahogamiento” con una “posible falta de proporcionalidad de la actuación desplegada”.

 

Hay que destacar que el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado han criticado ese auto porque los agentes de la Guardia Civil obraron en defensa de las fronteras españolas, alegando además la falta de competencia de los jueces españoles para conocer del asunto. Sin embargo, según lo que se deduce de la información difundida por la prensa, no parecen haberse alegado dos argumentos razonables partiendo de la proporcionalidad en la actuación de los guardias civiles: el principio de confianza y la autopuesta en peligro de los fallecidos.

 

En lo que se refiere al principio de confianza, hay que destacar que la Sentencia del Tribunal Supremo 2518/2017, de 21 de junio, establece que “no se imputarán objetivamente los resultados producidos por quien ha obrado confiando en que otros se mantendrán dentro de los límites del peligro permitido, así como las exclusiones motivadas por lo que doctrinalmente se denomina la prohibición de regreso, referidas a condiciones previas a las realmente causales, puestas por quien no es garante de la evitación de un resultado”. Los agentes de la Guardia Civil pudieron considerar perfectamente que los inmigrantes se abstendrían de continuar con sus conductas, pues las mismas podían provocarles la muerte, pero insistieron obrando más allá de las expectativas de los agentes que se encontraban en la frontera.

 

En lo que se refiere a la autopuesta en peligro, hay que destacar que la Sentencia del Tribunal Supremo 452/2017, de 21 de junio, señala que ese elemento constituye una “cuestión en la que habrá que estar al riesgo que decididamente lo realiza, como aquellos otros casos en los que no podrá sostenerse la realización del riesgo en el resultado cuando la víctima se expone a un peligro que proviene directamente de su propia acción, en cuyo caso el resultado producido se imputará según el principio de la "autopuesta en peligro" o "principio de la propia responsabilidad"”, con la que se “trata de establecer los casos en los que la realización del resultado es concreción de la peligrosa conducta de la propia víctima que ha tenido una intervención decisiva”. Los agentes de la Guardia Civil obraron con absoluta proporcionalidad y fueron los propios inmigrantes los que, con su conducta, generaron el riesgo que se concretó en su fallecimiento.

 

Habrá que esperar para ver como se resuelve el caso, aunque es cierto que una condena por la lógica actuación de los Guardias Civiles solo serviría para castigar el cumplimiento de un deber, imponiendo una pena a personas que solo hacían su trabajo al proteger las fronteras españolas y que nada pudieron hacer ante la conducta potencialmente suicida de los inmigrantes que, lamentablemente, terminaron falleciendo.