Un abogado que llegaba tarde a un juicio que se iba a celebrar en Yecla y en el que tenía que asistir a una persona acusada por un delito contra la seguridad vial cometió otro delito contra la seguridad vial al ir por la A-33 a más de 200 kilómetros por hora. La conducción del letrado no pasó desapercibida ni en la carretera ni en las calles del municipio, pues se produjo una persecución a partir del momento en el que el helicóptero Pegasus, útil instrumento para vigilar las carreteras y cazar a infractores a los que sancionar, detectó al abogado que, raudo como el viento, vulneró las normas de tráfico de manera contundente.

 

El delito cometido por el letrado se encuentra en el artículo 379 del Código Penal, que establece que el que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. Ciertamente, el abogado ha admitido que se siente “arrepentido pero no avergonzado”, ya que su conducta fue necesaria “para defender los intereses de un cliente en un procedimiento judicial” y “en ningún caso fue una conducción caprichosa ni imprudente", no llegando a poner "en peligro la vida de nadie”, aunque la ausencia de riesgo por la conducción es irrelevante en la medida en que, según la Circular de la Fiscalía General del Estado 10/2011, de 17 de noviembre, sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en materia de seguridad vial, es un delito de peligro abstracto, de modo que, conforme a lo afirmado por José Cerezo Mir en un trabajo académico, el delito queda completamente ejecutado aunque en el caso concreto no se haya producido un riesgo para el bien jurídico protegido, al contrario de lo que ocurre en los delitos de peligro concreto, en los que el riesgo para el bien jurídico es un elemento del tipo, de modo que el delito queda sólo totalmente ejecutado cuando se ha producido realmente el peligro para el bien jurídico.