Con la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, se despenalizaron las faltas de lesiones por imprudencia, que se producían en muchos casos por accidentes de circulación. Concretamente, el Preámbulo de la Ley Orgánica 1/2015 establece que “En cuando al homicidio y lesiones imprudentes, se estima oportuno reconducir las actuales faltas de homicidio y lesiones por imprudencia leve hacia la vía jurisdiccional civil, de modo que sólo serán constitutivos de delito el homicidio y las lesiones graves por imprudencia grave (apartado 1 del artículo 142 y apartado 1 del artículo 152), así como el delito de homicidio y lesiones graves por imprudencia menos grave, que entrarán a formar parte del catálogo de delitos leves (apartado 2 del artículo 142 y apartado 2 del artículo 152 del Código Penal)” y que “No toda actuación culposa de la que se deriva un resultado dañoso debe dar lugar a responsabilidad penal, sino que el principio de intervención mínima y la consideración del sistema punitivo como última ratio, determinan que en la esfera penal deban incardinarse exclusivamente los supuestos graves de imprudencia, reconduciendo otro tipo de conductas culposas a la vía civil, en su modalidad de responsabilidad extracontractual o aquiliana de los artículos 1902 y siguientes del Código Civil, a la que habrá de acudir quien pretenda exigir responsabilidad por culpa de tal entidad”.

 

Hubo muchas quejas razonables por el cambio de la normativa, que provocó el empeoramiento de las condiciones para las víctimas de accidentes de circulación, que se vieron obligadas, para la mayoría de situaciones, a iniciar procesos civiles ante la aparente imposibilidad de iniciar procesos penales por faltas, que siempre ofrecieron una mayor protección y más garantías. Existiendo dudas sobre la posibilidad de iniciar un proceso penal por sufrir un accidente de circulación, se dictó el Auto de la Audiencia Provincial 165/2017, de 23 de febrero, que señala que hay que precisar que para que en un accidente de tráfico se derive este hecho a la vía penal deben concurrir dos circunstancias acumulativas, que requieren que “el hecho esté incluido en una de las conductas descritas en los arts. 76 y 77 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial” y que “además, según la conducta descrita existan lesiones que consten en los arts. 149 y 150 si la conducta es infracción grave, (art. 76) o lesiones que consten en los arts. 147.1 , 149 o 150 CP si la conducta es infracción muy grave (art. 77) (ya que si fueran lesiones del art. 147.2 CP está despenalizado y habría que acudir a la vía civil, ya que el art. 147.2 solo sanciona actuaciones dolosas”, de modo que, efectivamente, resultaba realmente complicado iniciar un proceso penal por un accidente de circulación.

 

La Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente, implica el retorno al ámbito penal de los accidentes de circulación debido a la nueva redacción del artículo 152.2 del Código Penal, que ahora castiga la comisión con imprudencia menos grave de las lesiones ordinarias que requieren tratamiento médico o quirúrgico, que, hasta ahora, estaban excluidas de ese precepto y reservadas al ámbito civil.

 

Ciertamente, la reforma puede provocar una pequeña avalancha de reclamaciones ante los órganos jurisdiccionales del orden penal, pero ese hecho no constituye un grave problema, esencialmente porque ayudará a las víctimas de accidentes de circulación frente a las compañías aseguradoras.