Parece que Pedro Sánchez ha accedido a la pretensión de los secesionistas de celebrar un referéndum encubierto sobre la independencia de Cataluña, desarrollando para ello una votación sobre determinadas cuestiones políticas de especial trascendencia. El problema es que esa manera de obrar atenta contra la previsión contenida en el artículo 92 de la Constitución, que recoge la posibilidad de celebrar un referéndum nacional sobre cuestiones de especial trascendencia, aunque ello no debe importar mucho al líder del PSOE partiendo de la idea de democracia que más interesa a los dirigentes secesionistas.

Hay varias sentencias del Tribunal Constitucional que determinan la inviabilidad de celebrar una votación para decidir en Cataluña sobre asuntos que afectan a la totalidad de los ciudadanos de España. Se pueden resaltar tres resoluciones cuyo contenido resulta muy interesante a los efectos de estudiar el problema planteado.

En un primer momento, la Sentencia del Tribunal Constitucional 42/2014, de 25 de marzo, estableció que el artículo 2 de la Constitución es un precepto ““base de todo nuestro ordenamiento jurídico” (STC 6/1981, FJ 3), atribuye, por tanto, con carácter exclusivo la titularidad de la soberanía nacional al pueblo español, unidad ideal de imputación del poder constituyente y, como tal, fundamento de la Constitución y del Ordenamiento jurídico y origen de cualquier poder político (SSTC 12/2008, FJ 4; 13/2009, FJ 16; 31/2010, FJ 12)”, exponiendo que “El reconocimiento al pueblo de Cataluña de la cualidad de soberano, no contemplada en nuestra Constitución para las nacionalidades y regiones que integran el Estado, resulta incompatible con el art. 2 CE, pues supone conferir al sujeto parcial del que se predica dicha cualidad el poder de quebrar, por su sola voluntad, lo que la Constitución declara como su propio fundamento en el citado precepto constitucional: “la indisoluble unidad de la Nación española””, motivo por el cual “este Tribunal tiene declarado que “la Constitución (arts. 1 y 2) parte de la unidad de la Nación española que se constituye en Estado social y democrático de Derecho, cuyos poderes emanan del pueblo español en el que reside la soberanía nacional””. Después, la Sentencia del Tribunal Constitucional 259/2015, de 2 de diciembre, afirmó que “en el Estado social y democrático de Derecho configurado por la Constitución de 1978 no cabe contraponer legitimidad democrática y legalidad constitucional en detrimento de la segunda; la legitimidad de una actuación o política del poder público consiste básicamente en su conformidad a la Constitución y al ordenamiento jurídico” de modo que “Sin conformidad con la Constitución no puede predicarse legitimidad alguna”, pues “En una concepción democrática del poder no hay más legitimidad que la fundada en la Constitución”. Finalmente, la Sentencia del Tribunal Constitucional 114/2017, de 17 de octubre, indicó que “el sometimiento de todos a la Constitución es otra forma de sumisión a la voluntad popular, expresada esta vez como un poder constituyente del que es titular el pueblo español, no ninguna fracción del mismo”, ya que “En el Estado constitucional no puede desvincularse el principio democrático de la primacía incondicional de la Constitución [STC 259/2015, FJ 4 b)]; lo que tampoco consiente a ningún poder constituido a adoptar decisiones que se pretendan irreversibles o sin retorno para la comunidad política” y “Precisamente es inherente a la idea de democracia la reversibilidad de las opciones normativas [SSTC 31/2010, FJ 6; 163/2012, de 20 de septiembre, FJ 9; 224/2012, de 29 de noviembre, FJ 11, y 259/2015, FJ 5 b)]”, destacando que “La Nación en cuya unidad la Constitución se sustenta es la de todos los españoles, como ciudadanos libres e iguales en derechos”, que “Son los únicos que, en hipótesis, podrían ser llamados a decidir sobre la permanencia y el destino del Estado común (art. 168 CE), sin que el poder constituyente del que son titulares únicos siguiera mereciendo ese nombre en el supuesto de que tal decisión se atribuyera a solo una fracción del pueblo español, como pretende la Ley 19/2017”, algo lógico, pues “Lo que a todos afecta, es decir, la permanencia o no de ese Estado común en que España quedó constituida, no podría, llegado el caso, sino ser reconsiderado y decidido también por todos [STC 90/2017, FJ 6.a)]; lo contrario entrañaría, con la ruptura de la unidad de la ciudadanía, la quiebra, en términos jurídico-constitucionales, de la Nación de todos”.

Como puede comprobarse, las diferentes sentencias expuestas se basan en argumentos conexos para llegar a una misma conclusión: el independentismo catalán es un invento sin soporte jurídico alguno.

Los actuales dirigentes del PSOE han buscado seguir controlando el Gobierno nacional a cualquier precio, pero es posible que, por las cesiones hechas en favor de ERC, no puedan gobernar España, sino, simplemente, conseguir provecho mientras ocupan altos cargos públicos. Una votación como la que puede llegar a permitir Pedro Sánchez sería objeto de impugnación ante el Tribunal Constitucional mediante un recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP, por Vox o por ambos, regresando de esa triste manera a la casilla de salida en la que se ubicaron los acontecimientos del día 1 de octubre de 2017 y por los que se ha potenciado de una forma peligrosa el secesionismo catalán.