Se ha aprobado la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid. Esta norma, que entrará en vigor el día 1 de enero de 2020, tiene por objeto la regulación, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, de la transparencia en su doble vertiente de publicidad activa y de derecho de acceso a la información pública y la participación y colaboración ciudadana en los asuntos públicos, para poder iniciar la reconciliación entre las instituciones y gestores públicos con el conjunto de la sociedad para la que trabajan, en la medida que facilita y pone en práctica la rendición de cuentas.

 

Debe tenerse presente que nueva norma establece la obligación de publicar la información sobre las actividades de la Administración Pública de la Comunidad de Madrid, la Administración Pública de las entidades locales y de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid en todo aquello que no afecte a su autonomía constitucionalmente garantizada, las entidades públicas y privadas vinculadas o dependiente de las mismas, las corporaciones madrileñas de Derecho Público, la Asamblea de Madrid, la Cámara de Cuentas, los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales, así como de las demás entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas financiadas con cargo a los Presupuestos de la Comunidad de Madrid, cuando las ayudas o subvenciones que perciban superen los 60.000 euros o cuando las mismas representen al menos el 30% del total de sus ingresos anuales, siempre que alcancen la cantidad de 5.000 euros. Además, se implanta la obligación de suministrar información de las personas, sean físicas o jurídicas, que presten servicios públicos, ejerzan potestades administrativas o tengan vinculación contractual con los organismos y entidades públicas sujetas a la citada ley.

 

Ciertamente, no era necesario que se aprobara la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid. Solo se requería actuar adecuadamente para suministrar información sobre las actividades públicas conforme a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que es aplicable en las Comunidades Autónomas según su artículo 2. El problema es que las leyes de transparencia, que ya existen en la mayoría de las Comunidades Autónomas, son muy útiles para regular el acceso a los datos de las actuaciones de los entes públicos cuya aplicación habitual provoca que resulte complicado poder conocer la información sobre las mismas, causando que se obstaculiza el efectivo ejercicio de facultades de control por parte de los ciudadanos sobre las instituciones públicas.