Algunos líderes políticos han hablado de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, cuyos mecanismos se podrían activar por los problemas que está generando la violencia motivada por el independentismo en Cataluña. Para comprender esa norma, hay que tener presente que la Seguridad Nacional se entiende como la acción del Estado dirigida a proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en cumplimiento de los compromisos asumidos; concepto que, hasta la fecha, no había sido objeto de una regulación normativa integral, siendo cierto que la Ley de Seguridad Nacional se dictó por que el superior interés nacional requiere mejorar la coordinación de las diferentes Administraciones Públicas, buscando marcos de prevención y respuesta que ayuden a resolver los problemas que plantea una actuación compartimentada, organizando a diversos niveles y de manera integral, la acción coordinada de los agentes e instrumentos al servicio de la Seguridad Nacional.

 

El Título III de la Ley de Seguridad Nacional regula la gestión de crisis, como marco general de funcionamiento del Sistema de Seguridad Nacional, y establece definiciones y competencias en dicha materia, estableciéndose en la regulación de la situación de interés que no se ejerzan en ella las potestades propias de los estados de alarma y de excepción, de modo que si ello fuere necesario habría que proceder a su declaración y al sometimiento a su normativa específica. Concretamente, la Ley de Seguridad Nacional determina en su artículo 23.3 que la situación de interés para la Seguridad Nacional se afrontará con los poderes y medios ordinarios de las distintas Administraciones Públicas y en ningún caso podrá implicar la suspensión de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos, señalándose en el artículo 22.2 de la misma norma que la gestión de crisis se desarrollará a través de instrumentos de prevención, detección, respuesta, retorno a la normalidad y evaluación, con un desarrollo que será gradual y que implicará a los diferentes órganos que componen la estructura del Sistema de Seguridad Nacional, según sus competencias y de acuerdo con la situación de crisis que se produzca, garantizándose que las autoridades de la Comunidad Autónoma que, en su caso, resulte afectada, participen en la gestión de las circunstancias.

 

El problema es que hay límites claros para la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional. La Sentencia del Tribunal Constitucional 184/2016, de 3 de noviembre de 2016, resolvió el recurso de inconstitucionalidad 7330-2015, que fue interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional. Esa resolución establece que “No se vulneran las competencias autonómicas sobre protección civil o seguridad pública puesto que, tal y como la situación de interés para la seguridad nacional aparece configurada, estas competencias siguen siendo ejercitadas por las Comunidades Autónomas con sus propios recursos, si bien en el marco de una situación de mayor coordinación, justificada por la envergadura y relevancia de la crisis que debe afrontarse, la cual exige una movilización unitaria de los medios disponibles” y que “lo relevante en relación con la regulación de la estrategia de seguridad nacional contenida en la Ley 36/2015 es que, pudiendo aquella afectar a las competencias autonómicas, como admiten las partes, las Comunidades Autónomas respectivas tengan la posibilidad de participar en su elaboración, para lo cual la Ley 36/2015 arbitra mecanismos suficientes”.

 

Existiendo la Ley de Seguridad Nacional, debería parecer que no resulta necesario aplicar el artículo 155 de la Constitución, pues, por el momento, se puede controlar la violencia en Cataluña por los medios ordinarios. Sin embargo, no se puede descartar, para el caso en el que haya un desbordamiento de la conflictividad política y social, la utilización de la coerción estatal del mismo artículo 155 y, tampoco, la declaración de un estado de sitio conforme al artículo 116 de la Constitución en relación con la Ley, cuyo artículo 32 indica que “Cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios, el Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el apartado cuatro del artículo ciento dieciséis de la Constitución, podrá proponer al Congreso de los Diputados la declaración de estado de sitio”.