El Tribunal Constitucional ha dictado la Sentencia de 11 de abril para analizar la Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación, que fue impugnada con un recurso de inconstitucionalidad promovido por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados y que ha sido parcialmente estimado, declarando la constitucionalidad de determinados preceptos por su adecuación interpretativa. La misma resolución, que es técnicamente adecuada en diversos aspectos, declara la inconstitucionalidad y nulidad de varios preceptos de la Ley de Educación de Cataluña que se refieren a cuestiones de organización y planificación que vulneran las competencias del Estado y declara que los artículos 17.1, y 125 no son inconstitucionales en tanto se interpreten en el sentido que se expresa en los fundamentos jurídicos 5.d), 7.f) y 7.g) de esa sentencia, respectivamente, desestimando el recurso en todo lo demás. Sin embargo, la misma resolución, que indica que “corresponde al Estado velar por el respeto de los derechos lingüísticos en el sistema educativo y, en particular, el de recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado”, establece que “el artículo 10.2 LCEd no comporta, como afirman los recurrentes, la exclusión del castellano como lengua de apoyo lingüístico para aquellos alumnos que lo necesiten, ni la imposibilidad de que los alumnos puedan recibir la educación en castellano durante el periodo de adaptación”, teniendo en cuenta “las dos realidades lingüísticas cuando prevé un apoyo lingüístico específico” y que “De la ausencia de mención expresa a la enseñanza de la lengua castellana en el art. 10.4 LCEd no se puede deducir una exclusión del correlativo deber de disponer en Cataluña también de una oferta suficiente de enseñanza de la lengua castellana”.

 

Existe un problema interpretativo con la sentencia indicada, pues el Tribunal Constitucional estudia la normativa del artículo 10 de la Ley de Educación de Cataluña y considera su constitucionalidad en cuanto a su contenido, pero no puede llegar a lograr que se respete la utilización del castellano en las escuelas catalanas, pues la aplicación del precepto destacado no está sujeto al control de constitucionalidad por el recurso de inconstitucionalidad y, además, al haber dictado la resolución de manera tan tardía, el propio Tribunal Constitucional ha permitido que se consoliden prácticas docentes que suponen obstáculos para la educación del castellano en los centros educativos de Cataluña.

 

Ciertamente, al contrario de lo que se ha comentado en algunos artículos de prensa, el Tribunal Constitucional no ha blindado el catalán en la enseñanza de Cataluña, aunque tampoco ha blindado el castellano. La segunda cuestión es la conflictiva, pues el castellano es la lengua oficial del Estado español y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

 

No son pocas las controversias que se están generando en el ámbito educativo catalán por la marginación del castellano y la imposición del catalán, que se está aprovechando como mecanismo de manipulación y adoctrinamiento de jóvenes que, dentro de 10 o 15 años, constituirán una clara mayoría secesionista frente a una minoría de marginados que habrá tenido que elegir entre permanecer en Cataluña y huir a otro territorio autonómico.

 

Se necesitaba establecer mecanismos que sirvieran para fomentar el uso del castellano en las escuelas catalanas. Sin embargo, no se implementaron y ya puede ser muy tarde para evitar el destierro, a efectos prácticos, del castellana en los centros docentes de Cataluña.