Se acerca la fecha de inicio de las sesiones del juicio oral por el proceso penal desarrollado para analizar los hechos vinculados con los actos por los que determinados dirigentes catalanes pretendían lograr la secesión de Cataluña, de modo que dejara de ser una Comunidad Autónoma de España para convertirse en un Estado con plena soberanía. Aunque todavía quedan muchos días para saber como se irá desarrollando la práctica de las pruebas, si que se puede deducir que, cuando se puedan entender acreditados los hechos delictivos, uno de los debates que más relevancia va a cobrar va a ser el relativo a la existencia de la violencia propia del delito de rebelión, que debe concurrir para poder condenar a los acusados por esa infracción penal, siendo cierto que, en el caso en el que no se aprecie esa violencia, procederá el castigo por el delito de sedición.

 

El pasado día 1 de noviembre de 2018 se publicó, en el diario El Mundo, un artículo de Jorge de Esteban en el que el autor sostiene que existe delito de rebelión en el plan secesionista por la violencia institucional ejercida y porque tenía como finalidad vulnerar el orden constitucional, destituir al Rey y romper la unidad territorial de la nación. En ese mismo texto se señala que “el presidente Sánchez resucitó, para coaccionar al Tribunal Supremo, hace unos días, la interpretación que hace muchos años expuso Federico Trillo sosteniendo que no puede haber rebelión sin armas, es decir, sólo los militares como el general Sanjurjo pueden organizar una rebelión”.

 

Ciertamente no hay claridad sobre la cuestión de la violencia propia de la rebelión en el caso de los dirigentes catalanes secesionistas. Sin embargo, hay un precepto del Código Penal que puede ayudar a interpretar los hechos en el sentido de considerar como violencia el acometimiento realizado en actos que, aunque se desarrollaron separadamente, formaban parte de un gran plan para lograr la independencia de Cataluña.

 

El artículo 473.2 del Código Penal establece que las penas se incrementarán “Si se han esgrimido armas, o si ha habido combate entre la fuerza de su mando y los sectores leales a la autoridad legítima, o la rebelión hubiese causado estragos en propiedades de titularidad pública o privada, cortado las comunicaciones telegráficas, telefónicas, por ondas, ferroviarias o de otra clase, ejercido violencias graves contra las personas, exigido contribuciones o distraído los caudales públicos de su legítima inversión”. De ese precepto se deduce que no hace falta el empleo de armas para cometer el delito de rebelión, aunque el uso de las mismas agravará las penas de los correspondientes responsables criminalmente.

 

Los hechos y los preceptos deben observarse e interpretarse. En lo que respecta a la rebelión, ocurre lo mismo, aunque con mayor presión para los magistrados encargados de dictar la sentencia por la secesión de Cataluña, ya que su fallo afectará al modo de entender el pasado y de enfocar el futuro de España.