Tras la muerte del General Franco en noviembre de 1975, se abre un periodo incierto en el que se intentan poner las bases institucionales para lograr una plena democratización del país y tratar de volver a los cauces democráticos, devolviendo la soberanía al pueblo español a través de los partidos políticos y sindicatos, elecciones libres y un marco legal supremo y democrático que entroncaba con la legislación española de los precedentes siglos XIX y XX; la constitución.

Automáticamente, los representantes de los grandes partidos elegidos en las elecciones generales de 1977, UCD, PSOE, PCE, AP y los nacionalistas vascos y catalanes, se ponen en marcha para redactar la que, hasta este momento, es la octava constitución de la historia reciente de nuestro país.

Si bien el modelo de los partidos políticos se ha demostrado a lo largo de las últimas décadas como un motivo más de división y enfrentamiento entre los españoles, lo cierto es que el horizonte de un régimen de libertades y democrático, levantó el entusiasmo entre la mayor parte de los españoles en aquellos turbulentos y complicados años de la transición española.

La constitución de 1978, elaborada en teoría por consenso entre los representantes de la mayor parte de los partidos políticos, en realidad se cocinó por el bipartidismo ya reinante en aquellos años de la derecha y la izquierda, de la UCD y el PSOE, y podemos analizarla con reserva en dos aspectos fundamentales; los aspectos que están incluidos y que son criticables, y los aspectos que, estando incluidos, se tienden a no cumplir y quedan en papel mojado.

En primer lugar este texto, si bien fue la culminación de toda una etapa de recuperación de derechos cívicos y políticos, nace con una serie de elementos que pueden ser cuestionables, tales como:

-Artículo 6: Otorga un protagonismo especial a los partidos políticos y a la vía electoral como camino prioritario de participación política y ciudadana. A pesar de ser preferible  la participación ciudadana a través de los sindicatos, asociaciones y municipios, la priorización de los partidos es una forma de asentar la partitocracia, en detrimento del municipio, las asociaciones o las iniciativas ciudadanas como interlocutores válidos de participación y legitimación política de la ciudadanía española.

-Artículos 56-71: En estos dos artículos se garantiza la inmunidad de las máximas autoridades políticas del estado español: el Rey, los diputados y los senadores, a los que se les concede inmunidad e inviolabilidad. En el punto 56.2 se reconoce al Rey como “inviolable y no sujeto a responsabilidad”. Aunque muchos españoles no lo conozcan, mismos derechos se les reconocen a diputados y senadores en el Artículo 71 que recoge que estos “gozarán de inviolabilidad e inmunidad” entendidas en el caso de respeto a personalidades representativas de la voluntad popular, pero a las cuales se les conceden éstos privilegios.

-Artículos 122.3-159.1: En esta articulación se asientan las bases para la actual politización del sistema judicial español, al legalizar que, de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial, al menos 8 de ellos sean elegidos por la clase política española. Algo similar ocurre en el caso del Tribunal Constitucional de cuyos 12 miembros, 8 son nombrado nombrados por el Congreso y el Senado y otros 2 (es decir 10 de 12) por el Gobierno, evidenciando la inevitable politización de los asuntos judiciales y constitucionales que quedan, pues, en manos de un grupo jurídico abiertamente politizado (al estar designados directamente por los partidos políticos parlamentarios).

-Título VIII: En general, todo este título que establece el funcionamiento de las comunidades autónomas se encuentran sumergido en una ambigüedad absoluta de competencias autonómicas, al recurrirse constantemente a expresiones del estilo de “sin perjuicio de” o que simplemente otorga al Estado la potestad de fijar las “bases” de una determinada materia, pero sin entrar a especificar nada más, y que impiden un normal desarrollo del modelo autonómico español, sumido desde 1978 en un continuo limbo caótico legal y que lleva a las luchas de taifas del estado autonómico actual.

Por otro lado, el texto constitucional reconoce una serie de derechos fundamentales, recogidos claramente en el texto, pero que los sucesivos gobiernos de PSOE y de PP han considerado como papel mojado;

-Artículo 28. Cuando se afirma que…"todos tienen derecho a sindicarse libremente” y que…."se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses”, si bien estos derechos están reconocidos y garantizados por la ley constitucional, vemos cómo suelen caer en papel mojado en esta época del precariado, donde en determinadas empresas de trabajo precario la sindicación está seriamente limitada o cómo cuando se proclama una huelga general en este país, como las 11 que ha habido desde la recuperación de la democracia, las intimidaciones, chantajes, presiones y amenazas de la patronal que constantemente coartan este derecho fundamental y amenazan con despedidos, descuento de salarios o penalizaciones diversas, hacen que este derecho quede constantemente en papel mojado.

-Artículo 37.Cuando dice que…. “la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores”, si bien este derecho constitucional está garantizado, las diversas ofensivas de los gobiernos hacen que cada vez esté más cuestionado, especialmente en lo relativo a la flexibilización de las relaciones laborales (donde se otorga al empresario capacidad de modificación de la jornada laboral, a pesar de los convenios) y fomento de la negociación individual (en detrimento de los convenios colectivos, que quedan en un segundo lugar frente a la negociación directa empresario-trabajador).

– Artículo 40. Cuando se afirma que….."los poderes públicos realizarán una política orientada al pleno empleo” resulta, cuanto menos evidente su incumplimiento constante en estos últimos 40 años de bipartidismo del 78, especialmente en el incumplimiento constante del compromiso de los diferentes gobiernos de realizar “políticas orientadas al pleno empleo” en los años más duros de la crisis, cuando más de 6 millones de trabajadores perdieron su puesto de trabajo y casi un millón de españoles se fueron al extranjero, al exilio económico, por la falta de trabajo, de la misma manera que en los años 80, cuando cientos de puestos de trabajo fueron destruidos por las políticas de desindustrializaciones.

-Artículo 42. Cuando se afirma que…."el Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno” es otro de esos aspectos que caen constantemente en papel mojado. Ya durante los años de la crisis, organizaciones de emigrantes españoles en el extranjero denunciaban el abandono que muchos de nuestros emigrados económicos de la crisis sufrían a manos de las embajadas españolas en el extranjero, de la misma manera que lo sufren miles de españoles que padecen las consecuencias del voto rogado en el extranjero, o la falta de una política de inserción laboral en el país de destino.

-Artículo 47. Cuando se afirma que…."todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada....regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”…este es probablemente el caso más escandaloso de vulneración de un principio constitucional, constantemente ignorado por los gobiernos españoles, y que se manifiestan en falta de vivienda pública y social, desprotección ante los desahucios y desamparo en general con el problema de la vivienda, especialmente entre los jóvenes españoles, pero extendido a todos los sectores sociales, donde las instituciones y poderes públicos se muestran plegados a fondos buitres y especuladores inmobiliarios en lugar de en garantizar este derecho constitucional, sin duda, el que mejor evidencia hasta qué punto el texto constitucional es, en realidad, papel mojado.

-Artículo 129. Cuando se afirma que…."establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”, indigna especialmente, ya que en un país con el sistema de producción liberal marcado a fuego, y que trata de desposeer, torpedear e impedir que las empresas, la fábrica y la tierra pertenezcan a los trabajadores, resulta cuando menos contradictorio prever una socialización de los medios de producción, y máxime cuando nunca ha habido ni habrá voluntad real de hacerlo, más que para contentar en su momento a los sindicatos y partidos obreros en el tenso periodo de la transición.

Como vemos 40 años después, y a pesar de reconocer el enorme esfuerzo de nuestros padres que lucharon tenazmente por la creación de un marco pacífico de convivencia, entre lo que se cumple demasiado bien para nuestra desgracia y su beneficio, y lo que no se cumple y debería hacerse con celo, encontramos que la Constitución de 1978 no trajo ese marco ideal de protección y garantías constitucionales que los padres de la patria nos prometieron en los duros años de plomo de la transición española y sí un papel mojado que solo beneficia a los ganadores del Régimen del 78; la oligarquía partitocrática, la patronal y los vividores a costa del estado central y autonómico.