Unidas Podemos ha exigido a Pedro Sánchez, como una de las condiciones indispensables para apoyar un Gobierno liderado por el PSOE, la derogación de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, de manera que se puedan perseguir y enjuiciar los delitos cometidos por los colaboradores del franquismo y reparar los daños causados por los actos de los mismos. Sin embargo, nada dice de aquellos que cometieron delitos siendo parte de ETA o del bando republicano.

 

La Ley de Amnistía, que se aprobó para poder iniciar el camino hacia la democracia sin arrastrar el odio de periodos anteriores, determina que quedan amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976, todos los actos de la misma naturaleza realizados entre el 15 de diciembre de 1976 y el 15 de junio de 1977, cuando en la intencionalidad política se aprecie además un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España, y todos los actos de idéntica naturaleza e intencionalidad política realizados hasta el 6 de octubre de 1977, siempre que no hayan supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas. Las infracciones comprendidas especialmente son los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o motivo de ellos, la objeción de conciencia a la prestación del servido militar por motivos éticos o religiosos, los delitos de denegación de auxilio a la Justicia por la negativa a revelar hechos de naturaleza política, conocidos en el ejercicio profesional, los actos de expresión de opinión que fueron realizados a través de cualquier otro medio de comunicación, los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en la propia Ley de Amnistía y los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas.

 

Hay que tener presente que la propuesta de Unidas Podemos no se ajusta al ordenamiento jurídico por varios motivos. Además de la propia vulneración del artículo 14 de la Constitución por establecer una derogación de la Ley de Amnistía que solo perjudicaría a algunos, se produciría una clara infracción del artículo 9.3 de la Constitución, que establece la prohibición de la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, pues se produciría el renacimiento de una responsabilidad penal que ya se extinguió mediante una norma que tendría, por su propia naturaleza, plenos efectos retroactivos.

 

Probablemente, una ley de derogación de la Ley de Amnistía sería declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional en un proceso iniciado por un recurso de inconstitucional o con una cuestión de inconstitucionalidad, siendo también posible el planteamiento de una cuestión interna de inconstitucionalidad durante la tramitación de un recurso de amparo por el mismo Tribunal Constitucional. En el caso en el que se llegara a producirse alguna condena, la misma podría revocarse tras la declaración de inconstitucionalidad de la ley de derogación de la Ley de Amnistía, pues el artículo 40 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, establece que las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley permitirán revisar procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad.

 

Muchos de los que critican la existencia de la Ley de Amnistía hablan de diálogo y de seguir caminando hacia el futuro mientras, irónicamente, miran hacia el pasado buscando castigos de un modo que solo puede lograr recuperar la división de los ciudadanos, que ya produjo más daños de los que pueda merecer cualquier persona.