BBVA ha presentado un escrito ante el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional para solicitar su intervención como perjudicado directo en la pieza separada número 9 del Caso Tándem, en el que se investiga el espionaje masivo ordenado presuntamente por la propia entidad cuando la constructora Sacyr pretendía tomar el control de la misma en el año 2004. Sobre esta cuestión surge la duda relativa a la posibilidad que tiene una persona jurídica de intervenir en un mismo proceso penal como sujeto perjudicado y como persona acusada.

 

En lo que respecta a la condición de una persona jurídica como persona perjudicada no hay muchas dudas. Si una entidad sufre daños y perjuicios por un delito, podrá, conforme al artículo 38 del Código Civil, ejercer las acciones que correspondan, tanto para ejercer la acusación contra el posible autor del delito como para reclamar la indemnización que entienda pertinente. El problema es que puede haber mas dudas por la posible responsabilidad penal de una persona jurídica.

 

Hay que tener presente que el artículo 31 bis del Código Penal, existente desde 2010 y modificado en 2015, establece que en los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma, siendo cierto que también serán responsables, cuando lo indique el Código Penal, de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso. Sin embargo, no existirá responsabilidad de la persona jurídica cuando el órgano de administración haya adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyan las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

 

Para el debido análisis del Caso Tándem en relación con la simultánea condición de perjudicado y de acusado de BBVA, hay que tener presente que la comisión de un delito por parte de la entidad excluiría la posibilidad de que pudiera ser considerada perjudicada por los hechos delictivos cometidos. Por ese motivo, habría que estudiar si existe responsabilidad penal de BBVA o no.

 

Con la regulación actual, es necesario que las entidades intervinientes en la posible comisión de delitos participe en el proceso penal aportando toda la documentación necesaria para acreditar la existencia de un plan de cumplimiento normativo de la persona jurídica que se haya adoptado y ejecutado y cuya eficacia se haya eludido fraudulentamente para lograr la comisión de delitos por haber sido eludido por parte de los infractores, pudiendo confirmarse, de esa manera, que la participación de la persona jurídica afectada por la investigación en el proceso penal no tiene la finalidad de obstaculizar el esclarecimiento de los hechos. Existiendo la inocencia de una entidad, la misma podrá ser considerada un perjudicado.

 

Lo más adecuado es que BBVA comparezca como sujeto pasivo en el proceso penal y que, a menos que se confirme en la instrucción que no tuvo intervención alguna en los hechos, se dirija la acción penal correspondiente contra la entidad en el juicio oral, en cuyas sesiones su abogado podrá esgrimir los argumentos fácticos y jurídicos que sean necesarios para que la sentencia que se dicte finalmente declare, en su caso, la inexistencia de responsabilidad de BBVA y la existencia de los daños y perjuicios que la misma entidad haya podido sufrir la entidad por los delitos investigados por el Caso Tándem.