Son bastantes las voces que están sonando para protestar contra lo que algunos consideran actuaciones desproporcionadas de los agentes de seguridad del Estado y de Cataluña frente a los manifestantes que están protestando por las condenas establecidas por la Sentencia del Tribunal Supremo 459/2019, de 14 de octubre. Además, la Generalitat anunció el inicio de una vergonzosa investigación para estudiar la actuación de sus agentes de seguridad en las revueltas populares.

 

Por regla general, se puede decir que los agentes de las policías nacional y autonómica catalana están obrando ajustándose al cumplimiento de un deber conforme a la normativa aplicable, pues el artículo 4.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señala que “Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias”. Hay que tener presente que la Sentencia del Tribunal Supremo 263/2008, de 20 de mayo, establece que “Los casos más importantes de cumplimiento de un deber son aquellos relacionados con las obligaciones impuestas a cargos públicos, cuyo efectivo cumplimiento supone la vulneración de un bien jurídico perteneciente a un tercero”, como “ocurre con el derecho a la libertad en el caso de la detención o, especialmente, con el derecho a la integridad física cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad recurren a la violencia para el cumplimiento de sus funciones”, siendo cierto que “En estos casos ha de atenderse a que los agentes se encuentren en el ejercicio de sus funciones, con exigencias más rigurosas si el agente se encuentra fuera de su demarcación o franco de servicio; que el empleo de la violencia sea necesario, requisito ineludible para la eximente completa o incompleta, y que la empleada sea proporcional a la necesidad de recurrir a ella, lo cual ha de ponerse en relación directa con la importancia o trascendencia de la infracción concreta que se trata de evitar mediante la actuación en cumplimiento del deber, sin perder de vista que no se trata de una mera comparación entre los bienes jurídicos afectados y los males que se les pueden ocasionar, sino de una operación de mayor amplitud en la que del lado del cumplimiento del deber se encuentra la vigencia del derecho frente a su vulneración”.

 

Los agentes de seguridad del Estado y de Cataluña deberían actuar con más contundencia y sin miedo a reproches sociales emitidos desde los diferentes sectores independentistas, pues los mismos existirán en cualquier caso aunque la fuerza empleada por los policías sea mínima, ya que se desea lograr la implantación de un discurso en el que el Estado sea visto como una entidad opresora que restringe indebidamente los derechos fundamentales y las libertades públicas, como se ha podido comprobar con recomendaciones difundidas entre los seguidores más radicales del independentismo, que sugieren exagerar los daños sufridos por las actuaciones policías para denunciar abusos de autoridad. El problema es que actuar de forma laxa ha servido de poco en los últimos años y parece que obrar con mano blanda ha ido dando alas a los secesionistas catalanes, que se encuentran embriagos por un fuerte sentimiento de impunidad y endiosamiento por creer que no son responsables de sus propios actos.

 

Cuanto mayor es la fuerza ilegítima empleada para derribar al Estado, mayor es la fuerza legítima que deben utilizar sus agentes para asegurar la integridad de los ciudadanos. Considerar lo contrario implica desear que España deje de ser lo que es y que sus habitantes sufran las consecuencias de los abusos en los que, con la excusa de la democracia, pueden incurrir unos pocos que han logrado manipular a determinados sectores de la sociedad.