La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 26 de noviembre de 2019 ha declarado la absolución de Xabi Alonso ante la acusación ejercida contra el que fue futbolista del Real Madrid por la posible comisión de tres delitos contra la Hacienda Pública en los ejercicios de 2010, 2011 y 2012 por los que la Fiscalía le pedía dos años y medio de prisión.

 

Los antecedentes son importantes. Xabi Alonso adquirió la titularidad de una sociedad localizada en Madeira en 2009 por cinco millones de euros, por la que iba a poder aprovechar un régimen fiscal especial por el que disfrutaba de una exención hasta el año 2012 y una tribución muy reducida en los dos años siguientes. Posteriormente, cedió sus derechos de imagen por 288.305 euros en 2001 y por 2,28 millones en 2012

 

Hay que tener presente que la Audiencia Provincial señala que “los hechos no son constitutivos de los delitos contra la Hacienda Pública imputados”, ya que “resultaba procedente -en cuanto ajustado al régimen fiscal vigente- no someter a tributación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas del jugador los rendimientos por éste obtenidos como consecuencia de la cesión, pues se cumplen todos los requisitos que dicho régimen fiscal”, pues "Resulta irrelevante, a los efectos que nos ocupan”, según la resolución, “el acto de localización de esta empresa para efectuar con ella la gestión”, pues "lo verdaderamente importante, a tenor del camino que han seguido las acusaciones, no es la clase de sociedad a la que se ceden los derechos, ni el régimen fiscal derivado de su localización, ni los propietarios de la misma”. Lo relevante es “determinar si, ante la supuesta falta de infraestructura” de la sociedad, la misma “constituía un puro instrumento formal de ingresos y pagos, que no desarrolló función alguna en la explotación de la imagen del acusado y que solo fue empleada para eludir le pago de los tributos debidos porque, en definitiva era falsa la cesión de los derechos de imagen”.

 

Puede afirmarse con total seguridad que la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 26 de noviembre de 2019 constituye un golpe en la línea de flotación de la estrategia procesal de Hacienda para los delitos fiscales, pues la Administración Tributaria estaba basándose en en la búsqueda de acuerdos con los acusados para conseguir el pago de grandes cantidades de dinero a cambio de peticiones de penas de prisión reducidas que, al imponerse mediante sentencia, no implicaban el ingreso en un establecimiento penitenciario. De ese modo, Hacienda aprovechaba la fuerza del proceso penal para asegurarse relevantes ingresos efectuados por personas que, estando acusadas y ante la amenaza del ingreso en una prisión, preferían abonar elevadas sumas antes que terminar viendo sus huesos en la cárcel.

 

A la Administración Tributaria le toca ahora revisar su planificación para los procesos penales en los que están discutiéndose fraudes fiscales que pueden tener trascendencia penal, pues, con el caso de Xabi Alonso, ha quedado demostrado que no bastan las sospechas o débiles indicios para sostener la acusación contra una persona que pueda constatar que, durante el final de la década pasada y los inicios de la presente, utilizó una sociedad con actividad efectiva para declarar por sus derechos de imagen en un Estado con una escasa presión fiscal.