Rodrigo Lanzas, en 2008, fue juzgado en la Audiencia de Barcelona en 2008 por lanzar una piedra a la cabeza de un guardia urbano durante el desalojo de un inmueble okupa. El agente, Juan José Salas, quedó tetrapéjico, con graves problemas de movilidad y muy afectado en el habla. Por esos hechos fue condenado a cuatro años y medio de prisión, que el Tribunal Supremo elevó posteriormente a cinco. Hace poco, ha vuelto a comparecer ante otro tribunal, esta vez en Zaragoza, acusado de la muerte de Víctor Laínez. Rodrigo Lanzas, tras una discusión, lo atacó por la espalda cuando se dio la vuelta. No se puedo defender. El primer golpe le hizo caer al suelo. A éste siguió una lluvia de puñetazos y patadas. Cuatro testigos hablaron de la brutalidad y del ensañamiento que empleó, hasta el punto de que el dueño del bar llegó a decir: “Para, que lo matas». Muestra de la violencia desatada es que la agresión destrozó el rostro a la víctima. No fue legítima defensa. Víctor Laínez no pudo defenderse porque estaba agonizando. Más tarde falleció. A Rodrigo se le acusó de asesinato.

En aquel momento, la estética de Rodrigo Lanzas era la típica antisistema, a saber: piercing en los labios inferiores, pendientes dilatadores del lóbulo de las orejas, pelo largo con rastas, el pañuelo típico palestino antiisraelí, camiseta y ropa oscura, … Ya se pueden imaginar que al prenda no le faltaba detalle. Sin embargo, durante los días que compareció ante el tribunal y el jurado popular, cambió su apariencia y se presentó aseado, afeitado, con el pelo corto, raya a un lado, flequillo bien peinado, sin pendientes ni piercing y con camisa azul de botones. La estratagema de aparecer vestido así para que el jurado popular no viera en él la bestia que era, no voy a decir que influyera en el veredicto, pero el caso es que el jurado popular no apreció asesinato, sino que declaró a Rodrigo lanzas culpable de un delito de lesiones dolosas en concurso con otro de homicidio imprudente, con las circunstancias agravantes de alevosía y de cometer el delito por odio ideológico, aunque eso sí, muy considerados, apreciaron la atenuante de arrebato. Resultado: una condena de cinco años de prisión y una indemnización de 200.000 euros. Guarden este dato y el anterior, que luego les va a hacer falta.

Si traigo este caso a colación es porque pienso que el derecho a la vida es, de largo, el primero de todos los derechos y el más importante. Cito este asunto porque, puede que peque de ingenuidad, opino que las penas de nuestro ordenamiento jurídico deberían ser, cuando menos, proporcionales a la gravedad del delito. Platón, hace casi 2.500 años, en su tratado “Las Leyes”, ya hablaba de esta exigencia. A mí, como a ustedes, me enseñaron que la herramienta para calcular proporcionalidades es la “regla de tres”. Ya saben cómo es. A partir de tres variables, dos de las cuales están relacionadas, hay que hallar la proporción correspondiente a la tercera. Por ejemplo: si en una calle hay 7 coches, en 3 calles, ¿cuántos coches habrá? También se puede emplear, aunque la incógnita no sea numérica. Por ejemplo: si cajín es a cajón, ¿a qué es igual cojín?

Por eso me llama la atención que, si por la muerte de una persona alguien es condenado a 5 años, por hechos de menor gravedad las condenas sean mucho mayores. A todos nos vienen a la cabeza recientes sentencias en las que, por hechos con un resultado no tan grave como quitar la vida, o dejar a alguien tetrapléjico, la condena ha sido, en años de prisión, 7 veces superior. Supongo que será porque, en la Justicia, la regla de tres, simplemente no funciona.