Borrachos por el efecto del tejemaneje entre el neo-PP de Casado y el PSOE de Sánchez al repartirse, mirando al tendido, el control del Poder Judicial y la presidencia del Tribunal Supremo, los medios medianamente afines al “Gobierno de ocupación” no parecen haber prestado mucha atención al hecho de que, en este vodevil de la Justicia española, la procesión en verdad va por dentro. Nos referimos al papel, altamente prevaricador y protector de la insurgencia secesionista que juega en Cataluña el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) en el ejercicio de las facultades jurídicas otorgadas por los gobiernos del bipartidismo a la Comunidad Autónoma de esas cuatro provincias catalanas.

Dos sucesos en las últimas 48 horas ilustran sin lugar a dudas el extraño comportamiento de dicho Tribunal, cuyas sentencias respetaremos porque no tenemos más remedio. Una es de carácter personal y la otra, mucho más grave, de corte institucional. La primera es la sentencia por la cual el TSJC archiva la causa contra el sedicioso ex-conseller de Presidencia Jordi Turull por ceder patrimonio a su esposa poco antes del 1-O, hecho que constituye un alzamiento de bienes como la copa de un pino que de esta forma queda impune. La segunda, para la que no hay sentencia alguna, es la pasividad con la que el TSJC, con la obvia aprobación de Moncloa, se ha puesto de perfil en el espinoso tema de las “embajadas catalanas” que pese a las prohibiciones del pasado año han vuelto a planificarse y financiarse con total impunidad, siendo la de Washington la primera en abrir sus puertas sin que el ministro Borrell ni ningún otro miembro del Gobierno central haya dicho ni pio.  

En el caso de Turull, la Fiscalía le había acusado de un delito de “insolvencia pasiva” por hacerse el insolvente cediendo parte de su patrimonio a su esposa, meses antes del 1-O, con el fin de eludir cualquier cuantiosa multa que le pudieran imponer por sus actos sediciosos. Lo curioso es que el juez del TSJC Francisco Valls acuerda el sobreseimiento de la causa después de que la propia Fiscalía lo solicitara, es decir, después de que algo o alguien hiciera que la Fiscalía cambiara de chaqueta. Una Fiscalía que en un principio presentó la querella contra el acusado, considerando que se desprendió de parte de sus bienes para burlar posibles responsabilidades civiles que pudieran imponérsele por su actuación en el “procès”, y que ahora pedía el sobreseimiento como si se le hubiera aparecido la Madre Teresa de Calcuta. Por su parte, el TSJC señalaba como motivaciones jurídicas del sobreseimiento que la responsabilidad de Turull “ha sido cubierta por un tercero, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y, en consecuencia, se ha declarado solventes a los procesados”, y añadía que la investigación “no ha permitido acreditar suficientemente los indicios criminales” ni aclarar los verdaderos propósitos de Turull. Y no era moco de pavo lo que Turull alzó: Una casa en Parets del Vallès (Barcelona) y una cuenta corriente común que mantenía con su mujer. En otras palabras, que si a resultas del juicio pendiente se le impusiera a Jordi Turull una cuantiosa multa el ex-conseller se irá de rositas.  

Lo de las “embajadas catalanas” es, con todo, mucho más sangrante. La Generalitat de Cataluña, pasándose por el forro la prohibición del pasado año que motivó la aplicación del Artículo 155, ha vuelto a poner en marcha su plan de establecer embajadas en diferentes países con el fin de que funcionen como trampolines en favor del independentismo catalán. Sin la menor traba por parte de nuestro Ministerio de AA.EE., ni censura alguna de Moncloa, ni congelación de recursos financieros, ni nada de nada, acaba de abrir un fastuoso y caro local en la calle K de Washington, a poca distancia de la Casa Blanca. Ha ido a abrirla y a reunirse con todo el que ha podido - que han sido muy pocos - el conseller de Exteriores, Ernest Maragall. Es la primera que renace, cual Ave Fénix, del grupo de embajadas que se cerraron el año pasado en Alemania, Suiza, Italia, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Austria y EEUU - la última con un costo de €850.000 de nuestro bolsillo. A la ceremonia de re-apertura la Generalitat invitó a un pequeño grupo de periodistas catalanes y a la Agencia EFE; no se invitó a ningún otro medio español. Menos mal que nuestro Embajador, Cabanas, invitado al acto, tuvo la dignidad de no asistir al mismo. El propio Cabanas decía hace poco que su mayor desafío era el de frenar la propaganda separatista que viene difundiéndose desde hace años a través de estas “embajadas” y por una amplia red de activistas incrustados en el mundo universitario norteamericano para quienes España es un estado agresor y represivo. Uno de los efectos próximos de esta actividad es la retirada de la estatua de Cristóbal Colón en California, al que los gusanos de la ANTIFA - primos hermanos de nuestros podemitas - califican de genocida universal.

Pero al otro lado del charco, en España, lo que de verdad preocupa en estos casos es la indolencia, pasividad, cobardía y cuantos calificativos puedan aplicarse al Gobierno Central, que no mueve un dedo por ilegalizar una actividad de por sí 100% ilegal, y la permanente laxitud y posible prevaricación de un TSJC que no prohibe estas actividades previamente ilegalizadas. Una torpe y peligrosa cesión del Estado - la de la Justicia - que con el Estatuto para Cataluña no hizo otra cosa que dispararse estúpidamente en su propio pie. El TSJC es el sinapismo que la secesión catalana aplica a sus problemas legales - sean personales , como el de Jordi Turull, o institucionales como el de la Consellería de Exteriores de la CAC y sus “embajadas”. No es de recibo que un Gobierno Central, a la vista de las contínuas afrentas al Estado y a sus instituciones, y la descarada desobediendia de la legislación vigente, se haga el sueco y consienta en silencio esta burla permanente a la Constitución Española y al honor y dignidad de todo el pueblo español.