Tengo que reconocer que hasta hace unos días no conocía de la existencia de Carles Mulet, senador por designación de las Cortes Valencianas, del grupo parlamentario Podemos-En Comú-Compromís-En Marea, un totum revolutum de progresismo en el que confluyen, que así les gusta a ellos decir, nacionalistas, comunistas, socialistas, feministas y ecologistas, aliados circunstanciales que, de cara a las elecciones, aparentan unión y fraternidad, aunque no dejan de ser matrimonios de conveniencia que, una vez acabado el interés, si te he visto no me acuerdo.

El protagonismo de hoy no es para estos grupos, sino para las palabras del senador Mulet que, ya juzgarán ustedes, son el preámbulo de un totalitarismo que pone en peligro las mismas bases de nuestra democracia, al cuestionar el elemental derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones, recogido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el 20 de nuestra Constitución, “pequeños detalles” que es posible apenas importen al senador, si es de los que piensan que cualquier medio es bueno con tal de conseguir el fin.

Para Mulet, existe algo que denomina “terrorismo machista”, aunque no explica en qué consiste. Puede que crea que basta el mero hecho de enunciarlo para que exista.  Si este miembro del Senado no definió el concepto, no voy a ser yo menos que él, y tampoco lo voy a hacer. Tiempo habrá de que lo explicite y, entonces, ya veremos cómo proceder al respecto de una tontería de tamaño calibre.

Aunque tampoco hoy toca hablar de “terrorismo machista”. Es que Mulet preguntó al gobierno socialista si, como consecuencia de ello, pensaba aplicar el “estado de excepción”. Antes de continuar, tengo que decir que no me extraña que a esas palabras no hayan tenido la repercusión que merecían, porque son muchos los periodistas afines que, cuando algo no interesa, lo tergiversan, disfrazan o directamente lo ocultan. Porque verdaderamente es muy grave para la libertad de todos que alguien solicite la aberración de aplicar el “estado de excepción”. Créanme que no exagero.

El “estado de excepción” se establece en el artículo 116 de la Constitución y desarrolla en la Ley Orgánica 4/1981 y, asómbrese quien no lo sepa, permite, entre otras cosas, proceder a detenciones durante diez días máximo –mucho más de lo permitido por la Constitución en situaciones de normalidad–, llevar a cabo registros domiciliarios y a intervenir las comunicaciones, ¡sin orden judicial! Sólo con el criterio de los partidos políticos que lo hayan decretado.

Pero no sólo eso. También supone la limitación de movimientos y circulación de personas en determinadas horas o lugares. Por ejemplo, se podría decretar que los hombres, sin la compañía de mujeres, salieran a la calle pasada la puesta de sol. O cualquier otra ocurrencia que a los enemigos de la libertad se les pudiera ocurrir, porque no se olviden que, a éstos, la libertad se la suda, y la utilizan para llegar al poder para después acabar con ella. Ejemplos, los que prefieran: la antigua URSS y los países bajo su influjo, como las extintas Alemania Democrática, Rumanía, Bulgaria… Y si los quieren más actuales: Venezuela, Corea del Norte, Cuba…

Por supuesto, la aplicación del “estado de excepción” también puede llevar aparejada la suspensión de publicaciones y medios de comunicación y la disolución de reuniones y manifestaciones, prohibición de huelgas e incluso el establecimiento zonas de seguridad. Da miedo, ¿a que sí?

Por si no saben de qué va esto, el “modus operandi” de estos enemigos de la libertad es siempre el mismo. A la mínima aducen “circunstancias excepcionales” que, sólo a su criterio, hacen “imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios”, para aplicar las medidas correspondientes. Cuando lo hagan, utilizarán el camuflaje del bien de la sociedad para justificarlo, diciendo que su duración, será la “estrictamente indispensable” para restablecer la normalidad y que, por supuesto, se aplicará de forma proporcional, sin que ello interrumpa el “normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado”. Pero será mentira. Lo pondré en mayúsculas: ¡MENTIRA!

En España, el gobierno del Frente Popular (comunistas, socialistas y nacionalistas) surgido tras las elecciones de febrero de 1936, declaró el “estado de alarma” y lo mantuvo prorrogándolo hasta el inicio del levantamiento militar, secuestrando publicaciones y periódicos, y sometiendo a censura las opiniones que estimaban contrarias a los intereses del gobierno, que eran todas las que no gustaban.

Ahora ya lo saben. El título de este artículo no es alarmista. Todos deberíamos sentir inquietud por la deriva totalitaria que se esconde tras las palabras de Mulet. Y recuerden: para que triunfe el mal, basta que los hombres de bien no hagan nada.