La Sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de febrero de 2019 ha declarado la constitucionalidad de la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación con la ocupación de viviendas ilegales. Concretamente, la resolución indica que “la decisión judicial de proceder al desalojo de los ocupantes que puede adoptarse en el proceso sumario para la recuperación de la posesión de la vivienda instituido por la Ley 5/2018 no constituye una violación del derecho a la inviolabilidad del domicilio garantizado”, pues “para habitar lícitamente en una vivienda es necesario disfrutar de algún derecho que habilite al sujeto para la realización de tal uso del bien en el que pretende establecerse”. Además, es cierto que el artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada, “no garantiza un derecho fundamental sino que enuncia un principio rector de la política social y económica”.

 

El problema principal es que muchos piensan que el derecho a la vivienda es un derecho fundamental. Sin embargo, su regulación se encuentra dentro de los principios rectores de la política social y económica, que se caracterizan esencialmente por informar la legislación positiva, la practica judicial y la actuación de los poderes públicos, siendo cierto que el derecho a la vivienda solo puede ser alegado ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollen, ya que no es un derecho de los ciudadanos de los que se pueden encontrar en el Capítulo II del Título I de la Constitución, cuyas reglas vinculan a todos los poderes públicos y establecen la necesaria protección de su contenido esencial.

 

Hay un voto particular de María Luisa Balaguer, que indica que el derecho a la vivienda debe tener fuerza vinculante basándose en ideas como las recogidas en la Sentencia del Tribunal Constitucional 134/2017, de 16 de noviembre, que establece que “Afirmó el Tribunal en la temprana STC 19/1982, de 5 de mayo, que la Constitución «obliga a dar relevancia a determinados puntos de vista entre los cuales descuella el principio del Estado social y democrático de derecho del art. 1.1, que informa una serie de disposiciones como el mandato del art. 9.2, que prescribe a los poderes públicos “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas” y “remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud”, y el conjunto de los principios rectores de la política social y económica del Capítulo III del Título I, cuyo “reconocimiento, respeto y protección” informarán “la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos”, según dice el art. 53.3 de la Constitución, que impide considerar a tales principios como normas sin contenido y que obliga a tenerlos presentes en la interpretación tanto de las restantes normas constitucionales como de las leyes» (FJ 6)”. Sin embargo, no parece entender esta magistrada que también existe el derecho a la propiedad, que vincula directamente a los poderes públicos y cuyo contenido esencial debe ser respetado, pudiendo destacarse que la ausencia de normas efectivas para la tutela del dominio inmobiliario puede provocar, precisamente, que el derecho a la propiedad no llegue a ser reconocible en el sentido de la Sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981, de 8 de abril.