En la página web de Antena 3 apareció el pasado día 4 de agosto una noticia que se titulaba afirmando que “La Universidad de Valencia busca por medio de un estudio tipificar la violencia económica como un delito”, manifestando a continuación que “expertos de la universidad buscan casos para que las autoridades competentes actúen ante la violencia económica como un tipo de violencia de género”. Gracioso resulta ver que haya “expertos” que buscan que se establezca un delito sin saber Derecho Penal.

Es cierto que la conocida como “violencia económica” no se incluye dentro de la violencia de género, ya que el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, solo incluye en su ámbito “la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”. Sin embargo, si que existe en el Código Penal un delito de impago de pensiones, pues el artículo 227 de la norma señala que “El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses”, correspondiendo siempre el pago de las cuantías adeudadas para la reparación del daño.

Por el delito de impago de pensiones se han impuesto numerosas condenas. Según la Sentencia del Tribunal Supremo 562/2017, de 13 de julio, se requiere, para castigar por la conducta del artículo 227 del Código Penal, una “conducta consistente en el impago reiterado de esta prestación económica, durante los plazos exigidos en el precepto legal” y un “comportamiento doloso del denunciado, que con conocimiento de la obligación de pagar desatiende dicha obligación a pesar de tener capacidad económica para afrontar la prestación debida”.El fundamento de la regulación se encuentra expuesto en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres de 5 de febrero de 2013, que indica que “es obvio que a lo primero que hay que atender es a la obligación natural, más allá de la judicial, de atender a las necesidades de los hijos, no partir de las propias necesidades, y si queda algo para los hijos, bien, y si no incurrir en una absoluta despreocupación de cómo están paliando sus necesidades más vitales, dejando esa responsabilidad únicamente al otro progenitor bajo cuya custodia se encuentran”.

 La próxima vez que se intente lograr la tipificación de una conducta, habrá que garantizar que los interesados hayan leído el Código Penal, pues no basta con leer la normativa sobre violencia de género para analizar cuestiones como la relativa a las consecuencias del impago de pensiones fijadas en sentencias sobre crisis matrimoniales.