La Sentencia del Juzgado de lo Penal Nº1 de Granada 257/2018 condenó a Juana Rivas con la penas de prisión de 5 años y de privación del ejercicio de la patria potestad sobre sus dos hijos para un período de 6 años por la sustracción de sus dos hijos menores de edad cuando en mayo de 2016 viajó con ellos a España y, tras no llevarlos de regreso a Italia con su padre como habían acordado, desobedeció numerosas órdenes judiciales para hacerlo, llegando a desaparecer durante un mes con los menores, que ahora tienen 5 y 12 años de edad. Esa resolución fue confirmada por la Audiencia Provincial de Granada, pero Juana Rivas ha decidido presentar un recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por infracción de ley al haberse aplicado indebidamente, según su abogado, los artículos 14.3 y 225 bis del Código Penal.

 

Hay que tener presente que la infracción del artículo 14.3 del Código Penal alegada en el recurso de casación resulta interesante por todo lo que implica el contenido de ese precepto, que indica que el error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal, pero si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en uno o dos grados. Alegando la infracción del artículo 14.3 del Código Penal por concurrir un error de prohibición invencible, Juana Rivas afirma que no conocía la ilicitud de su conducta al incumplir las resoluciones judiciales por las que se le ordenaba enviar a sus hijos con su padre y que no tuvo la posibilidad de tener conciencia de la significación antjurídica de su conducta.

 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 2014 señala que el error de prohibición “se configura, dice la sentencia de 21 de marzo de 2007, como el reverso de la conciencia de antijuridicidad y aparece cuando el autor del delito actúa en la creencia de estar actuando lícitamente”, siendo “vencible o invencible en la medida en la que el autor haya podido evitarlo, en atención a las circunstancias y a las características y complejidad del hecho”, debiendo destacarse que, según la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2012, si falta la“conciencia de antijuricidad, bien directamente por la creencia de que el hecho está legalmente permitido (error directo de prohibición), bien indirectamente por estimarse que concurría una causa de justificación (error indirecto de prohibición), la doctrina penal entiende que no debe ser considerado el sujeto culpable del hecho, si el error es invencible, o que puede ser merecedor de una atenuación de la pena si se considera vencible”. La Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 2014 concreta algunos aspectos de la cuestión al establecer que “no cabe extender el error de prohibición a los supuestos en los que el autor crea que la sanción penal era de menor gravedad y tampoco a los supuestos de desconocimiento de la norma concreta infringida”.

 

Parece complicado creer que Juana Rivas no sabía ni pudo saber que incumplir resoluciones judiciales sobre la custodia de sus hijos constituye un delito. Por ese motivo, lo más probable es que el recurso de casación se desestime, aunque habrá que ver lo que dice el Tribunal Supremo.