Hay dos tipos de españoles: los que son funcionarios, y los que quieren ser funcionarios.

Normalmente el funcionario envidia al profesional liberal, y quiere ser como él: ganar mucho dinero (en teoría, solo en teoría), no tener jefes, poder mandar a tomar por el culo a los clientes pesados (es algo que da una gran satisfacción, casi similar al orgasmo…, aunque no es lo mismo), etc.

Pero claro, ello supone perder la seguridad y estabilidad laboral, el sueldo fijo, los trienios, etc.

Como en España a “listos” no nos gana nadie, se ha creado la figura de la excedencia para asuntos propios o particulares, que te permite dejar la función pública…, y poder retornar a ella si las cosas no te van bien en el sector privado.

Claro que pierdes el sueldo, y en ocasiones la plaza concreta y determinada que anteriormente tenías “en propiedad”. (Esto de la “propiedad” de lo público, ese concepto patrimonial de los empleos oficiales, nunca lo he entendido. Siempre he pensado que eres un servidor público, no un “propietario”, pero por lo visto es ansí, y digo ansí porque es una palabra antigua que me gusta, y al fin y al cabo, estamos hablando de una auténtica institución medieval).

Para evitar este “problema” se ha permitido “la compatibilidad”, que te permite estar dentro del mostrador del servicio público, y fuera del mismo, compitiendo en manifiestas condiciones “de desigualdad” con los auténticos profesionales liberales.

Porque, ¿ustedes creen que cuándo el “abogado” Villarejo necesitaba algo de la policía, por ejemplo acceder a sus bases de datos, etc., no “se servía” él mismo, sin necesidad de solicitarlo, de que le aplicasen la ley de protección de datos, etc.?

¿De verdad creen ustedes que el trato que un juez o un fiscal dispensa a un comisario de policía, o a un abogado del estado, es similar al que da a un abogado normal y corriente…?

Recientemente la CNMC ha emitido un duro informe sobre el anteproyecto de estatuto general de la abogacía española, pero creo que aún debiera haber sido más tajante, en el sentido de impedir, total y absolutamente, el ejercicio de la abogacía a los policías, guardias civiles, abogados del estado, de las comunidades autónomas, de la seguridad social, etc.

Y, por supuesto, también a los políticos con “mando en plaza”: diputados, senadores, concejales, etc.

No hablo de los concejales o delegados de urbanismo, porque esos, con carácter general, deberían estar siendo investigados de forma permanente…

¿Cómo consiguió un comisario como Villarejo, burlar la ley de incompatibilidades, y darse de alta como abogado, cobrando minutas millonarias por sus “trabajos” de fontanería judicial, o más bien de alcantarillas putrefactas de la política y la administración de justicia…?

 Y digo más: ¿para qué sirve la sección, servicio o departamento de Asuntos Internos del cuerpo nacional de policía…?