Albert Rivera ha propuesto extender los efectos del matrimonio a las parejas de hecho, ya que las últimas no pueden realizar la declaración de renta conjunta ni recibir partes de la herencia o una pensión por fallecimiento en igualdad de condiciones al matrimonio. Además, el líder de Ciudadanos ha propuesto aprobar una ley nacional sobre las parejas de hecho.

 

Hay que tener presente que se necesita una ley estatal sobre el régimen jurídico de las parejas de hecho, que se pueden definir como uniones fácticas de dos personas que deciden mantener una relación análoga a la conyugal sin constituir un vínculo matrimonial. Sin embargo, por buenas razones, no se debe equiparar a todos los efectos la unión de hecho con el matrimonio, que es una unión formal de dos personas que deciden constituir, con los trámites civiles oportunos, una relación conyugal.

 

En muchos aspectos, el matrimonio y la unión de hecho son muy similares, como se deduce de algunas reglas vigentes sobre el régimen de los efectos de ambas instituciones en ciertos ámbitos. Sin embargo, no se puede decir que sean dos figuras completamente análogas por los elementos formales del matrimonio, que lo diferencian claramente de la unión de hecho de una manera que permite justificar una mayor protección para los cónyuges que para los convivientes de hecho. El Auto del Tribunal Constitucional 156/1987, de 11 de febrero, establece que el matrimonio y la convivencia extramatrimonial no son situaciones equivalentes, siendo posible, por ello, que el legislador dentro de su amplísima libertad de decisión, deduzca razonablemente consecuencias de la diferente situación de partida. Es lógico ese razonamiento, pues la Sentencia del Tribunal Constitucional 184/1990, de 15 de noviembre, indica que en la Constitución de 1978 el matrimonio y la convivencia extramatrimonial no son realidades equivalentes, ya que el matrimonio es una institución social garantizada por la Constitución, y el derecho del hombre y de la mujer a contraerlo es un derecho constitucional, cuyo régimen jurídico corresponde a la Ley por mandato constitucional, de modo que no tiene excesivas semejanzas con la unión de hecho more uxorio, pues no es una institución jurídicamente garantizada y tampoco tiene vinculación con un derecho constitucional expreso a su establecimiento, pudiendo destacar que la sentencia termina señalando que, “siendo el derecho a contraer matrimonio un derecho constitucional, cabe concluir que el legislador puede, en principio, establecer diferencias de tratamiento entre la unión matrimonial y la puramente fáctica”, habiendo, además, “razones de certidumbre y seguridad jurídica, y la propia coherencia con la decisión libremente adoptada en la unión de hecho de excluir la relación matrimonial y los deberes y derechos que de la misma dimanan”.

 

Parece razonable que se pueda determinar la posibilidad de tributar conjuntamente, pero no es sencillo concretar hasta que punto se pueden equiparar los derechos hereditarios. Sin embargo, si que se podrían facilitar los trámites procesales para los casos de extinción de la pareja de hecho, de modo que las cuestiones relativas a los aspectos personales, económicos y familiares se pudieran resolver en un solo proceso sin tener que iniciar diferentes procesos por las cuestiones vinculadas con el patrimonio y con los hijos de los convivientes.

 

Si se extendieran los efectos del matrimonio a la unión de hecho, se desvirtuarían ambas figuras. Por ese motivo. la regulación que se pudiera llegar a hacer debe garantizar el equilibrio entre el matrimonio y la unión de hecho de modo que la esencia de ambas instituciones se conserve sin olvidar las formalidades que sostienen la unión matrimonial. Para eso, habrá que establecer derechos y deberes de los miembros del matrimonio y de la pareja de hecho de una manera correlativa las formalidades fijadas por la normativa teniendo presente que las normas relativas al matrimonio solo pueden ser aprobadas por el Estado y que las normas sobre uniones de hecho pueden ser fijadas por las Comunidades Autónomas que tienen competencia para legislar en materia civil.