Ignacio Aguado ha llegado a indicar que la primera medida que va a impulsar Ciudadanos en Madrid va a ser la eliminación de los aforamientos de los parlamentarios madrileños.

El aforamiento es una figura polémica, definida por Rodrigo Tena Arregui en su artículo “El aforamiento en España: una singularidad universal. (¿Y por qué?)” como una institución que “implica alterar las reglas de competencia judicial penal (objetiva, funcional y territorial) en beneficio de determinadas personas, que tiene derecho a ser encausadas y juzgadas por determinados tribunales previamente señalados”. Hay autores que defienden el aforamiento, como Enrique Bacigalupo, que, en un artículo titulado “Aforados” y publicado en El País, señala que “el máximo intérprete de la Constitución ha desmentido reiteradamente que el aforamiento, como modalidad procesal, pueda ser considerado como el privilegio de unos cargos públicos” y que “tampoco se puede sostener que la designación de determinados tribunales para entender de las causas seguidas contra esos cargos afecte a la garantía del juez predeterminado por la ley: son nada menos que la Constitución y una ley orgánica las que predeterminan qué tribunales juzgarán los casos en los que se vean incursos aforados”. El problema es que, como bien afirma Rodrigo Tena Arregui en “¿Aforamientos? No gracias”, la existencia del aforamiento “seguiría produciendo un formidable daño reputacional a la Administración de la Justicia y a la legitimidad de nuestra clase política, que no está precisamente sobrada de ella”.

Actualmente, el artículo 11.6 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, establece que “Durante su mandato los miembros de la Asamblea no podrán ser detenidos ni retenidos por actos delictivos cometidos en el territorio de la Comunidad, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de Madrid”, siendo cierto que, “Fuera de dicho territorio, la responsabilidad penal será exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”. La redacción vigente de ese precepto se produjo por la Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio, de reforma de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, cuya Exposición de Motivos señala que tiene por objetivo “reforzar sus funciones y de modificar algunas de las reglas básicas de su organización y funcionamiento y del estatuto de los Diputados, a fin de permitir a la misma desarrollar adecuadamente las funciones que le corresponden tanto en el ejercicio de la potestad legislativa con en el de las funciones de impulso y control del Gobierno autonómico”.

Suprimir los aforamientos en la Comunidad de Madrid sería un buen modo de avanzar por el camino del acercamiento de los dirigentes políticos a los ciudadanos, pues, como indicó Juan Luis Gómez Colomer hace unos años al ser preguntado por el diario El Mundo, “el aforamiento es un incentivo a la corrupción, porque facilita la impunidad de los políticos que delinquen”. Sin embargo, no sería el único necesario para garantizar el buen gobierno que requiere la sociedad española.