Las elecciones generales de abril de 2019 en España, con la polémica de una parte de la izquierda política pidiendo la ilegalización de partidos nacionalistas y de derechas por ser una amenaza contra la democracia, y con la polémica de una parte de la derecha política pidiendo la mismo contra fuerzas independentistas y comunistas, han reavivado el debate en nuestro país acerca de los límites del estado, acerca de la pluralidad de fuerzas políticas y acerca de un concepto que sobrevuela la realidad política española aunque no todos lo definan con el nombre real que adquiere este fenómeno como es de la democracia militante.

Y es que, mucho se lleva debatiendo desde hace años acerca de la naturaleza del estado o de los estados liberales, marcando una línea divisoria entre el estado liberal y el estado autoritario, cuyos límites no es posible traspasar, pues uno y otro son elementos sin retorno o que no pueden cruzarse y volverse a encontrar.

Pero, a pesar de ello, existe una variante ideológica del estado liberal, ideado ya en los años 30, en pleno ascenso del totalitarismo mundial que, por sus consecuencias, más que por sus iniciales implicaciones teóricas, ha servido a los estados liberales de todo el mundo como elemento fronterizo entre el estado liberal y el totalitarismo, la llamada "democracia militante". ¿Pero, qué es la "democracia militante"?.

 

1)      Los antecedentes históricos; Loewenstein y la democracia militante

La acepción del concepto de la "democracia militante" fue acuñada por el ideólogo alemán Karl Loewenstein en una serie de artículos bajo el nombre de "Militant Democracy and Fundamental Rights", publicados en la revista "American Political Science Review",  desde el exilio norteamericano a finales de los años 30 ante el ascenso del nacionalsocialismo, donde se dedica a un profundo análisis y revisión de los modelos políticos existentes a lo largo de la historia, así como de los más recientes, y se dedica a analizar los motivos de la caída de la República de Weimar y el ascenso del partido nazi alemán de Adolf Hitler, así de los diversos movimientos fascistas y totalitarios en Europa del este.

Para ello, Loewenstein idea una nueva forma de gobierno, la "democracia militante" donde, para evitar estas amenazas, propone básicamente impedir el acceso a los organismo plurales de poder del estado liberal  a movimientos, asociaciones o partidos políticos que sean contrarios o atenten contra el orden liberal constituido, para evitar así que éstos se hagan con el estado desde dentro y lo destruyan.

Como afirma Rory O'Connell en su artículo "Militant democracy and human rights principles", contenido en la revista Constitutional Law Review (publicación de la Georgian Constitutional Court), Loewenstein;

"En 1937, discutió la posibilidad de que las democracias militantes se armaran contra el ascenso de los fascistas, y específicamente contra la posibilidad de que los fascistas pudieran usar los derechos democráticos de libertad de asociación, libertad de reunión, libertad de expresión, y derechos políticos para destruir la democracia".

Según Loewenstein, en su escrito "Militant democracy and fundamental rights", afirmaba de hecho que ".....si la democracia está convencida de que aún no ha cumplido su destino, debe luchar en su propio plano una técnica que sirve solo para el propósito del poder. La democracia debe hacerse militante. El mecanismo de la democracia es el caballo de Troya por el cual el enemigo entra en la ciudad", y según el mencionado texto de Rory O'Connell, "el término de democracia militante debe cubrir una serie de actividades, limitación de derechos políticos específicos (voto, expresión, asociación...) impuestos a partidos políticos o movimientos que están usando los derechos políticos para socavar la democracia" e incluso, como afirma el propio Loewenstein, es tolerable llegar al punto de "establecer una policía política especialmente seleccionada y entrenada para el descubrimiento, la represión, la supervisión y el control de actividades y movimientos antidemocráticos y anti constitucionales en cualquier estado democrático en guerra contra el fascismo".

Debido a ello, a los sistemas liberales con una legislación especialmente restrictiva con determinadas formaciones políticas se les conoce como "democracias militantes", de acuerdo a los ideales del filósofo alemán. Un par de ejemplos comunes y típicos de este tipo de gobierno liberal en nuestros días sería Francia, en cuya Constitución de 1958 se establece, en el Artículo 89 que "no podrá la forma republicana de gobierno ser objeto de reforma", cerrando cualquier opción a formas alternativas de estado legítimas y democráticas, o en el caso de la actual Alemania, que en el Artículo 21.2 de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania de 1949, afirma literalmente que;

"Los partidos que por sus fines o por el comportamiento tiendan a desvirtuar o eliminar el régimen fundamental, o a poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania, son inconstitucionales e ilegales".

Ello supone, en la práctica, la ilegalidad en Alemania de los partidos abiertamente contrarios a los principios constitucionales del estado, como de hecho sucede durante la guerra fría en el caso de los partidos comunistas totalitarios como el caso del Partido Comunista de Alemania (KPD)  o la Juventud Libre Alemana (FDJ), considerados ilegales en la Alemania occidental, o como en el caso del Partido Nazi (NSDAP), ilegalizado en 1945 y perseguidas las formaciones neo-nazis, como ocurrió con el ilegalizado Partido Socialista del Reich (SRP).  

2)      España; la Ley de Partidos Políticos y la democracia actual

No obstante, en los últimos años, y especialmente al calor del debate soberanista catalán, con los partidos políticos que han hecho causa por el proceso independentista, y mucho antes, en el caso de los partidos de la llamada izquierda independentista vasca que se consideraba que ofrecían cobertura política a las acciones terroristas, se ha abierto un interesante debate acerca de la naturaleza política de la España reciente en torno a la democracia militante, de si nuestro país es, y en caso de no serlo, si debería ser un tipo de democracia militante como la propuesta por Loewenstein.

Con el establecimiento, a partir de 1975 de todo un nuevo sistema de monarquía parlamentaria y constitucional, se instaura la moderna democracia parlamentaria actual que, sin embargo, no clarifica la naturaleza del estado en lo relativo a los partidos políticos, especialmente a partir de la elaboración de la actualmente vigente Constitución de 1978, base del sistema actual. Ni en este texto ni en el Código Penal de 1995 se establece un precedente histórico moderno acerca de una democracia militante, al abordar de una forma muy básica y ambigua el papel de los partidos políticos.

Concretamente, en la Constitución de 1978 se afirma únicamente, en el Artículo 6, que;

"Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos".

Y, así mismo, en el Artículo 22 que;

"Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada".

Básicamente un bosquejo muy esencial de los partidos, a los que no se les impone ninguna limitación legal en su creación y constitución al margen de su respeto a los cauces legales y democráticos, y que alejaba claramente a nuestro país de los márgenes de la democracia militante.

Tampoco el Código Penal contempla aspectos específicos en lo relativo a los partidos políticos, y únicamente penalizan aspectos que podrían ser considerados como políticos en el Título XIII bis. Artículo 304 bis (financiación ilegal de los partidos políticos), Título XXI (Delitos contra la Constitución, rebelión, delitos contra la Corona, delitos contra las Instituciones del Estado, ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, o ultrajes a España), o el Título XXIII (Delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado).

En todo caso, ninguno de ellos se centra en el funcionamiento y regulación de los partidos políticos y los aspectos penalizados o regulados se refieren a aspectos de quiebra de la convivencia o de ofensa a las instituciones públicas y no tanto a la libertad de expresión o al legítimo derecho de diferir de la forma del estado.

Caso aparte y entrando ya en materia histórica de la legislación de partidos es la promulgación de la llamada Ley 54/1978, de 4 de diciembre, de Partidos Políticos, la primera ley de partidos políticos de la historia reciente española, muy breve y que no ahonda más allá de lo ya establecido en el propio texto constitucional, afirmando simplemente que;

"Los españoles podrán crear libremente partidos políticos en el ejercicio de su derecho fundamental de asociación. La organización y funcionamiento de los partidos políticos deberá ajustarse a principios democráticos.

La suspensión y disolución de los partidos políticos sólo podrá acordarse por decisión de la autoridad judicial competente. La disolución de los partidos sólo podrá declararse en los siguientes casos:

a) Cuando incurran en supuestos tipificados como asociación ilícita en el Código Penal.

b) Cuando su organización o actividades sean contrarias a los principios democráticos"

No es, pues, hasta la aparición de la famosa y controvertida Ley de Partidos Políticos promulgada el 28 de junio de 2002 durante el gobierno popular de José María Aznar cuando se introduce a gran escala el debate de si nuestro propio país, España, es también una democracia militante similar al caso alemán o parcialmente al francés, ya que, con su Ley de Partidos Políticos de 2002, excluye e ilegaliza a aquellos partidos políticos que atentan contra el orden constitucional vigente (partidos comunistas que apoyan veladamente a grupos terroristas, como el PCE-r/GRAPO, o los partidos independentistas vascos tales como Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, Batasuna, Acción Nacionalista Vasca, Partido Comunista de las Tierras Vascas...vinculadas al terrorismo de ETA y  que cuestionan el ordenamiento institucional-territorial recogido en la Constitución de 1978), aunque lo hace de una forma mucho más velada que en el caso alemán, donde sí se afirma abiertamente la incompatibilidad de los partidos con ideas contrarias a las del estado federal, mientras que en el caso español se cuestiona que los partidos ilegalizados lo hayan sido por sus propuestas políticas como en Alemania y lo sean más bien por su apoyo a grupos terroristas.

El contexto histórico de esta legislación especial liderada e impulsada por el PP con el apoyo del PSOE, se centra en el intento de hacer frente a la amenaza del terrorismo, principalmente de ETA que, para el año 2002 en que entra en vigor la legislación, había segado ya la vida de más de 800 personas desde su nacimiento a finales de los años 60, y que había intentado ser erradicada de todas las formas y maneras posibles; desde la persecución militar del aparato estatal durante los años del régimen franquista, hasta la guerra sucia en los años del felipismo y los GAL hasta la persecución, en los años de la democracia actual, puramente policial combinada con un férreo aparato legislativo y punitivo tendente a aislarla de los apoyos políticos y civiles  en sus zonas de apoyo tradicional.

Y precisamente ese, el apoyo político que ETA, pero también otros grupos terroristas como el GRAPO, tenían durante los años de la democracia constitucional era considerado por los dos grandes partidos del estado, PP y PSOE, como el elemento clave que, a su juicio, garantizaba la supervivencia de los grupos terroristas, al estar amparados en la legalidad o en la ambigua alegalidad por fuerzas políticas que amparaban sus actividades. Fruto de ello y después de un largo periodo de maduración, con los votos favorables de PP, PSOE, CiU, Coalición Canaria y Partido Andalucista, y el rechazo de Izquierda Unida, PNV, Eusko Alkartasuna y Bloque Nacionalista Galego, entra en vigor la Ley de Partidos Políticos, cuya amplia libertad de interpretación, hace que tengan una amplia confusión de aplicación los Artículos 9.1 y 9.2. de la Ley de Partidos Políticos;

 "Los partidos políticos ejercerán libremente sus actividades. Deberán respetar en las mismas los valores constitucionales, expresados en los principios democráticos y en los derechos humanos. Desarrollarán las funciones que constitucionalmente se les atribuyen de forma democrática y con pleno respeto al pluralismo.

Un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático"

Sin embargo, el hecho de que a continuación del punto 9.2 se detallen y especifiquen hasta 9 puntos en los que se concreta fundamentalmente la incitación a la violencia y al terrorismo como elementos definitorios de la vulneración de los principios democráticos, inclina para muchos la balanza a la hora de definir esta legislación o no como una democracia militante en lo relativo a que, a diferencia de lo ideado por Loewenstein en los años 30, no se está vetando determinadas ideologías o enfoques políticos, sino que únicamente se está penalizando no tanto al partido político por serlo, sino a una forma concreta y específica de amparar actos terroristas o violentos, por lo que no se trataría de un caso de democracia militante, sino a una legislación puramente anti-terrorista, totalmente diferente a lo que se valora en lo relativo a la política.

A pesar de ello, esta Ley de Partidos ha sido interpretada de múltiples maneras en función de la óptica política reciente en estos años pero, como definición legal podríamos poner la que fija Victoria Prego en su texto sobre "El PP en mayoría absoluta (2000-2004)" recogido en la Historia de España de Austral-El Mundo, que la interpreta como;

 "Un  proyecto que tenía como objetivo defender a la democracia de quienes son sus enemigos y pretenden destruirla. Es una ley de defensa de la democracia cuya consecuencia inmediata y evidente es que va a dejar fuera de la legalidad a todas las formaciones cuyo objetivo sea atentar violentamente contra el sistema".

Una descripción que fácilmente nos ayudaría a definir la democracia española en los términos que marcaba el ideólogo alemán Karl Loewenstein a las "democracias militantes" a similitud de Alemania.

Durante y después de su promulgación, se desataron desde las páginas de los periódicos toda una serie de artículos y opiniones a favor y en contra de la ley, que evidenciaba la importancia del debate y la dificultad de aceptar sin más una legislación que se adentraba dentro del campo de la democracia militante.

Ejemplo de ello es el artículo de Pantxo Unzueta en El País titulado "Si HB fuera alemana" del 11 de abril de 2002, en el que afirma;

"En España, la ley que ahora se propone es el resultado de 20 años de experiencia de la utilización abusiva de la legalidad por un partido que forma parte de un entramado terrorista, y de los efectos del clima de impunidad en que se ha movido. No se prohíbe el independentismo, sino la utilización de la coacción terrorista para imponerlo".

El profesor de derecho Manuel Martínez Sospedra desde el mismo periódico publicaba el artículo "Ley de Partidos" el 18 de abril de 2002, donde afirmaba;

"Y es que la legitimación de la violencia o el sostenimiento de políticas incompatibles con los principios mismos de la democracia no es que requiera de ideas, es que sólo puede hacerse mediante ideas. Concuerdo asimismo con el presidente del Constitucional cuando justifica su posición afirmando que ser demócrata no significa ser tonto, id est entregar a los enemigos de la democracia las armas para que la destruyan".

También a favor de la ley se pronunciaba el ex dirigente del PP vasco Antonio Basagoiti el 4 de julio de 2002 en El País, afirmando;

"Quienes se niegan a la ilegalización de una formación política por una serie de actuaciones graves de defensa o amparo del terrorismo son curiosamente los mismos que no tienen que aguantar en casa, ni en la calle ni en su trabajo las amenazas que padecemos los demás.

Si la ley es perfectamente constitucional y las cámaras la han aprobado por inmensa mayoría, ¿cabe aún mayor insolidaridad e injusticia por parte de los políticos de PNV, EA e IU?"

Por su lado, en contra de la ley se pronunciaba el Coordinador General Ezker Batua (IU) en el País Vasco Javier Madrazo, según recogía Carlos Cué en El País el 29 de agosto de 2002, quien afirmaba que la Ley de Partidos "restringe el derecho a la libertad de expresión y ataca gravemente el derecho de asociación",  así como el Presidente del PNV, Xabier Arzalluz, que el 6 de septiembre de 2002 afirmaba que "en Euskadi se vive de hecho en un estado de excepción, y se pretende defender la democracia a costa de la democracia".

El ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, José María Mena, afirmaba desde las columnas de El País el 12 de octubre de 2013 que;

"Según la Ley de Partidos Políticos, los únicos fines explícitamente prohibidos a los partidos políticos son los que incurren en el Código Penal. Nuestra democracia no es militante, pero tampoco indefensa".

En definitiva, con esta Ley, se pretendía algo que se venía buscando durante largo tiempo, la ilegalización de todas las formaciones que pretendían, según la ley, atentar contra el sistema político instaurado en 1978.

La ilegalización de las fuerzas violentas en el País Vasco, o el eterno debate sobre la ilegalización, por ejemplo, de las fuerzas independentistas catalanas, o de formaciones políticas consideradas ultraderechistas (España2000, FE-La Falange, Democracia Nacional..), de derecha alternativa como VOX, o asociaciones como la Fundación Francisco Franco, han avivado la polémica sobre una legislación penal y política en España como la Ley de Partidos y han reabierto un debate no cerrado acerca de la naturaleza política y penal de España como una democracia militante. Según la reciente legislación española vigente desde los años de la transición, y la Ley de Partidos Políticos del año 2002, España no puede considerarse, a similitud de Francia o Alemania una democracia militante, aunque haya voces que en los últimos años parezcan inclinar la balanza hacia ese lado.

Lo que parece claro es que la teoría de la democracia militante, pronunciaba desde su exilio estadounidense por Loewenstein en los años 30, introduce una interesante pero siempre polémica variación de las democracias que, en momentos de tensión o agresión interna o externa tienen la posibilidad de fortalecerse o defender aplicando legislaciones duras que tiendan a defender la democracia de quienes pretenden destruirla. Para otros, la democracia militante es un camino intermedio entre la democracia liberal y la autoritaria. Indistintamente, el debate está servido.