Pedro Sánchez se ha propuesto impulsar la aprobación de todos los decretos-leyes que sea posible hacer hasta el comienzo de la campaña de las elecciones generales con la clara finalidad de seguir implantando medidas con las que conseguir atraer a más electores. Lamentablemente, se ha visto con mucha frecuencia la aprobación frenética de decretos-leyes al final de las legislaturas anteriores, aunque es cierto que, teóricamente, el decreto-ley es una norma excepcional.

El artículo 86 de la Constitución establece que, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. Las Sentencias del Tribunal Constitucional 182/1997, de 28 de octubre, 11/2002, de 17 de enero, y 137/2003, de 3 de julio, tras reconocer la relevancia que en la apreciación de la extraordinaria y urgente necesidad ha de concederse “al juicio puramente político de los órganos a los que incumbe la dirección del Estado”, se declara que “la necesaria conexión entre la facultad legislativa excepcional y la existencia del presupuesto habilitante” conduce a que el concepto de extraordinaria y urgente necesidad que se contiene en la Constitución no sea, en modo alguno, “una cláusula o expresión vacía de significado dentro de la cual el lógico margen de apreciación política del Gobierno se mueva libremente sin restricción alguna, sino, por el contrario, la constatación de un límite jurídico a la actuación mediante decretos-leyes”. Por ello mismo se afirma que es función propia del Tribunal Constitucional “el aseguramiento de estos límites, la garantía de que en el ejercicio de esta facultad, como de cualquier otra, los poderes se mueven dentro del marco trazado por la Constitución”, de forma que “el Tribunal Constitucional podrá, en supuestos de uso abusivo o arbitrario, rechazar la definición que los órganos políticos hagan de una situación determinada” y, consecuentemente, declarar la inconstitucionalidad de un decreto-ley por inexistencia del presupuesto habilitante por invasión de las facultades reservadas a las Cortes Generales por la Constitución, como se señala en las Sentencias del Tribunal Constitucional 11/2002, de 17 de enero, y 137/2003, de 3 de julio. Sin embargo, el análisis que se lleva a cabo con la mayoría de sentencias no es demasiado estricto y, en muchos casos, se ha declarado la constitucionalidad de decretos-leyes dictados sin que fuera fácilmente apreciable la situación de extraordinaria y urgente necesidad.

 

María Emilia Casas Baamonde indicó en un voto particular, dictado para disentir de la postura mayoritaria de la Sentencia del Tribunal Constitucional 332/2005 y al que se adhirió Eugeni Gay Montalvo, que entiende que “La posición defendida por la mayoría abunda en la línea de legitimar la adopción de decretos- leyes en toda circunstancia, haciéndose así cada vez más indiscernible el que, en mi opinión, es el verdadero fundamento constitucional de la legislación de urgencia por parte del Gobierno”, ya que “la idea de principio debiera ser que únicamente es admisible la adopción de un decreto-ley si es inaplazable regular una materia reservada a la ley en un tiempo inferior al necesario para la aprobación de una ley formal por las Cortes Generales”, siendo cierto que parece lógico decir que “el Gobierno, en suma, no puede regular legislativamente cualquier materia y en cualquier circunstancia, sino sólo cuando sea inevitable”. Con esa concepción, más de la mitad de los decretos-leyes que se han considerado constitucionales serían inconstitucionales y se podría evitar más fácilmente el uso electoralista de una norma que debería ser utilizada con carácter excepcional para situaciones muy concretas.