La Junta de Andalucía ha indicado que procederá con la entrega de los datos que Vox solicitó a través de la Mesa del Parlamento andaluz sobre la situación de los empleados que desarrollan la prestación de sus servicios en las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género y en los Equipos de Familia. La información suministrada se refiere, únicamente, a las titulaciones de esos profesionales y a su situación de colegiación, de manera que quedaron excluidos los datos personales de los empleados.

 

Hay que tener presente que la actuación de la Junta de Andalucía, que puede ser calificada como muy limitada y ajustada a la normativa, es absolutamente coherente y hasta podría calificarse como insuficiente. La Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, señala en su Exposición de Motivos que "el ejercicio del derecho de acceso a los documentos públicos proporciona una fuente de información para el público; ayuda a este a formarse una opinión sobre el estado de la sociedad y sobre las autoridades públicas, y fomenta la integridad, la eficacia, la eficiencia y la responsabilidad de las autoridades públicas, ayudando así a que se afirme su legitimidad". La eficacia y la eficiencia son claves en las materias propias de la poco efectiva Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que, teóricamente, proporciona una respuesta integral al problema indicado con la debida formación de los operadores sanitarios, policiales y jurídicos responsables de la obtención de pruebas y de la aplicación de la ley.

 

Muchos contemplan la aportación de información sobre los extremos señalados anteriormente como el primer paso para ejecutar una purga o para evitar que los teóricos especialistas no trabajen adecuadamente con la finalidad de combatir la violencia contra las mujeres ejercida contra ellas por personas con las que mantengan o hayan mantenido una relación de afectividad. Sin embargo, el motivo real es que se quiere verificar, por razones de transparencia, que los profesionales que trabajan en el ámbito de la violencia de género tienen la titulación requerida para desarrollar eficazmente sus labores en Andalucía y que no son simples enchufados, como muchos temen. El problema es que, a la vista de los datos de colegiación que se han divulgado, se pueden decir que no son pocos los “especialistas” que han sido colocados por motivos de parentesco o amistad.

 

La revisión de los datos sobre titulaciones y formación de los empleados públicos que en Andalucía ejercen funciones vinculadas con la violencia de género debería servir para garantizar la plena objetividad y credibilidad de esos profesionales de un modo que ayude a lograr el esclarecimiento de los hechos en los procesos penales por violencia de género, en los que hay que proteger a la teórica víctima sin menoscabar las garantías que corresponden al acusado, que, aunque podrá ser condenado o no, se presume inocente mientras las partes acusadoras acrediten su culpabilidad, guste o no guste.