El Constitucional alumbró, con siete años de gestación, la Sentencia sobre el matrimonio homosexual, aunque más que de una Sentencia fundada en Derecho habría que hablar de una opinión sociológica, según la opinión minoritaria de una parte de la sociedad española, pero que es la que da más mal.

Según la doctrina del Constitucional, condenando por dilaciones indebidas en la Administración de Justicia cuando se tarda varios años en dictar Sentencia, habría que condenarles también a ellos, pues no es de recibo que tarden siete años en resolver un recurso de inconstitucionalidad contra una Ley estatal. ¡O es que no hay doce Magistrados y varias decenas de Letrados con dedicación exclusiva al servicio del Constitucional?

Y hablo de magistrados, según la terminología legal, aunque más bien habría que hablar de vocales, pues es un órgano colegiado, de composición netamente política, al igual que el Consejo General del Poder Judicial, y que representan a los partidos políticos más importantes en España. Y tampoco son magistrados, pues la mayoría no pertenecen a la carrera judicial, sino que proceden de la docencia universitaria, del ejercicio de otras profesiones jurídicas –abogados, notarios, etc.-, o son, simple y llanamente, políticos a los que hay que darles una buena canonjía, en agradecimiento por los servicios prestados, o los que puedan llegar a prestar en el Constitucional.

No es un auténtico Tribunal, pues no está servido por jueces profesionales, integrantes de la carrera judicial, que actúan con objetividad e imparcialidad, al servicio del Derecho.

Se asemeja más a los Tribunales Económico Administrativos o al Tribunal de Cuentas, organismos a los que pomposamente llamamos tribunales, para dar a entender que sus decisiones son justas, objetivas e imparciales, cuando carecen de la característica fundamental del Poder Judicial: la independencia.

El texto íntegro de la “opinión” del Constitucional prescinde del Derecho Natural, de la Constitución e incluso del derecho positivo –Código Civil-, y fuerzan la letra y el espíritu del derecho vigente para hacer una interpretación conforme a las presiones del “lobby gay”, que como todos sabemos, es muy influyente en nuestra sociedad.

El Constitucional – voy a dejar de llamarle Tribunal, pues realmente no lo es - dicta una resolución digamos sociológica – por no decir política -, donde se hace eco del sentir de la calle –es decir, del lobby gay -, destinada a contentar al PSOE, que son quienes les nombraron, mayoritariamente, y de paso darle un puntapié al PP. Y justifican su decisión – según los medios de comunicación -, basándose en que el “matrimonio gay” ya está implantado en la sociedad, como si ellos mismos no fuesen culpables de dicha situación, al no haberse dignado resolver el asunto durante siete años, dejando que se pudriesen los autos. 

Ya decía el Digesto (23.2.1) hace casi mil quinientos años, que “El matrimonio es la unión de hombre y mujer, con el pleno consorcio de su vida y comunión del derecho divino y humano”.

El artículo 32.1. de la Constitución establece claramente que “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”. Y el artículo 44 del Código Civil indica que “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código”.

Como expuso el Pleno de Académicos de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación –a la que me honro en pertenecer - en su Informe acerca del proyecto de modificación del Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio (aprobado en sesión del día 21 de febrero de 2005): “…el artículo 32 hay que leerlo más allá de su letra estricta. El artículo 32 habla de un “derecho a contraer matrimonio”, que en alguna ocasión se ha llamado ius connubii… El precepto, que coloca como sujetos del derecho al hombre y a la mujer “entre sí”, aunque no lo diga expresamente, está haciendo referencia a una institución que era, en el momento de dictarse la Constitución y que continúa siendo hoy, perfectamente conocida… La función social del matrimonio consiste en ser el momento fundacional de una familia entendida como progenie. Es verdad que el ordenamiento reconoce variantes matrimoniales sin fundación de familia, o lo que es lo mismo sin la progenie. Ocurre así en los matrimonios de personas de edad avanzada o en los casos de esterilidad por regla general. Más las excepciones confirman la regla general”.

Y sigue el dictamen: “De esta diversidad de funciones sociales se deriva que no pueda establecerse una relación entre matrimonio y uniones estables que imponga la regla de la igualdad del artículo 14 de la Constitución, porque el trato igual y no discriminatorio sólo se produce entre situaciones en que no existen las diferencias.

Resulta que la tipología y el concepto jurídicos del matrimonio tienen, pues, como lindero la apertura a la generación como regla general y, por eso, la pretensión de extenderlos a las uniones homosexuales significaría no una excepción sino una negación de este principio rector.

Desde el punto de vista jurídico no puede decirse que el matrimonio sea un instrumento para dar cauce a la afectividad de las personas. Es un error que han cometido algunas de nuestras más recientes leyes al utilizar la idea de “semejantes vínculos análogos de afectividad” o cosas parecidas. Sin negar que eso pueda ocurrir y que eso ocurra, lo que se garantiza con el matrimonio es un compromiso de vida común y que es independiente de las relaciones de afectividad, porque éstas pertenecen al terreno de la intimidad. Prueba palmaria de ello es que en el Código civil se habla de consentimiento matrimonial para designar esa especial voluntad o compromiso”.

Somos conscientes de la realidad social, y sabemos que existen personas homosexuales y lesbianas. Son dignas de todo respeto y creo que nadie se opondría a que en la regulación de las parejas de hecho se estableciese un apartado específico para este tipo de uniones, que también merecen la protección del Derecho, a efectos de pensiones de viudedad, herencias, etc. Pero llamar matrimonio a lo que no lo es, supone cargarse la institución matrimonial, pues se la equipara a situaciones que no tienen nada que ver, como son las uniones homosexuales.

Se puede decir más alto, pero no más claro.